La sumisión del Congreso al Gobierno como desencadenante de la crisis constitucional

A lo largo de los últimos años, bajo el argumento de la urgencia, se retorció el ordenamiento, se reinterpretaron reglamentos y sentaron precedentes contradictorios. Lo que al principio era algo excepcional, fue 'in crescendo' durante los sucesivos gobiernos hasta convertirse en la manera ordinaria de legislar de la mano de Pedro Sánchez. Las enmiendas de PSOE y Podemos para renovar a su gusto el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional son solo el último gran exceso de ello.

«Todo hombre que tiene poder se inclina por abusar del mismo; va hasta que encuentra límites», escribió Montesquieu. «Para que no se pueda abusar del poder hace falta que por la disposición de las cosas, el poder detenga al poder», advertía como esencia de la división del poder en tres distintos, y controlables entre ellos. Cuando ese aviso se ignora y un poder renuncia a controlar a otro, se pierde un dique de contención frente al abuso de poder y se desencadenan crisis institucionales como la vivida la semana pasada.

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Como en la analogía de la rana hervida, el Congreso se ha ido sometiendo a las órdenes del Gobierno hasta el punto de no reaccionar ante peticiones claramente inconstitucionales. La última, la admisión a trámite de unas enmiendas que alteraban leyes del bloque de constitucionalidad, introducidas violando el principio de que cada ley debe tener un objeto único. La mejor prueba de que los socialistas de la Cámara conocían que lo que estaban haciendo era ilícito fueron las cuatro veces que impidieron que los letrados opinaran sobre la reforma. Y todo ello con el agravante de que el texto que se enmendaba también carecía de los informes de los órganos consultivos.

Precedentes de enmiendas intrusas hay muchos, pero ninguno de la gravedad de estas. De hecho, a pesar de las quejas de los socialistas, fueron ellos los que llevaron esta maniobra ante el Tribunal Constitucional en 2003 cuando el Gobierno de José María Aznar utilizó esta estrategia para intentar evitar que el exlendakari Juan José Ibarretxe convocara un referéndum ilegal. Ocho años después, el Constitucional dio la razón al PSOE sentando una jurisprudencia que el Gobierno de Pedro Sánchez no considera ahora para aplicar.

El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, el socialista Felipe Sicilia, conocía perfectamente ese precedente cuando el pasado lunes 12 de diciembre a las 16.50 horas abrió la reunión de la Mesa de ese órgano para debatir la admisión de las enmiendas del CGPJ y el TC cuestionada por PP y Cs. Sicilia también conoce los numerosos acuerdos en los que las Mesas de Congreso y Senado concluyen que no procede admitir a trámite enmiendas intrusas.

Probablemente por ello, el socialista rechazó de plano la petición del vicepresidente segundo de la comisión, el popular Carlos Rojas, de que los letrados de la Cámara se pronunciaran sobre la «inconstitucionalidad manifiesta» de las enmiendas y su «falta de conexión material y homogeneidad». «No existen dudas que aclarar», zanjó el socialista, argumentando que existía una «conexión mínima» pero suficiente entre las enmiendas y la reforma de la sedición.

La Mesa de la Comisión de Justicia está controlada por el PSOE y sus socios de manera que, tras una rápida votación, quedó rechazado el pedir opinión a los letrados y también los escritos de PP y Cs solicitando la inadmisión de las enmiendas. Pero la letrada de la comisión no aceptó la mordaza y advirtió que había enmiendas inconstitucionales, y que así lo explicaría en la reunión de la ponencia que se celebraría a continuación.

En esta nueva convocatoria, la letrada identificó de viva voz las diez enmiendas inconstitucionales. PP, Vox y Cs pidieron otra vez que no se admitieran a trámite y que los letrados realizaran un análisis jurídico, pero el PSOE y sus socios hicieron oídos sordos a todo ello. La reunión duró 55 minutos. La cita anterior, la de la Mesa de la comisión, solo había durado 10 minutos. Por tanto, el cambio del sistema de nombramientos del TC y CGPJ se envió a aprobación de la comisión con menos de una hora de debate a sus espaldas.

Los socialistas aún evitaron otras dos veces más que los letrados del Congreso dieran su parecer sobre las citadas enmiendas. La vicepresidenta segunda, la popular Ana Pastor, se lo pidió a Batet durante la reunión de la Mesa del Congreso de la mañana siguiente. La política catalana, sin embargo, ni siquiera lo sometió a votación. Poco después arrancaba la Junta de Portavoces donde Gamarra volvió a solicitarlo pero la petición fue rechazada considerando que la decisión correspondía a la Mesa.

Este órgano acababa de reunirse y no tenía nueva cita agendada hasta siete días después, cuando ya estaría aprobada la reforma. Como ya sucedió durante la pandemia, cuando Batet recortó al mínimo la actividad parlamentaria en beneficio del Gobierno, la sumisión del Congreso de los Diputados a La Moncloa ha vuelto a estar entre los detonantes de una nueva crisis institucional. Pero esta vez de mayor calado.