El terrorismo yihadista moderniza su financiación con criptomonedas

Un fenómeno al que apunta el Informe de Seguridad Nacional de 2023, que identifica un aumento en el uso de activos virtuales en «actividades de recaudación de fondos y el movimiento de los mismos». Recabados mediante actividades ilícitas como «el comercio ilegal, la extorsión, el secuestro de personas o fraudes en la web», estos fondos son posteriormente convertidos en criptodivisas como el bitcoin —que pueden transformar en USDT (dólar digital de internet) para evitar la volatilidad en los mercados—, aprovechando la mayor opacidad y anonimato que otorgan estas divisas. Son, en definitiva, «instrumentos ascendentes en la financiación del terrorismo». Sin embargo, Fernando Reinares, uno de los mayores expertos españoles en terrorismo yihadista, advierte poniendo por ejemplo la célula de Ripoll, responsable de los atentados en Cambrils y las Ramblas de Barcelona en 2017: «Para perpetrar grandes atentados en Europa occidental no hacen falta ni recursos extraordinarios ni medios sofisticados».

Aún así, el Departamento de Seguridad Nacional (DSN) señala que las criptomonedas son usualmente empleadas por simpatizantes de las organizaciones yihadistas para efectuar donaciones. También que «actores solitarios y pequeñas células yihadistas en España» hacen campañas de 'crowdfunding' a través de códigos QR en redes sociales que, en ocasiones, acaban derivando a «monederos de activos virtuales». En última instancia, los montos de dinero transferidos en el mercado cripto son extraídos para ser usados en las actividades logísticas de las células terroristas, que cada vez están más descentralizadas, a causa del reiterado descabezamiento de las cúpulas de organizaciones como Daesh o Al Qaida que, sin embargo, no ha conseguido terminar con estos grupos.

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De acuerdo con el DSN, Daesh ha reducido su impronta en Irak o Siria, sin embargo, sus filiales en el Sahel, donde Europa está de retirada, y en el continente asiático «continúan siendo relevantes». Por otro lado, la actividad de franquicias regionales afines como ISSP (Pakistán) o ISWAP (África Occidental), resulta relevante como forma de «mantener la financiación de su central, alimentar la propaganda y rentabilizar sus acciones». En consecuencia, y en relación con el carácter transnacional que tienen los mercados de criptomonedas, los investigadores señalan que ahora llevan a cabo operaciones que afectan al mundo entero: «Ya no estamos sólo en España».

Ante este nuevo paradigma, denuncian que los medios tradicionales para hacer el seguimiento de estos grupúsculos —entre cuyas intenciones sigue estando atentar en Occidente y, en concreto, en España— ya no son suficientes. Los 'pinchazos' «dan para poco», en contraposición a la interceptación remota de terminales para poder acceder a las aplicaciones móviles de estos y así enterarse de los movimientos financieros que se producen a través de los 'exchange', plataformas en la que se realizan los intercambios de divisas digitales.

A diferencia de lo que pueda parecer, los expertos explican que los movimientos con criptomonedas sí son trazables, siendo determinante para las Fuerzas de Seguridad encontrar uno de estos 'exchange' que tenga una política de 'conoce a tu cliente'. Es el caso de Binance, por ejemplo, que, según explican desde la Comisaría General de Información, habría colaborado en el seguimiento de capital destinado a actividades terroristas durante alguna operación.

El problema es si estas plataformas están ubicadas en jurisdicciones que no están abiertas a cooperar como es el caso, según apuntan, de países como «Emiratos Árabes, Dubái o Irán». Es por esto que la colaboración en materia antiterrorista es fundamental, también por el hecho de que los grupos que coexisten en el panorama internacional cada vez son «más diversos y heterogéneos». Los investigadores reclaman mejoras legislativas que faciliten la identificación y el rastreo de los activos y, en esa línea, el DSN expone que en la zona del Sahel y Golfo de Guinea existen indicios de la relación entre grupos terroristas, redes de crimen organizado y piratería como forma de financiación. «Las líneas entre el terrorismo y el crimen organizado cada vez están más difusas», apuntan desde la Comisaría General de Información.

