«Antes eran agresiones, ahora pedimos volver vivos a casa»

Para defenderse de un eventual ataque cuenta únicamente con un 'walkie', a través del que pedir ayuda a algún compañero que se encuentre en otra planta, mientras ella está sola, con 50 o 60 internos, en un módulo. Explica que los insultos o agresiones de reclusos a funcionarios «salen gratis. No hay consecuencias». Los reos lo saben. «A veces te dicen: 'Póngame el parte'».

No siempre fue así. Francina, que ejerce como funcionaria en el penal de Mas d'Enric (Tarragona) desde hace dos décadas, apunta: «Hace 10 años, ningún interno osaba insultarte a la cara; ahora, te agreden. Primero te llaman 'perra' y no hay consecuencias. Luego es un empujón, un puñetazo, romper pómulos, dedos, hasta que hemos llegado a perder una vida», dice en referencia a Nuria, cocinera del mismo penal donde ella ejerce, y que un preso mató a cuchilladas la semana pasada. Asesinato que ha suscitado la movilización generalizada de los funcionarios de prisiones en Cataluña, que exigen la dimisión de la titular de Justicia, Gemma Ubasart, y del secretario de Medidas Penales, Amand Calderó. Ambos rechazan abandonar sus cargos y por eso los profesionales penitenciarios reclaman su cese al presidente de la Generalitat. Se niegan a negociar con quien tiende «una mano machada de sangre».

«Antes pedíamos que se nos dotase de medios contra las agresiones, ahora volver vivos a casa. Estamos hablando de un asesinato», secundaba ayer Sandra, criminóloga en otro penal, el de Lledoners (Barcelona), que subraya que «sin seguridad y disciplina no puede haber tratamiento» en las prisiones. Y, «sin tratamiento, no hay rehabilitación», que es el principal objetivo. «Falta personal y material. En nuestro centro, Ponent (Lérida), ni siquiera hay unidad psiquiátrica y la población reclusa, con diferentes patologías, se mezcla en el patio. Es una bomba de relojería que en cualquier momento puede estallar», apuntaba Gabriel, también funcionario.

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Elena Burés

Los cuatro, que no pertenecen a ningún sindicato, explicaron este martes, desde el Colegio de Periodistas, lo que supone el día a día de quienes trabajan en el ámbito penitenciario. «Ejercemos como psicólogos, bomberos, sanitarios y no tenemos la formación adecuada para hacer nada de eso», reprochaba Raquel. Gabriel apostilla: «Incluso de confesores espirituales». Garantizar la seguridad en los penales no es un reclamo nuevo. Desde hace años alertan del incremento de agresiones y de la inacción de Justicia, que las propicia, consideran, con sus «políticas buenistas».

«El sistema penitenciario catalán ha dejado de lado la ley y el reglamento, y se ha sacado de la manga una serie de protocolos, instrucciones y circulares que no nos dejan trabajar», clama Francina. Un buenismo que se traduce en funcionarios «atados de pies y manos» ante reiteradas faltas de respeto que, en ocasiones, derivan en altercados. «Si no se corrigen, las agresiones son más fuertes, hasta que se ha traspasado una línea roja que se ha llevado la vida de Nuria por delante».

Y es que, cuentan los trabajadores de las cárceles catalanas, la única herramienta de reacción ante una agresión es «un parte». «Los internos con condenas largas nos dicen: 'Póngame cinco'», ilustraba Gabriel. Todos ellos consideran que las «políticas erráticas» de la Administración catalana, «políticas nefastas», han propiciado el asesinato de su compañera, a manos de un recluso condenado por matar a otra mujer, en 2016, también con un arma blanca. La Generalitat, bajo el pretexto de la investigación en curso, aún no ha explicado por qué el reo, que luego se suicidó, estaba destinado en cocinas, con el consiguiente acceso a utensilios peligrosos.

«Los políticas de esta Administración nos han llevado a un asesinato. No es ninguna broma», sostenía Sandra. «Llevan días sacando pecho de un sistema que ha acabado con la vida de una compañera. ¿Es para sacar pecho?», cuestionó Gabriel.

Uno de los reclamos de los profesiones penitenciaros pasa por ser reconocidos como agentes de la autoridad, para que las agresiones que sufren puedan tener consecuencias –al no ser así, en la mayoría de ocasiones, las causas ni siquiera llegan al juzgado–. «¿Por qué no vamos a serlo, si velamos por la seguridad? Es una incongruencia», sostenía Francina, tras recordar a otro compañero, Julián que, en diciembre de 2021, tuvo que ser trasladado en helicóptero al hospital tras ser atacado por un interno en Brians 2 (Barcelona), y golpearse la cabeza al caer al suelo, tras lo que quedó inconsciente. «Está vivo, pero con secuelas terribles».

Los funcionarios no sólo se preocupan por su integridad, sino por la del conjunto de reclusos, «para que puedan pasar sus condenas lo mejor posible», apuntaba Sandra. Y es que algunos también temen salir al patio, para evitar topar con reos conflictivos. «No somos torturadores. Cuando usamos la fuerza física, que es un medio coercitivo, que regula la ley penitenciaria, es para preservar su vida o la nuestra. Nunca de forma gratuita», subrayó Francina.

La «gravedad» de la situación que afrontan se debe, sobre todo, a la falta de personal. Esa escasez de profesionales dificulta garantizar la seguridad en los centros. Motivo por el que hoy extenderán su protesta a plaza Sant Jaume, donde se encuentra la sede de la Generalitat. Sus compañeros del resto de España, los apoyan.