El Defensor del Pueblo advierte de que se agrava la violencia escolar, con agresores más jóvenes, y critica la «inactividad» de los colegios

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Érika Montañés

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«Los ciudadanos han señalado con sus quejas que las administraciones no deben descuidar los servicios públicos esenciales, ni la sanidad, ni desatender las necesidades de los más vulnerables, ni la educación por ser estos fundamentales en un Estado de derecho moderno y solidario. Ellos nos indican también que los procesos de digitalización en las administraciones han de ser compatibles con la asistencia presencial, sobre todo para quienes no son nativos digitales o que, sencillamente, tienen dificultades para interlocutar a través de las nuevas tecnologías«, ha asegurado.

En este sentido, el organismo también destaca en su memoria las numerosas quejas sobre la calidad de conexión de internet que tienen los ciudadanos. El Defensor del Pueblo recibió en 2023 “muchos escritos” de aquellos que consideran "deficiente" el servicio de internet prestado por los operadores, así como de interrupción del servicio telefónico en domicilios que urgían su restitución con celeridad.

“En estas quejas se dio una especial prioridad a la tramitación cuando la interrupción afectaba a personas que reciben el servicio de teleasistencia domiciliaria”, señala el Defensor.

En telefonía móvil, los ciudadanos discrepan sobre todo por la facturación efectuada por los operadora. A este respecto, "los consumidores tienen derecho a la facturación detallada, clara y sin errores”, indica la institución. También recuerda que para presuntas estafas telefónicas hay un número telefónico, el 017, puesto en marcha por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), confidencial y gratuito dirigido a ciudadanos usuarios de internet, empresas y profesionales, así como a menores y su entorno (padres, educadores y profesionales que trabajen en el ámbito del menor o la protección en línea ligada a los menores).

En cuanto a la violencia de género ha expuesto que sigue siendo una «importante preocupación ciudadana» y que también lo es para el Defensor. «Continuamos trabajando para que se amplíe el ámbito de protección que ofrece la ley a todos los tipos de violencia de género», ha afirmado. Así, ha destacado que han realizado una serie de recomendaciones para mejorar la gestión y la atención de las mujeres en los servicios públicos que se encargan de atender a estas víctimas, como la necesidad de homogeneizar la acreditación de la condición de víctima de violencia de género.

El Defensor del Pueblo recomienda a Igualdad que "se homogenicen los sistemas de acreditación para los servicios municipales; que se permitan los informes de acreditación de víctimas cuando son asistidas por entidades privadas para aliviar la presión sobre los servicios públicos cuando la víctima está siendo tratada por un servicio privado (servicio médico y/o psicológico) acreditado. Y reconocer la validez de cualquier documento oficial de acreditación de la condición de víctima de violencia de género para proceder al cambio de apellidos en el Registro Civil".

En este sentido, se ha referido a la violencia vicaria, de la que ha señalado que se sigue denunciando «un uso indebido del síndrome de alienación parental (SAP)» por parte de algunos jueces, fiscales y profesionales de los equipos psicosociales. En todo caso, ha añadido que el Ministerio de Justicia ha trasladado al Defensor que las decisiones judiciales de suspensión del régimen de visitas para padres acusados o condenados por violencia de género han aumentado «muy notablemente» en el año 2023. «Se requiere un mayor compromiso con la protección de menores expuestos a ese tipo de violencia«, ha subrayado.

En el Informe, el Defensor del Pueblo también considera que los casos de abuso en menores tutelados no han recibido un tratamiento «transparente, ordenado y sistemático«.

El Defensor del Pueblo ha detectado un aumento en la gravedad de los conflictos escolares y advierte de que estos casos de "extrema gravedad", tanto por la conducta como por la corta edad de las víctimas y los presuntos agresores, han motivado la tramitación de oficio de diversas actuaciones en el último año.

Según la Memoria de la Fiscalía General del Estado, las agresiones sexuales con autores menores incoadas aquel año ascendieron a 974, lo que supone un ascenso del 45,8% respecto del ejercicio anterior, y un incremento del 116% en los últimos cinco años, siendo el porcentaje más alto el de las agresiones sexuales a niñas con menos de 16 años.

A ello se suma una nueva forma de violencia de género, la vinculada a las nuevas tecnologías (violencia de género digital o ciberviolencia de género). En relación con esta tipología penal, la Fiscalía señala que, aún teniendo menos incidencia entre los menores de edad, "resulta preocupante que a tempranas edades ya se exterioricen ciertos comportamientos despreciativos hacia la mujer, lo que vuelve a evidenciar déficits educacionales".

