Violencia en la cárcel: menos presos, pero más ataques a funcionarios
Cada día hay, al menos, una agresión a un funcionario de prisiones. En 2023 fueron 508, un 12% más que el año anterior. Todo, cuando ni siquiera tienen aún la condición de agente de autoridad
Un funcionario localizó los cadáveres de la cocinera y el preso en la cámara frigorífica
El asesinato de una cocinera la semana pasada en la cárcel de Tarragona es un caso excepcional; tanto, que es el primero de un trabajador de prisiones en toda la democracia. Pero esa excepcionalidad no empaña una realidad preocupante: la violencia contra los funcionarios aumenta; de hecho, el número de agresiones de 2023 en las prisiones dependientes de la Administración central es el mayor desde 2016, si bien sólo en un 1,9 por ciento, diez en total, las víctimas sufrieron heridas graves. Hay otro dato relevante: en 2021 hubo 160 ataques (en la baja cifra influyó la pandemia), que aumentaron a 453 el año siguiente y a 508 en 2023; por tanto, un aumento notable que se produce, además, cuando el número de internos es el más bajo desde hace tiempo.
El día a día del funcionario de prisiones implica convivir con todo tipo de internos, en un medio hostil para éstos como es una cárcel –nadie está allí por gusto–, con una parte de la 'clientela' peligrosa y en ocasiones en módulos masificados que son abono para que se produzcan situaciones de tensión. Para 'gobernar' esta realidad el trabajador solo cuenta con su experiencia y como único elemento coercitivo la posibilidad de proponer sanciones.
La desproporción del número y fuerza entre los unos (trabajadores) y los otros (reclusos), y la escasa capacidad de reacción de los funcionarios ante un hecho violento –no están preparados para ello– son incuestionables. Como también lo es que cada vez más el recluso pierde el respeto hacia estos profesionales al ver que sus actos no tienen consecuencias, según denuncian sus representantes sindicales.
De hecho, según los sindicatos, en las cifras oficiales no se recogen la mayoría de los casos de violencia verbal contra los funcionarios (insultos), ni tampoco las agresiones más leves que no necesitan atención médica, ni desconsideraciones graves como puede ser un salivazo o arrojar líquido. «Si se tuvieran en cuenta de verdad todas esas cosas, que también son agresiones al fin y al cabo, la estadística se dispararía», asegura a ABC Joaquín Leyva, portavoz del sindicato Acaip-UGT.
No obstante, salvo los insultos el resto de supuestos sí entran en las estadísticas dentro de los incidentes sin lesiones y suponen en torno a la mitad del total. Pero también es cierto que muchas veces es el propio funcionario quien desiste de comunicar el hecho, bien porque no le da importancia o porque sabe que no habrá consecuencias para el interno.
¿Son las cárceles, por tanto, lugares peligrosos para los funcionarios? A pesar de las cifras –no es alentador que de media haya una agresión cada 17 horas–, no se puede sostener una afirmación como esa. En la mayoría de los incidentes las lesiones que sufren los trabajadores son leves, o no hay. Sin embargo, la tendencia al alza de las agresiones es incuestionable: antes de la pandemia los ataques, en números redondos, superaban los 200; ahora esa cifra excede de los 500. Hay un dato interesante: según los sindicatos –Instituciones Penitenciarias no tiene un estudio sobre este asunto concreto–, en torno a un 15 por ciento de los reclusos protagonizan el 90 por ciento de los incidentes.
Análisis caso por caso
Fuentes penitenciarias consultadas por ABC explican por su parte que desde 2022 Prisiones hace un análisis minucioso de las circunstancias de cada caso. El objetivo es conocer la fotografía exacta de qué sucede en los centros para poner en marcha protocolos y actualizar o implementar nuevos procedimientos. Todo ello sin perder de vista que la realidad de cada prisión es muy distinta, pues tienen una población reclusa de características diferentes.
Desde Acaip y Csif se aportan algunas claves del aumento de la violencia en las prisiones. La primera es el deterioro imparable de la sanidad penitenciaria, que tiene un déficit de personal superior a un 60 por ciento. Este asunto es muy significativo, porque las prisiones se han convertido en el gran psiquiátrico de España, de tal modo que el 30 por ciento de los internos necesita atención psiquiátrica y un 20 por ciento sufre alguna patología mental.
«Con esa carencia de personal sanitario es muy complicado hacer el seguimiento individualizado que necesitan estos tratamientos y la posibilidad de que sufran brotes violentos aumenta», afirma Joaquín Leyva, portavoz de Acaip.
A juicio de Jorge Vilas, presidente de Cesif, el segundo elemento a tener en cuenta es un cierto 'buenismo' en el tratamiento penitenciario, de modo que muchos individuos que por su peligrosidad debían estar en primer grado, el más estricto, sin embargo hacen su vida en módulos ordinarios. «En ocasiones, además, la masificación obliga a mezclar perfiles de presos de convivencia muy complicada en un mismo módulo, y si a eso se une la falta de funcionarios el problema se agrava».
También influye, por supuesto, la transformación de la población penitenciaria, lo que debería llevar a una actualización de protocolos. La multiculturalidad, diversidad sexual, cantidad de idiomas distintos que se hablan y costumbres pueden ser en ocasiones fuente de conflictos. Actuar teniendo muy presente esta realidad es imprescindible para anticipar posibles problemas y así evitar situaciones de violencia. «En todo caso –sostienen fuentes penitenciarias–, la clave está en el tratamiento individualizado de cada interno desde el momento en que ingresan en una prisión.
«La mayoría de los internos –insisten los sindicatos– tiene un buen comportamiento. Cumplen su condena y no dan más problemas que los derivados de algunas reivindicaciones habituales en el ámbito penitenciario. Pero lo que vemos es que sobre el resto no se aplica sin complejos una normativa que ya existe y que prevé el endurecimiento de sus condiciones de vida», reprochan.
Falta de funcionarios y masificación
Los sindicatos llaman la atención también sobre un factor que, consideran, influye mucho en la violencia dentro de prisión: el que haya dos presos por celda, afirman, se ha convertido en regla general, cuando debería ser una excepción. Eso supone que los funcionarios que trabajan en los módulos, en ocasiones uno solo, tengan que ocuparse de hasta 130 presos, lo que hace imposible hacerles un seguimiento. Muy significativa es la ratio educador/preso, de uno a cien, que limita mucho su capacidad de actuar sobre los reclusos.
Hay otro tema que duele a los funcionarios de prisiones: que aún no hayan sido reconocidos como agentes de la autoridad cuando ejercen sus funciones, lo que les daría presunción de veracidad y que sus agresores sean condenados por atentado. «Los dos principales partidos los han llevado en sus programas cuando estaban en la oposición, pero luego llegan al Gobierno y todo sigue igual», reprochan desde Acaip y Cesif. Es verdad que en el último tramo de la legislatura pasada había comenzado a tramitarse este cambio legislativo, pero al retrasarse su aprobación por demoras en el trámite de enmiendas acabó por decaer con la convocatoria de las elecciones. Marlaska se ha comprometido esta semana a retomar el asunto.
«Es obvio que el que seamos agentes de la autoridad no va acabar con las agresiones –reflexionan los sindicatos–, pero al menos puede ser un elemento coercitivo a la hora de que un preso se plantee agredir a un funcionario, ya que habría consecuencias penales para él». Porque lo que sucede ahora, explican, es que muchas agresiones quedan impunes, y eso los envalentona.
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