Los retrasos en la sanidad pública acaparan las quejas al Defensor del Pueblo Andaluz

Los retrasos en el tiempo de respuesta asistencial en el acceso a la primera consulta de asistencia especializada y en intervención quirúrgica motivaron la mayoría de las quejas de los andaluces durante el año pasado.

El Defensor del Pueblo llama además la atención en la necesidad de crear conciencia, detectar los puntos flacos, ahondar en las opciones de respuesta y sentar las bases que permitan caminar hacia un mejor horizonte en materia de salud mental en Andalucía.

La epidemia creciente de suicidios también es un problema destacado en la memoria de 2023, así como las adicciones y la patología dual.

El Defensor del Pueblo andaluz ha destacado además la atención a la población vulnerable, la preocupación por la salud mental y el compromiso por la igualdad de género como asuntos relevantes en el balance del ejercicio 2023.

Maeztu, tras entregar el Informe Anual de la institución al presidente del Parlamento andaluz, ha destacado que la oficina batió el año pasado registros históricos con más de 9.600 quejas recibidas, un 12% más que en en ejercicio anterior y entre las que se incluyen las emprendidas de oficio, unas 70; y más de 15.500 consultas atendidas y 4.000 quejas tramitadas. Se trata de cifras, según ha destacado, únicamente superadas durante la pandemia del Covid-19.

Además de más de 600 acciones de promoción de derechos, el Defensor del Pueblo andaluz llevó a cabo 30.000 actuaciones para las más de 35.000 personas que requirieron su intervención durante 2023.

Jesús Maeztu ha concretado que el 56% de estas acciones estuvieron relacionadas con la dignidad de las personas y, de ellas, dos de cada tres afectaron a población vulnerable. Estuvieron relacionadas con dependencia y servicios sociales, discapacidad, infancia, personas mayores, vivienda, extranjería o prisiones, entre otras.

Maeztu ha lamentado que un año más vuelven a ser reiterativas las denuncias que muestran la desesperación e indignación por la tardanza y la falta de claridad en el procedimiento y la resolución de estas prestaciones (ingresos de subsistencia; ayudas a la dependencia; valoración de la discapacidad; bono de alquiler...), así como la imposibilidad de contactar con los responsables de la tramitación de dichas prestaciones, porque no atienden las llamadas o porque no existen citas disponibles.

En cuanto a los datos de esta memoria, el 35,6% de las quejas y denuncias atendidas el año pasado lo fueron por asuntos relacionados con dependencia y asuntos sociales; seguido de salud y bienestar social, con un 20,1%; vivienda (15,4%); educación (12,7%); prestaciones Seguridad Social (5,4%); personas reclusas (2,4%) e igualdad de género (0,5%).

En cuanto a la protección del planeta y el cambio climático, el informe destaca el estudio de medidas para hacer frente a la sequía, priorizando el recurso del agua como un patrimonio al que proteger y defender, así como la protección de los entornos naturales, resaltando en este ámbito el caso de Doñana. «Por ello, nos sumamos con otros responsables públicos a colaborar con el uso responsable del agua como bien escaso tanto para la población como para la agricultura», indica el documento.

Destaca además el medio millar de actuaciones de mediación llevadas a cabo, con un 80% de acuerdo, elevándose a más de 1.700 las mediaciones celebradas por el Defensor del Pueblo andaluz desde la implantación de este servicio en 2017.

La brecha digital y el deber de ofrecer una buena administración nos motivó a celebrar una jornada en la que reflexionamos sobre los cambios que está suponiendo para la sociedad el progresivo desarrollo de la administración electrónica y los riesgos que comporta la incorporación de la Inteligencia Artificial también son cuestiones recogidas en esta memoria.

La Defensoría del Pueblo andaluz celebra 40 años durante los que ha llevado a cabo alrededor de 500.000 actuaciones destinadas a proteger y promocionar los derechos, con una atención preferente hacia los colectivos vulnerables, los últimos de la fila, según reconoce Maeztu en la memoria del año pasado.

En estas cuatro décadas, la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz ha emitido más de 15.000 resoluciones, de las cuales en 2023 se han dictado 319 entre recordatorios de deberes legales, recomendaciones y sugerencias. Ocho de cada diez expedientes cerrados fueron admitidos por la Administración. «La satisfacción que nos transmiten los usuarios con nuestro servicio alcanza el notable, un 7,5 en 2023», se añade.