La UCO registra la casa de la expresidenta de Adif en busca de pruebas del caso Koldo

Según fuentes de la investigación consultadas por ABC, la Guardia Civil también se ha personado en la sede de ambas instituciones dependientes del Ministerio de Transportes -Adif y la Dirección General de Carreteras- para requerir documentación. Las actuaciones han sido declaradas secretas.

El movimiento llega después de que el Tribunal Supremo apreciara en su último auto la existencia de «indicios consistentes» contra ellos e informara al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional -al no ser ninguno aforado- de que pudieron prestar «asistencia» al exministro de Transportes José Luis Ábalos para que las adjudicaciones de obra pública presuntamente irregulares «pudieran llegar a buen término, facilitando de manera inmediata la información conveniente que obraba en los distintos expedientes (tales como la apertura de las ofertas, fechas) o la salida a licitación de otros, siguiendo las directrices que el ministro, a través de su asesor (Koldo García), les impartía».

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Así lo evidenciaba también el último informe de la UCO sobre amaños en licitaciones, que no sólo implicaba al exministro José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y a Santos Cerdán, ex número tres del PSOE, sino también a Pardo de Vera y a Herrero, ambos ex altos cargos del Ministerio de Transportes.

Según ese informe de la Guardia Civil, el exasesor ministerial Koldo García se valía presuntamente para «la manipulación de los procesos de contratación (...) de la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y del director General de Carreteras, Javier Herrero, cada uno dentro de su ámbito de actuación«.

En el oficio policial, constan mensajes de Herrero a Koldo en los que se revela incluso un intento de cambiar el sistema de adjudicaciones. «Estamos intentado enredar para intentar modificar el sistema de evaluación de futuras licitaciones. Para poder tener más control. Pero necesitamos trabajarnos a los interventores y abogados del Estado«, escribió en abril de 2019.

También consta en ese informe de la UCO una conversación de WhatsApp de enero 2019 entre Koldo y Pardo de Vera en el que éste le compartía un listado de ofertas presentadas para la línea de alta velocidad a Extremadura. En la misma había un subrayado en amarillo fluorescente de una UTE en la que participaba OPR -investigada en el caso- y un segundo subrayado pero más tenue con la oferta de Acciona.

Al rato de compartirle ese listado Koldo García mostraba su descontento por la empresa que obtuvo la mayor puntuación, aseverando que les había «jodido un poco». Pardo de Vera le preguntó entonces por el «fosforito» y Koldo García le respondió que ese subrayado fuerte era «por disimulo». « De este modo, se infiere que dicha licitación debiera haber sido adjudicada a Acciona, y el hecho de no materializarse habría generado descontento en Koldo García», recordaba la UCO.

Consta también que en mayo de ese 2019 Pardo de Vera informó a Koldo García del resultado de ofertas económicas en 'Sant Feliu'. La UCO recordaba que ese mismo día se supo que Acciona fue la novena más barata sin caer en baja temeraria y ganó en puntuación técnica.

Estos nuevos registros y requerimientos se producen sólo seis días después de que la UCO, en aquella ocasión por orden del magistrado del Supremo Leopoldo Puente, se personara en la sede nacional del PSOE en la calle Ferraz de Madrid y el Ministerio de Transportes para volcar el contenido de los correos corporativos del exministro José Luis Ábalos y quien fuera secretario de organización de su partido, Santos Cerdán, en busca de pruebas del presunto amaño de contratos de obra pública a cambio de mordidas.

Isabel Pardo de Vera, presidenta de Adif de 2018 a 2021, ya estaba imputada en la Audiencia Nacional por su papel en la contratación de Jésica Rodríguez, la expareja de José Luis Ábalos, en las empresas públicas Ineco (dependiente de Transportes) y Tragsatec (Ministerio de Agricultura).

La mujer estuvo contratada como administrativa en las compañía públicas entre febrero de 2019 y septiembre de 2021 pero, según su propio testimonio en sede judicial, no fue a trabajar ni un sólo día.