El triángulo del caso Koldo: un ministerio al servicio del pelotazo

Según la investigación, no hizo falta más: el entonces asesor del ministro de Transportes José Luis Ábalos, sentado en el Consejo de Puertos del Estado como también en el de Renfe Mercancías, les habría facilitado acceso a aquel primer contrato, de 20 millones de euros, se presume, cobrando por ello.

Ese encargo fue la referencia que utilizarían para multiplicar su trabajo con la Administración hasta un total de 9 adjudicaciones, incluidas de Canarias y Baleares, y más de 53 millones de euros de facturación. Se presentaban aduciendo que ya tenían experiencia en contratación con el Gobierno. El propio Koldo García hablaba en una de las conversaciones intervenidas con Cueto de la gestión de Aldama en aquello: «A mi me resolvió los problemas que tenía para poder ejecutar y traer lo que yo necesitaba de fuera».

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El PSOE ha pedido al exministro de Transportes que deje su escaño a raíz del caso Koldo de presunto cobro irregular de comisiones en la compra de mascarillas

Hablaba en primera persona aunque él no era el adjudicatario sino el asesor del ministro y lo hacía muchos meses después de haber salido de Transportes y de aquellos contratos. Mantuvo, de hecho, la relación hasta poco antes de que explotase la operación y él y otras 19 personas acabasen detenidas el pasado 20 de febrero. Aquel día Cueto no fue interceptado por la Guardia Civil porque se encontraba fuera de España y al cierre de esta edición no había trascendido su regreso.

Pero en enero se había visto con Koldo, que prefería ya los encuentros en persona porque se creía investigado, y le habló de Aldama. Le habría entregado algún objeto al que se refirió en clave como «chorizos». «Pocos días después, Cueto le cuenta a Koldo que estuvo con Aldama, el cual le habría entregado algo de lo que le hablará en persona», recoge un pasaje de uno de los autos del juez. La sospecha es que pudo ser dinero en efectivo, como el que salpica toda la investigación, incluidos billetes de 500 euros.

De fondo, sobrevuela la incógnita, si el asunto fue más allá del asesor y escaló hasta su superior, entonces al frente del Ministerio de Transportes, José Luis Ábalos.

Consta en la causa, como ya informó este diario, un pinchazo telefónico entre dos investigados que le salpica en el contexto de una inspección sobre las ganancias obtenidas con la contratación pública: «Esto era un favor que le estaba pidiendo tu vecino (Koldo)... él y su ex jefe...». Y no serían las únicas alusiones.

Según explican fuentes de la investigación a ABC, el nombre de Ábalos aparece de modo continuo» a lo largo de la instrucción, principalmente «por referencia» de las escuchas a los empresarios implicados realizadas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), que llevaban casi dos años siguiendo sus pasos.

La querella de la Fiscalía Anticorrupción que judicializó las pesquisas no se dirige contra él y tampoco le menciona: se centra en siete personas, además del triángulo entre Koldo y los empresarios Cueto y Aldama; el hermano del asesor, un guardia civil cuyo peso en la trama se ha ido amortiguando a medida que avanzaban las pesquisas, y el accionista mayoritario de la sociedad que estaba detrás de la adjudicataria. Todos están en libertad.

En todo caso, recuerdan las mismas fuentes, las declaraciones de los investigados así como el volcado de los teléfonos y los dispositivos informáticos intervenidos en una veintena de registros esclarecerán el alcance real de esta presunta trama de comisiones millonarias e ilegales en la causa que se sigue por delitos de delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo y contra la Hacienda Pública.

El estudio de los movimientos bancarios también podrían arrojar luz sobre el presunto trato de favor en las adjudicaciones y las posibles contrapartidas, así como será clave para esclarecer si, como se sospecha, tras la capa de adjudicaciones a dedo se desplegó otra subtrama para blanquear los beneficios. En este sentido, como informó ABC, se ha seguido rastro de las plusvalías por los contratos hasta Luxemburgo, Brasil y un negocio de pizarras en Orense.

Mientras, en la Audiencia Nacional se van formalizando las personaciones: el PP podrá ejercer la acusación popular y Vox lo ha pedido.

El asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, Koldo García, fue grabado durante la investigación «pagando con billetes de 500 euros» y reclamando «dinero a un empresario», según un auto al que tuvo acceso ABC, del que se desprende que fue la pista de su incremento patrimonial el que acabó poniéndole en el foco. Se sospecha que cobró algún tipo de compensación por intermediar en favor de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. para que consiguiese contratos por importe de 40 millones de euros con Puertos del Estado, ADIF e Interior.

Subrayan los investigadores el manejo de efectivo a partir de 2020, año de los contratos, lo que se desprende no sólo de ingresos a cuenta, sino del hecho de que no hacía apenas extracciones: el día a día se estaba sufragando de otro modo. Aporta un dato un reciente auto del juez: Si entre 2017 y 2019 Koldo García y su pareja amortizaron 57.278 euros de los créditos que tenían, entre 2020 y 2022 insuflaron 152.870 euros.

García salió del ministerio y así, de los tres cargos que ocupaba, en julio de 2021, cuando fue cesado Ábalos. Compró, como ya informó este diario, tres inmuebles en septiembre y diciembre de 2020 y en marzo de 2022, todos en Benidorm y una de ellas a nombre de su hija de dos años de edad y pagada a tocateja por 115.000 euros. Se han aislado 138.000 euros en cash no justificados y de los audios se desprende que disponía de una caja fuerte para el efectivo.

No era el único colocado en Transportes. Su mujer, Patricia Uriz, en otro tiempo responsable de Bienestar Social de los socialistas navarros, fue contratada como ayudante de secretaría en el departamento que gobernaba Ábalos. El PSOE dio a conocer ayer que le había retirado el carné del partido en el que su marido militó en otro tiempo pero del que él se había ya desvinculado.

También el hermano de Koldo García encontró su sitio en esta cartera, según recogía ya la querella de Anticorrupción que el pasado mes de septiembre judicializó este asunto. Primero se desempeñó para el Ineco y después, en Emfesa, ambas sociedades estatales dependientes de Transportes.

Uno de los pinchazos telefónicos revela que Koldo tomaba «medidas de seguridad» porque sospechaba que le investigaban. Su hermano le dijo no hace mucho que quería «quitarse de en medio para que no les vean juntos», pero quedaba modificar la escritura de la casa comprada para la niña.

Prefería las reuniones en persona al margen del desplazamiento que tuviera que hacer y a veces, enviaba a su pareja a encuentros sociales. Un empresario investigado asimismo en la trama le había insinuado que le seguían la pista. Y era cierto.

El empresario que habría buscado una oportunidad de enriquecimiento en las adjudicaciones públicas de contratos de emergencia por el Covid, Juan Carlos Cueto, ya estaba en el foco de la Fiscalía Anticorrupción cuando entró en contacto con la compañía Soluciones de Gestión y el asesor del exministro de Transportes.

Cueto figura como investigado en la causa Defex de la Audiencia Nacional por unos contratos de 2009 en los que, según los investigadores, la sociedad pública que fue constituida como instrumento de política industrial para fomentar la exportación del sector de defensa nacional habría obtenido contratos de suministro de material policial en el país africano gracias al pago de sobornos a funcionarios.

Unos contratos que habría negociado Cueto en representación de su compañía Comercial Cueto 92 SA, que constituyó una Unión Temporal de Empresas para la obtención y ejecución del contrato de suministro de material policial al Comando General de Policía Nacional de Angola.

Anticorrupción solicita 50 años para el empresario, a quien la Audiencia Nacional reclama para juzgarle por aquellos hechos. Según el escrito de acusación del Ministerio Público, tanto él como otros imputados en la causa «a los efectos de conseguir este contrato público y dos operaciones comerciales más sin contrato, así como la validación de su ejecución, los acusados pagaron comisiones por importe superior a seis millones de euros, regalos por importe superior a dos millones y medio de euros, gratificaciones, operaciones quirúrgicas y asistencias médicas, estancias hoteleras y servicio con conductor, y sumas de dinero transferidas a Suiza, Angola, Islas Cayman, Portugal, Italia y Francia, a autoridades y funcionarios públicos de aquel país», se lee en el escrito de acusación consultado por ABC.

Según dicho escrito, Cueto, en representación de la UTE Cueto-Defex, acordó que se trasladara un 1% del montante total del contrato (153 millones de euros) al Fondo Social de la Policía Nacional de Angola sin «contraprestación ni razón comercial».

