Vox, Más País, PDeCat y Més incumplieron la ley de financiación por donaciones recibidas en 2018 y 2019

En concreto, el informe -del que se ha ofrecido un adelanto y se publicará en los próximos días- recoge determinados incumplimientos susceptibles de sanción previstos en el artículo 17 de la Ley Orgánica sobre Financiación de Partidos Políticos, infracciones que podrían ser sancionables en vía administrativa por el Tribunal de Cuentas tras los procedimientos correspondientes. Según trasladan fuentes del órgano fiscalizador a este diario, las faltas contempladas serían leves, castigadas con entre 5.000 y 10.000 euros y sólo en algunos casos las multas podrían superar esa cifra por ser comportamientos reiterados.

Según la comunicación del tribunal, recogida por Europa Press, la formación que lidera Íñigo Errejón incumplió la ley al aceptar donaciones de personas jurídicas; Més per Mallorca, PDeCAT y Vox, por recibir donaciones finalistas y los de Santiago Abascal también por aceptar donaciones no identificadas.

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El fiscalizador ha escudriñado la contabilidad de 29 formaciones en 2018 y 32 en 2019. En total, la financiación pública percibida por todos ellos ascendió a casi 555 millones, 183 millones en 2018 y 372 millones de euros en 2019. En concreto, los partidos y sus grupos institucionales recibieron 171 y 178 millones en 2018 y 2019, respectivamente, para su funcionamiento ordinario y sus gastos de seguridad, mientras que las subvenciones electorales ascendieron a 12 millones en 2018 y de 194 millones en 2019. Aquel año hubo elecciones generales, autonómicas, locales y al Parlamento Europeo.

Estas cantidades representaron el 71% y el 83% del total de los recursos obtenidos por los partidos. El tribunal ha vuelto a recomendarless que equilibren la balanza entre la financiación pública y privada para evitar una excesiva dependencia de la primera y posibles situaciones de insolvencia.

Una parte muy significativa de la financiación pública procede de las aportaciones que realizan los grupos institucionales, ya sean del Congreso, el Senado, las asambleas autonómicas, la juntas generales o los ayuntamientos.

El informe apunta que las aportaciones parlamentarias constituyen un promedio del 58% respecto de las subvenciones totales concedidas por las instituciones a dichos grupos. Así, los grupos parlamentarios transfirieron 71 y 69 millones de euros a las formaciones políticas en 2018 y 2019 y los grupos locales, 34 y 42 millones.

Los recursos privados recibidos ascendieron a 75 y 74 millones en cada ejercicio, en su mayoría de cuotas y aportaciones de afiliados y cargos públicos (29 y 25 millones en 2018 y de 27 y 26 millones en 2019). Los ingresos por operaciones de gestión patrimonial y actividades promocionales han representado en 2018 y 2019 un total de 18 y 12 millones y las donaciones privadas 3 y 8 millones, respectivamente.

Todas las formaciones políticas fiscalizadas presentaron las cuentas anuales ante el tribunal pero un 24% por lo hizo fuera de plazo en 2018, porcentaje que aumentó hasta el 44% al año siguiente. Destaca el caso de Nueva Canarias -que lo hizo con más de tres y dos años de retraso, respectivamente-, mientras que EH Bildu presentó las cuentas anuales consolidadas (no las individuales de cada partido federado) con más de tres meses de retraso y e Izquierda Unida acumuló retrasos de entre 45 y 15 días.

Además, EH Bildu e IU están entre los seis partidos que no incluyeron en sus cuentas la actividad de todas sus organizaciones locales. Tampoco lo hicieron el PSOE, el PNV, el Bloque Nacionalista Galego ni el Partido Aragonés.

Las formaciones políticas no están sujetas a la obligación de incluir en sus cuentas la actividad económica de los grupos parlamentarios y de los grupos municipales, por lo que se aprecia «gran heterogeneidad en la calidad de la información, en especial en lo atinente a los grupos políticos de ámbito local». El informe señala que 14 de los 32 partidos fiscalizados en 2019 incluyeron las contabilidades de algunos o todos sus grupos.

El tribunal concluye que únicamente las cuentas anuales de ocho de las 29 formaciones políticas analizadas en 2018 y siete de las fiscalizadas en el ejercicio siguiente representan la imagen fiel del patrimonio y de los resultados obtenidos en el cada ejercicio.

Eso sí, el fiscalizador no ha podido emitir una opinión sobre la representatividad de las cuentas anuales en dos casos: Nueva Canarias, porque presentó su contabilidad con mucho retraso y sin la correspondiente documentación justificativa-, y la Convergencia Democrática de Catalunya (CDC) que en su día lideró Jordi Pujol, que en 2019 tampoco facilitó la documentación justificativa requerida porque no contaba con personal tras haber declarado concurso de acreedores.

Los partidos están obligados a publicar en sus webs sus cuentas anuales y todos los hicieron con excepción de Anova en el ejercicio 2019. Sin embargo, 16 formaciones no habían publicado la información sobre créditos, donaciones superiores a 25.000 euros y/o subvenciones públicas, tres no habían publicado el Informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas correspondiente al ejercicio 2017 y diez no habían aprobado y publicado sus instrucciones internas en materia de contratación.

Las deudas de los partidos con entidades de crédito al cierre de 2019 alcanzaba los 145,72 millones, de los que 76,44 corresponden a deudas con garantía hipotecaria, 27,25 a deudas con garantía no hipotecaria y 42,03 millones a deudas de naturaleza electoral. Las deudas con prestamistas particulares, incluidos los microcréditos, ascendían a 14,37 millones de euros.

Además, seis presentaban un patrimonio neto negativo: Teruel Existe, Foro de Ciudadanos (Foro Asturias), Más País, Convergencia Democrática de Catalunya, En Marea e Iniciativa per Catalunya-Verds. En el caso de las tres últimas, el desequilibrio patrimonial ha producido que se hallen inmersas en situaciones concursales, previas a su disolución.

El tribunal señala directamente a Nueva Canarias, el PNV y Unión del Pueblo Navarro por incumplir el deber de colaboración con el fiscalizador. La formación canaria es reprendida por no atender los requerimientos de información y documentación justificativa relativos a las cuentas anuales, la vasca por hacer lo propio pero con lo relativo a sus contrataciones en ambos ejercicios y la navarra por desoír los requerimientos relativos a la fiscalización del sistema de prevención de riesgos penales. Todas ellos son incumplimientos de la ley y constituir infracciones leves.

Los partidos políticos estaban obligados a acompañar a la documentación a presentar al Tribunal de Cuentas un informe relativo a los resultados de la revisión del sistema de control interno, algo que no hicieron Equo, Izquierda Unida. De su lado Teruel Existe, En Marea, Esquerra Unida i Alternativa, Más País, Més per Mallorca, Nueva Canarias, PNV, PDeCAT ni Sobiranistes (aliados de ERC) no recogieron los resultados de dicha revisión.

Por otra parte, una veintena de formaciones no contaba en 2019 con un Sistema de Prevención de Riesgos Penales, pese a que es obligatorio desde 2015, y sólo un 24% de ellos estaba empezando a implantarlo.

Por último, el Tribunal de Cuentas informará a Ministerio del Interior de que los partidos deberán reintegrar un total de 120.026,61 y 182.901,85 euros en 2018 y 2019, respectivamente, por subvenciones recibidas para sufragar gastos de seguridad, bien por no haber realizado esos gastos o porque los gastos justificados no cumplían las condiciones establecidas.