Las víctimas del terrorismo recibirán 250.000 euros por fallecimiento

La proposición, que PSOE y PP iban a presentar ayer pero finalmente retrasaron para sumar a los once partidos con representación en la Cámara Baja, incluye un baremo de indemnizaciones que van desde los 250. 000 euros en caso de fallecimiento hasta los 75. 000 que se pagarán en caso de incapacidad permanente parcial. En medio, el Estado pagará 500.000 en caso de gran invalidez, 180. 000 por incapacidad permanente absoluta y 100. 000 por incapacidad permanente total.

Además, también regula las subvenciones que se concederán por incapacidad temporal y por secuestro, que se calcularán multiplicando por dos o por tres el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) por cada día que permanezca la lesión o la persona esté retenida. Por ejemplo, en el año 2010 el IPREM anual en doce mensualidades se ha fijado en 6.390,13 euros. Esto supone que una persona que estuviese secuestrada durante diez días tendría derecho a una indemnización de 525,21 euros.

Una de las novedades es que la proposición reconoce el derecho a reclamar las diferencias a todas aquellas víctimas que durante estos años hayan recibido ayudas o indemnizaciones menores a las que ahora se fijan. Para hacerlo contarán con un año de plazo a partir de la entrada en vigor de la ley.

Pero la ley también establece las cantidades máximas que el Estado asumirá en concepto de responsabilidad civil que se fija en sentencia con el objetivo de evitar las actuales desigualdades entre las cuantías que determinan jueces diferentes ante casos similares. "La ley se inspira en el principio de igualdad, estableciendo criterios que garanticen un trato más equitativo en orden a la compensación, evitando e todo caso respuestas desiguales ante supuestos similares", establece la exposición de motivos del texto.

En concreto, el Estado asumirá hasta 500.000 euros por fallecimiento, 750. 000 por gran invalidez, 300.000 por incapacidad permanente absoluta, 200. 000 por incapacidad permanente total, 125. 000 por incapacidad permanente parcial y hasta 100. 000 euros por lesiones no invalidantes.

Este nuevo texto, que sustituye al del año 1999, reconoce todos los atentados perpetrados desde el año 1960, fecha en la que falleció la niña de 18 meses Begoña Urroz, considerada la primera víctima mortal de ETA. Hasta ahora se fijaba como fecha tope 1968, cuando falleció el guardia civil José Pardines Arcaya.

La Ley tiene el objetivo de rendir homenaje a las víctimas del terrorismo y plasmarles el "reconocimiento y respeto" del Estado.

Además, como ya adelantaron a las asociaciones de víctimas reunidas el pasado martes en el Congreso, se incluirá un reconocimiento a la figura del amenazado. "Las personas que acrediten sufrir situaciones de amenazas o coacciones directas y reiteradas, procedentes de organizaciones terroristas, serán objeto de especial atención, en el marco de sus competencias, por parte de las administraciones públicas", expone.

Por su parte, los extranjeros que sufran atentados en España podrán recibir la nacionalidad por carta de naturaleza. Además, incluye ayudas a los españoles que sufran atentados terroristas fuera de la Unión Europea aunque no los cometa una organización española ni los objetivos sean españoles. Si el español tiene su residencia habitual en el país en el que se produzca el atentado, recibirá el 50 por ciento de la indemnización, que bajará al 40 por ciento si no tiene residencia habitual en el país pero tiene algún aseguramiento y al 30 por ciento si no dispone de él.

La Ley establece todo un mecanismo de acción y asistencia a las víctimas del terrorismo, tanto la respuesta inmediata después del atentado como todo un sistema de ayudas sanitarias, de acceso a la vivienda, laborales y educativas. Por ejemplo, las víctimas tendrán derecho a la reordenación de su tiempo de trabajo y a la movilidad geográfica.

El texto también realiza una prohibición expresa de que en los lugares públicos se haga ostentación del terrorismo mediante símbolos o monumentos y estipula que las administraciones públicas adoptarán las medidas necesarias para hacer cumplir esta prohibición. Asimismo, prevendrán todos aquellos actos que supongan menosprecio o humillación de las víctimas o exaltación del terrorismo.

La proposición incluye un artículo destinado al ámbito procesal y, además del derecho a la asistencia jurídica gratuita, reconoce el derecho de las víctimas a recibir información personalizada que le permita conocer el estado de los procedimientos que les afectan y de las acciones judiciales que pueden iniciar. Para ello, el Ministerio de Justicia deberá establecer una oficina de información y asistencia a las víctimas en la Audiencia Nacional.

Pero además, establece que se procurará que las víctimas no tengan relación directa visual o sonora con los imputados o acusados. "Los jueces y tribunales velarán y protegerán la dignidad y la seguridad personal de las víctimas en la tramitación del proceso, evitando la utilización de signos e inscripciones que puedan ofenderlas o denigrarlas", señala.

Junto a esto, se regulan las condecoraciones y honores públicos que se otorgarán a las víctimas de actos terroristas, ya sea por petición expresa de la víctima o por actuación de oficio del Ministerio de la Presidencia, y se promoverán medidas para asegurar su recuerdo y reconocimiento.

El pasado martes, el director general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, José Manuel Rodríguez Uribes, y los diputados del PSOE y el PP protagonistas de las negociaciones, Antonio Hernando y Alfonso Alonso, se reunieron en dependencias del Congreso con cerca de medio centenar de asociaciones de víctimas y otros colectivos para informarles de las negociaciones que mantienen desde hace semanas y facilitarles la exposición de motivos de la proposición.

Tras este paso, socialistas y populares se pusieron en contacto con el resto de formaciones para tratar de sumarlas a la propuesta y registrarla con la firma de todos los grupos. Esta proposición de ley, no obstante, no será tomada en consideración hasta pasado el verano, puesto que los meses de julio y agosto no son hábiles a efectos parlamentarios y al menos julio esté año está copado con el Debate del estado de la Nación, la reforma laboral y previsiblemente el techo de gasto, entre otros asuntos.

La firma de todos los grupos parlamentarios garantiza que no habrá enmiendas de totalidad pero algunas formaciones, como Esquerra Republicana e Izquierda Unida, han anunciado su intención de presentar enmiendas parciales de modificación al considerar que faltan asuntos por regular.