Esta complejidad hace que, en el abanico de prácticas que emplea el terrorismo yihadista para financiarse, convivan los métodos más vanguardistas con otros más rústicos. Como apunta Reinares, los modos difieren dependiendo del tipo específico de actores: «No es lo mismo tratar de la financiación de una célula yihadista en Europa Occidental o de un actor solitario en ese mismo ámbito, que de la rama saheliana de Estado Islámico en una demarcación concreta de Mali».

Así, el DSN explica que el «uso indebido» de remesadoras —empresas de envío de dinero como Western Union— sigue siendo uno de los principales métodos identificados «para transferir fondos a través de las fronteras» obtenidos mediante «el comercio ilegal». Otro sistema de transferencia informal de fondos, que sigue estando en el centro de las investigaciones de quienes se dedican a la lucha contra el terrorismo, es el 'hawala'. Son establecimientos que actúan como «bancos» basados en relaciones de confianza, donde se intercambian cantidades de dinero en lo que se conoce como 'hawaladar', una vez se entrega un código que conocen únicamente las personas implicadas en la transacción. Este método, que empezó a ganar popularidad tras el 11-S, funciona de forma que un cliente en un país deposita una cantidad en un 'hawaladar' —este percibe una comisión— que le entrega a cambio un código. El 'hawaladar' se pone entonces en contacto con un corresponsal en otros país indicándole que debe entregar ese dinero a otra persona una vez le sea desvelado el código correcto.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado detuvieron el año pasado a 78 personas por terrorismo yihadista. Justo el doble que en 2021, según los datos facilitados por el Ministerio del Interior en el Informe de Seguridad Nacional de 2023. Este documento apunta que el «principal vector de amenaza en España» continúa siendo la comisión de ataques llevados a cabo por individuos que «actúan en solitario» y que la guerra en Gaza iniciada tras los ataques de Hamás a Israel el pasado 7 de octubre «supone un incremento del riesgo y de la amenaza a nivel global» vinculada al extremismo islámico. Sin desdeñar las derivadas de la invasión rusa en Ucrania, que podría conllevar un «incremento en la circulación de armas y explosivos».

El texto, elaborado por el Departamento de Seguridad Nacional (DSN), advierte que «individuos aislados o células autónomas» vinculadas a grupos terroristas de ideología yihadista podrían llevar a cabo acciones mediante un 'modus operandi' de «baja sofisticación, fácil acceso y difícil detección». Algo que estaría ligado a la incapacidad de las centrales de las organizaciones terroristas para «desarrollar estructuras propias en Occidente y para su activación», con lo que la propaganda continúa jugando «un papel fundamental».

Así pues, dentro de las nuevas dinámicas identificadas en el informe, las autoridades explican que se está impulsando cada vez más «el rol de la mujer como adoctrinadora» y el de los menores como nuevos «actores solitarios». Por otra parte, en relación con las detenciones, el DSN informa que los procesos de radicalización dentro de los centros penitenciarios, tanto de individuos condenados por terrorismo como de presos comunes, representan «un vector de amenaza significativo».

La clave reside en la posibilidad de que en el interior de las prisiones donde son destinados estos delincuentes tras haber pasado a disposición judicial se creen «grupos organizados con capacidad de planificar ataques tanto dentro como fuera de las cárceles» una vez cumplidas las condenas.

Así, plantean como un elemento problemático la posible reincidencia o reactivación de estas personas, una vez cumplida su pena. «Resulta de especial relevancia debido al importante número de presos radicalizados o que no han abandonado sus convicciones yihadistas y que han salido de prisión en 2023 o está previsto que lo hagan en los próximos meses», explica el informe.