No obstante, el informe recoge que hay una "importante limitación educativa" para detener el acoso escolar desde sus inicios, "probablemente relacionada con la dificultad para detectarlo o con la insuficiencia de recursos y habilidades para intervenir con quienes lo llevan a cabo tanto para el profesorado como para las familias".

La "inactividad" de los centros educativos frente a las demandas y solicitudes de protección de los menores ha sido objeto de algunas de las intervenciones realizadas por el Defensor del Pueblo en 2023. "En muchos de estos supuestos resulta reprochable que no se haya detectado de forma temprana, al confundir un episodio de acoso con un hecho aislado", critica. Indica que muchos docentes consideran que no tienen formación suficiente y exige revisar los protocolos 'antibullying'.

Ante la "falta de implementación real" de la Figura del Coordinador de Bienestar y Protección en la mayoría de los centros, Gabilondo demanda de las administraciones educativas "la puesta en marcha efectiva" de esta figura, con la que se pretende reforzar la protección que deben ejercer los docentes en todos los centros educativos, con independencia de su titularidad.

Por otra parte, el Informe del Defensor del Pueblo también recuerda que fue en 2023 cuando finalizaron los trabajos de la Comisión Asesora sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos. Los trabajos se habían iniciado un año antes, por encargo del Congreso de los Diputados y Ángel Gabilondo presentó el informe a la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, el pasado 27 de octubre.

Sin embargo, la encomienda que le hizo el Congreso al Defensor todavía no está concluida, pues queda pendiente -como ha recordado Ángel Gabilondo en su comparecencia de este viernes- que el documento se presente ante la Cámara para ser debatido, una convocatoria para la que no hay fecha. De acuerdo a la encomienda, tras este debate “Los grupos [parlamentarios] adoptarán las iniciativas que consideren convenientes a la luz de las conclusiones y recomendaciones expuestas”.

En ese sentido, e informe recoge veinticuatro recomendaciones, estructuradas en torno a unos grandes bloques: el reconocimiento, el apoyo y la reparación a las víctimas; la asunción de la responsabilidad por parte de los poderes públicos; la mejora de la prevención y de la atención en el sistema judicial, así como medidas relativas a la formación y a la sensibilización, a la información y a la investigación.

Desde el pasado octubre, lo que ha sí ha seguido funcionando, pese a que el informe ya se da por concluido, es la Unidad de Atención a las Víctimas (UAV) que se puso en marcha el pasado 6 de julio. El Defensor del Pueblo ha recordado este viernes que “el núcleo del trabajo presentado está enfocado en la atención que se ha dado a las víctimas, recogiendo sus testimonios personales”. Así, Gabilondo ha explicado que “tras la presentación del informe se registraron 180 nuevas solicitudes de testimonios que acudieron al Defensor del Pueblo como víctimas de abusos sexuales en el entorno de la Iglesia”. “Se tomaron como válidas, de todas ellas, 95”, ha añadido.

Sobre un conflicto que está de plena actualidad, por la muerte de una cocinera en una cárcel tarraconense, el Defensor también ha evidenciado que faltan sanitarios en prisiones y recuerda que su contratación corresponde a las comunidades autónomas. Alerta de este problema.

Asimismo, pide agilizar las tramitaciones de las incapacidades permanentes en Juzgados de lo Social, y advierte de que las administraciones "no deben descuidar la sanidad". Las quejas recibidas en materia sanitaria fueron por el aumento de los tiempos y las listas de espera para atención especializada, la insuficiencia de recursos en salud mental y la saturación de los servicios. Entre 2021 y 2023, el número de quejas recibidas por el Defensor del Pueblo por las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud “se ha más que duplicado”.

Se detiene en un asunto concreto. Solicita a la Secretaría de Estado de Energía que los tres millones de personas electrodependientes "sean bonificadas" y tengan acceso a un "servicio eléctrico de calidad", porque de ello depende su supervivencia.

Además, Gabilondo carga contra Interior por la falta de estadísticas reales sobre las personas "transexuales detenidas" anualmente. La Secretaría de Estado de Seguridad "carece por completo de información estadística sobre personas transexuales detenidas". En su informe de 2023, contrapone que Instituciones Penitenciarias sí "asumió los criterios de recogida de datos y reconocimiento de identidad de sexo" tras entrar en vigor la Ley trans 4/2023.

En el informe del Defensor del Pueblo de 2023, la oficina se refiere a los cacheos para recordar que en 2022 el Mecanismo Nacional de Prevención (MNP) recomendó a la Secretaría de Estado de Seguridad que "se consigne en la cadena de custodia el sexo de la persona que cachea en todos los casos, junto a su número de identificación profesional". El MNP también aconsejaba que se recoja en la cadena de custodia y atestado el "ofrecimiento" a las personas transexuales de la posibilidad de escoger ser cacheados por agente varón o mujer.

