La UCO halla en el correo de Koldo información de adjudicaciones señaladas

El comisionista Víctor de Aldama, investigado en el Supremo por delitos de corrupción igual que el exministro y su asesor, incluyó las adjudicaciones a dicha compañía en una lista de empresas que, según su versión, pagaron comisiones tanto a Ábalos como a Koldo y a él mismo para asegurarse que serían las adjudicatarias de obra pública.

El pasado 5 de marzo, la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, afirmó durante su declaración como testigo en el Alto Tribunal que Koldo y Ábalos se interesaron por saber cómo marchaban los pagos de adjudicaciones de la compañía pública ferroviaria a las empresas Levantina y Murias por contratos que se les adjudicaron desde el Ministerio de Transportes lo que, según afirmó, le generó sospechas. Sobre todo, porque fuera el asesor, y no el ministro, quien preguntase al respecto.

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Las dos compañías por las que ambos se habrían interesado figuran en un listado de 128 adjudicaciones que la defensa de Víctor de Aldama -considerado por los investigadores el «nexo corruptor» de la trama alrededor Transportes- presentó en el Supremo. Con este listado pretendía «colaborar» con la investigación y destacar que algunas de dichas compañías tuvieron un trato privilegiado o de favor antes de presentarse a los concursos a cambio del pago de mordidas de tales contratos.

En febrero del año pasado, cuando los agentes comenzaron a revisar el correo intervenido de Koldo García tras su detención, hallaron un pantallazo que envió a su ahora exmujer, Patricia Uriz -también investigada en la causa que sigue la Audiencia Nacional por los mismos hechos que la del Alto Tribunal contra Ábalos- de un documento que recogía información de hasta tres obras que licitaba Adif cuando Ábalos estaba al frente de Transportes.

Un correo que ahora adquiere relevancia para la investigación tras la mención de Aldama de la constructora Levantina, que concurrió a los tres concursos, y la testifical de Pardo de Vera. Koldo lo compartió por WhatsApp previamente con un tercero al que tenía agendado como 'Chema'. Era 21 de enero de 2021. Después de enviarlo lo eliminó, quedando la imagen almacenada en la bandeja de mensajes 'borrados'.

En el correo, al que tuvo acceso ABC, se aprecia una tabla con información de tres proyectos de obra que habían salido a concurso público, el dinero exacto estimado para cada adjudicación -por el que meses después se publicaron las licitaciones en Contratación Pública - y el plazo que tenían las empresas aspirantes para presentar su oferta.

Se trata de las obras de mejora del AVE en puntos de las provincias de Barcelona y Girona por 3,8 millones de euros sin IVA; las obras del proyecto de construcción de la urbanización de Plaza de Europa, también en Girona, por 870.300 euros sin IVA; y la primera fase de las obras de mejora de la estación de Sants, en Barcelona, por 6,5 millones de euros sin IVA.

La constructora valenciana Levantina, Ingeniería y Construcción, SL, se presentó a las tres licitaciones y resultó adjudicataria de una, la del proyecto de mejora de la Línea de Alta Velocidad Madrid-Zaragoza-Barcelona-Frontera Francesa, financiada con fondos de la Unión Europea, y por la que la empresa percibió 3,8 millones. El contrato lo firmó el responsable de la empresa, José Ruz, quien también tuvo que declarar como testigo el 27 de febrero en el TS.

En las otras dos adjudicaciones, la constructora fue descartada. En una (la reforma de la estación de Sants por 6,5 millones) porque la oferta que presentó se consideró incursa «en presunción de temeridad o anormalidad». Había propuesto encargarse del proyecto con un presupuesto de licitación de casi el 17% menos, es decir 5,4 millones de euros. Y sus alegaciones no convencieron.

«La empresa licitante presenta escrito mediante el cual ratifica el importe de su oferta sin aportar ningún tipo de justificación del valor reflejado en el importe. Por lo anteriormente expuesto, se concluye que la empresa licitante NO presenta razones suficientes que justifiquen la proposición presentada. Por lo anterior, existe un riesgo grave de que la proposición no pueda ser cumplida en todos sus términos por la empresa licitante, razón por la que debe continuar incluida en el concepto de valores anormales o desproporcionados y, en consecuencia, se propone que no sea aceptada dicha oferta, según lo previsto en el Pliego de Condiciones Particulares», se lee en el informe disponible en la web de Contratación Pública.

En consecuencia, los miembros de la Comisión de Valoración acordaron por unanimidad que la oferta de Levantina y otra empresa en la misma situación no podían ser «aceptadas, ni resultar, por tanto, adjudicatarias».

Durante su declaración, Pardo de Vera situó tanto al comisionista Víctor de Aldama como al empresario y propietario de Levantina, José Ruz, en el Ministerio de Transportes. El primero fue el representante ante el Gobierno de la compañía Soluciones de Gestión, adjudicataria de contratos públicos (de Transportes, Interior, Baleares y Canarias) por valor de 53 millones para traer material sanitario a España durante la pandemia que están en el centro de la investigación a Ábalos por delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación.

La nueva vía que Aldama abrió con sus declaraciones es la de que no sólo intervino en dichos contratos, sino que también pudo entregar mordidas a Ábalos y su asesor para conseguir adjudicaciones para otras compañías de obra pública a las que también representó y abrió las puertas de Transportes.

En este sentido, el magistrado Leopoldo Puente ya preguntó a la expresidenta de Adif si conoció un procedimiento de adjudicaciones irregulares: «Ya me imagino que el procedimiento estará diseñado para evitar conductas irregulares. Es evidente que igualmente se pueden producir. La cuestión está en que me diga usted si en algún momento pensó que algunas adjudicaciones eran extrañas, que no se estaban valorando las mejores ofertas».