Uno de los principales investigados en la trama es el empresario Víctor De Aldama, que actualmente preside el club de fútbol Zamora y que en su día se comprometió a adquirir el Córdoba pero no llegó a poner el dinero sobre la mesa.

Con intereses en pluralidad de negocios, incluido un restaurante en el corazón financiero de Madrid, fue su relación con el asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos la que le granjeó acceso a la contratación con Puertos del Estado para la primera adjudicación de mascarillas a la sociedad Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L. en la que no constaba, como tampoco el empresario que habría de poner la logística para materializar el encargo, Juan Carlos Cueto. Eran, según Anticorrupción, «colaboradores habituales» y lo seguirían siendo después. Montaron, por ejemplo, Telefarmacia App, un sistema de medicamentos a domicilio que fue declarado ilegal.

La querella señala que Aldama conoció a Koldo durante un viaje de Ábalos a México para reunirse con un senador. El propio exministro rebajó su relación con él a la coincidencia en esa expedición, aunque en las redes sigue publicada su imagen posando con la camiseta del Zamora. De aquel viaje, la denuncia inicial decía que Aldama había sido identificado como cónsul honorario de España en Oaxaca (México) sin serlo. Según el listado consular de Exteriores actualizado a 21 de febrero, es cónsul honorario, pero de Georgia en Zamora desde diciembre de 2022.

En la recta final del año pasado Hacienda puso los ojos sobre él y el resto de involucrados en Soluciones de Gestión por un presunto fraude de más de 200.000 euros en Impuesto de Sociedades por los beneficios obtenidos de los contratos públicos de mascarillas. Tuvo que declarar ante la Inspección. Ya sobre la misma sociedad pesaba una reclamación de cerca de 270.000 euros por el mismo impuesto en los ejercicios de 2012, 2013 y 2014, lo que no impidió que recibiese contratos de pandemia.

Los ingresos en las cuentas de Joseba García, hermano de Koldo García, su exmujer y su hija «experimentaron un aumento exponencial» en los años 2020 y 2021, casi medio millón de euros, mientras sus nóminas se mantuvieron «estables».

Así se refleja en uno de los autos de los últimos días dictados por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que instruye el procedimiento. Joseba García recibió en sus cuentas fondos en efectivo por un valor de 130.652,38 euros en 2020; 84.907,61 en 2021 y 52.215 en 2022. Durante esos años, se han detectado «traspasos desde las cuentas de Joseba a las de Koldo, su mujer y su hija». Para el instructor, tanto Joseba como su exmujer serían «personas utilizadas para ocultar la titularidad real sobre algunos inmuebles».

Los investigadores llaman la atención sobre los ingresos en efectivo que recibió Joseba García, «sin justificación». Gracias a esos ingresos, y a «fondos procedentes de transferencias ejecutadas por terceros» compró inmuebles. También durante esos años liquidó hipotecas.

El subteniente de la Guardia Civil investigado en el caso Koldo, José Luis Rodríguez, estaba en nómina del negocio de pizarras que -según las pesquisas- los empresarios Víctor de Aldama y Juan Carlos Cueto habrían puesto en marcha en un pueblo de 1.500 habitantes en Orense para blanquear parte de los fondos obtenidos con los contratos de mascarillas.

Así lo aseguran fuentes de la investigación a ABC, que explican que el agente, que estuvo al frente de la Sección de Seguridad del Ministerio de Transportes, pasó a la reserva en septiembre de 2023, fecha en la que empezó a percibir un sueldo de manera formal por parte de una de las tres sociedades detrás del negocio de extracción de piedras en el municipio de Carballeda de Valdeorras.

Si bien la relación del agente con la presunta trama se remonta más atrás. Según los movimientos bancarios, dos años antes, habría percibido al menos 5.000 euros en cinco transferencias por parte de uno de los empresarios implicados, en concreto entre marzo y agosto de 2021. Y los seguimientos revelaron que Rodríguez conducía, al menos desde febrero de 2022, un coche de la marca Toyota RAV 4 a nombre de la Sociedad Comercializadora Pizarras Santa Bárbara.

Son varias las reuniones en las que los agentes de la UCO sitúan a Rodríguez con los implicados. Destaca la celebrada en febrero de 2023 en la marisquería La Chalana con el exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García y una persona relacionada con Víctor de Aldama. Días después, el guardia civil se reunió con Juan Carlos Cueto en un local próximo al Ministerio de Transportes.