Cabe recordar que el pasado 18 de enero el Ministerio del Interior actualizó su protocolo de detención policial mediante la Instrucción 1/2024, haciendo una serie de modificaciones con especial atención a "colectivos vulnerables", entre los que se refería a personas LGTBI, transexuales y menores, para los que exige "máximo respeto y erradicación de cualquier situación que pueda suponer discriminación".

Asimismo, sobre el Ingreso Mínimo Vital, Gabilondo ha indicado que «es necesario introducir cambios legislativos y orgánicos para que llegue a todos los que la necesitan en términos de justicia social», cosa que no está ocurriendo en estos momentos. También se ha referido a los menores inmigrantes no acompañados y ha recalcado que se precisa adoptar medidas legislativas. «Este asunto no puede depender sólo de la buena voluntad de las comunidades autónomas, sino del compromiso de España con la Convención de los Derechos del Niño», ha destacado. Precisa que es necesario dotar a las islas Canarias de «infraestructuras adecuadas» y de «personal especializado» en las llegadas para la identificación, acogida e integración de estos niños. "Resulta preciso urgir la adopción de medidas complementarias urgentes que se centren en paliar la situación de emergencia en la que se encuentra el sistema de protección de menores canario", subraya el Defensor, que ha anunciado un informe monográfico sobre esta cuestión para este mismo año.

El Defensor del Pueblo reclama que todos los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) cuenten con la creación de un servicio de asistencia sanitaria bajo la responsabilidad de un médico perteneciente a la Administración General del Estado, reto que lleva pendiente desde 2014, cuando se aprobó su reglamento de funcionamiento.

En su memoria expone que diez años después, de los seis centros de este tipo que permanecen abiertos, dicha figura sanitaria solo existe en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid.

Además, el Defensor del Pueblo avisa de que el sistema de pensiones “se enfrenta a importantes retos en los próximos años” y alerta del “retraso” en la tramitación de prestaciones como las pensiones no contributivas.

El Defensor del Pueblo investiga el retraso en la implantación de Zonas de Bajas Emisiones en 33 ciudades españolas, según se desprende del informe anual de la actividad de la institución en 2023, que se presentó este viernes.

La protección de la atmósfera y las medidas contra el cambio climático protagonizaron parte del trabajo del Defensor del Pueblo en materia medioambiental. Por ello, la institución comenzó actuaciones de oficio en 33 ciudades para investigar el retraso advertido en la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBE).

También se analizaron casos de emisiones atmosféricas de centrales térmicas como la Central Diésel de Melilla, o la contaminación atmosférica generada por la manipulación de graneles sólidos en los puertos de Almería, Alicante y Bahía de Cádiz.

Gabilondo también ha precisado que han detectado casos de discriminación por origen racial o étnico en algunos ámbitos, como en el educativo, en población gitana, y «barreras que aún persisten con las personas con discapacidad».

Al Ayuntamiento de Madrid y otros consistorios les pide que reduzcan la demora para obtener una cita previa por los cauces habilitados para ello a los ciudadanos. El acceso al servicio de padrón de habitantes y a las oficinas de asistencia en materia de registro son los trámites que acumulan mayor número de quejas.

Preguntado sobre la ley de amnistía, Gabilondo ha admitido que la institución ya ha recibido algunas quejas relativas a la Ley de Amnistía, pero ha dejado claro que no se pronunciará sobre la misma mientras no esté definitivamente aprobada, pues subraya que no puede ni debe "hacer incidencia política" durante la tramitación de una norma.

En concreto, ha explicado que la institución tramitó un total de 35.603 expedientes, 4.151 más que en 2022, que dieron lugar a 2.366 resoluciones a las diferentes administraciones, de las que 668 fueron recomendaciones, 987 sugerencias, 708 recordatorios de deberes legales y tres advertencias.

Además, inició 288 actuaciones de oficio ante distintas administraciones, 38 más que en 2022, y atendió personalmente a 37.752 ciudadanos, 36.572 de ellos a través de llamadas telefónicas y 1.180 de una forma presencial.

Por procedencia geográfica, el mayor número de quejas llegaron de la Comunidad de Madrid (8.470), Andalucía (4.186), Valencia (3.973) y Cataluña (3.208). Se repite la situación de los últimos ejercicios, en los que estas cuatro comunidades ocuparon, en este mismo orden, la misma posición.