El Supremo rechaza que el caso Koldo pase a la Fiscalía Europea, que sí retiene el de Begoña

Los magistrados resuelven así la cuestión de competencia que les planteó Moreno ante la irrupción en escena de este órgano, que, al igual que ha hecho con parte del caso Begoña, quería quedarse con el de Koldo.

Para la Sala, debe ser la Audiencia Nacional la que investigue los hechos, incluidos los contratos adjudicados por los Servicios de Salud balear y canario objeto del procedimiento de la Fiscalía Europea, y que ésta mantenga su competencia sobre tales expedientes en lo relativo «exclusivamente» a la determinación de la posible comisión de un delito contra los intereses financieros de la UE.

Noticia Relacionada

El juez del caso Koldo autoriza volcar el móvil que reveló un posible intento de amaño en una obra de ADIF

Isabel Vega

Da luz verde a los investigadores para volcar el teléfono completo del contacto en la constructora, que en tiempos coordinó la delegación del Gobierno en Andalucía

«Lo que se está investigando en estas actuaciones –apunta el TS– es la posible existencia de una organización criminal destinada a obtener de forma irregular adjudicaciones de contratos de material sanitario en distintas administraciones públicas nacionales, con o a través de la intervención y/o mediación de cargos públicos de tales administraciones, que se habrían enriquecido con su actuación, como lo habrían hecho los miembros de aquella organización –posibles delitos de cohecho, tráfico de influencias y organización criminal–. Unos y otros, presuntamente, habrían tratado de ocultar las ganancias obtenidas a través de diversas operaciones financieras también objeto de investigación –posibles delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública–», dice el auto.

Recuerda el Supremo que la misión de la Fiscalía Europea es proteger los intereses de la Unión y que el motivo de su creación es paliar las dificultades con las que los órganos nacionales pueden encontrarse a la hora de perseguir las infracciones que perjudican estos intereses. En lo que parece un aviso a futuro, la Sala añade que cualquier interpretación que se realice del alcance de la competencia material de la Fiscalía Europea «debe partir de esta premisa: los delitos competencia de esta Fiscalía lo serán si existe ese perjuicio a los intereses financieros de la Unión y si su mejor y más eficaz persecución exige que aquella asuma su investigación y persecución».

El tribunal coincide con el criterio de Fiscalía del Tribunal Supremo y de la Fiscalía Anticorrupción en el sentido de que «no podemos concluir que en las diligencias previas que se tramitan en la Audiencia Nacional se estén investigando delitos intrínsecamente ligados al fraude de los intereses financieros de la Unión que, por su dimensión, pudiera justificar la intervención de un órgano supranacional como la Fiscalía Europea. Tampoco que estos delitos puedan suponer una amenaza para aquéllos o para las instituciones de la Unión».

«Más bien las actuaciones practicadas parecen estar dirigidas a investigar la posible existencia de una trama de corrupción a nivel nacional que afectaría a diversas administraciones y organismos públicos, también nacionales, que debe y puede ser investigada más eficazmente por órganos de la misma naturaleza, dada su falta de conexión material con cualquier interés supranacional que pudiera justificar la intervención de un órgano de esta naturaleza como lo es la Fiscalía Europea». A ello se suma que tampoco cree que la Fiscalía Europea esté en una mejor posición para asumir la investigación por contar con una mayor especialidad o mejor dotación de medios materiales y humanos que la Audiencia Nacional.

Los magistrados apuntan que «sin perjuicio de lo que finalmente pudiera resultar de la investigación, las adjudicaciones presuntamente irregulares a Puertos del Estado -por 20 millones de euros- y a la Secretaría de Estado de Seguridad -por 3.479.355 euros- pudieron ser financiadas íntegramente por fondos nacionales. Mientras que de los 12.500.000 de euros correspondientes a la adjudicación de ADIF, 10.868.867,47 euros corresponderían a fondos nacionales y 1.631.132,53 euros a fondos de la Unión». El auto precisa que el curso de la investigación determinará finalmente la cantidad y el origen de los fondos afectados.

El pronunciamiento del Supremo se produce solo un mes después de que la Fiscalía Europea decidiera asumir la investigación de las adjudicaciones a la empresa de Juan Carlos Barrabés mediante una UTE (Unión Temporal de Empresas) con la Escuela de Negocios The Valley, y reclamara al juez Peinado los contratos en cuestión, en los que los delitos investigados son los de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.