Batet alegó falta de competencias para no frenar el plan de Sánchez contra el Poder Judicial

La números dos de los populares también pidió que la Mesa renunciara a seguir tramitando ese paquete de forma urgente, que solicitara a los órganos consultivos que informaran del mismo y que reconociera la falta de congruencia de las enmiendas referentes al TC y CGPJ.

En ese momento, efectivamente, la Mesa del Congreso ya no tenía poder para inadmitir esas enmiendas. Pero lo había tenido y no lo había ejercido hasta horas antes cuando, en un calendario frenético, la Comisión de Justicia había aprobado unas polémicas enmiendas que había admitido e incluido en la ponencia la tarde anterior. Batet tiene competencia para convocar a la Mesa del Congreso de forma extraordinaria, y éste órgano tiene poder para inadmitir una enmienda que ha sido previamente aceptada por una comisión, antes de que sea aprobada por la misma. Si hubiera querido, la presidenta de la cámara habría podido convocar una reunión extraordinaria de la Mesa el lunes, para examinar la constitucionalidad de las enmiendas y enmendar el criterio de la Comisión de Justicia.

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No en vano, ese lunes 12 por la tarde la letrada Isabel Revuelta había advertido a la Mesa de la Comisión de Justicia de que varias enmiendas de la reforma de la sedición y la malversación podían ser inconstitucionales. Las referentes al cambio de mayorías en el CGPJ y el TC se encontraban entre ellas. A pesar de ello, y de varias peticiones escritas y orales de inadmisión por parte de PP y Cs, el citado órgano los había admitido. Previamente, en torno al mediodía, habían llegado al despacho de Batet dos escritos. Uno del PP y otro de Vox reclamando la intervención de la Mesa para tumbar la admisión de las citadas enmiendas.

Sin embargo, todas las fuentes consultadas coinciden en que la presidenta del Congreso ha defendido en todo momento que cada órgano de la cámara tiene atribuidas competencias que solo a él le corresponden realizar, y que las comisiones funcionan con autonomía a la hora de decidir su agenda.

Cuando Gamarra pidió el lunes al mediodía la intervención de la Mesa de la cámara, los populares aún no habían acudido en amparo ante el TC alegando vulneración de derechos y solicitando la suspensión de las enmiendas sobre el CGPJ y el TC. En ese momento la presidenta del Congreso aún estaba a tiempo de evitar la que ha sido la crisis político-jurídica más importante de los últimos años. Pero, pese a la clara jurisprudencia existente, optó por ignorar el escrito y no alterar el plan del Gobierno respecto a que ese paquete de reformas se aprobara antes de Navidad.

Así fue como Batet voló de un plumazo el derecho de la oposición a poder recurrir de forma efectiva a la Mesa. Y es que el portavoz del PSOE, Patxi López, registró las polémicas enmiendas el viernes día 9, el PP recurrió su admisión ante la Mesa del Congreso el lunes 12 al mediodía, horas antes de que la Comisión de Justicia decidiera tramitarlas, y Batet no analizó ese escrito hasta el martes 20. Su alegación fue que había sido registrado cuando ya estaba cerrado el orden del día de la reunión de la Mesa del día 13. De este modo, si las enmiendas del PSOE solo necesitaron seis días para ser admitidas, tramitadas y aprobadas pese a cambiar leyes orgánicas, los escritos de inadmisión presentados ante la Mesa necesitaron ocho días de trámite, dos más.

La capacidad de la Mesa para enmendar decisiones de las comisiones es incuestionable, como acreditan varios precedentes. De hecho, los socialistas han reconocido esa competencia al solicitar varias veces la intervención de este órgano. Así sucedió cuando pidieron al expresidente del Congreso Jesús Posada que admitiera todas sus enmiendas a la ley de eficiencia presupuestaria de la Justicia, después de que la comisión hubiera inadmitido algunas. Y de nuevo solicitaron a Posada que inadmitiera enmiendas del PP a la ley de rehabilitación urbana, que ya habían sido admitidas en comisión.

Además operaba un precedente reciente, del 20 de septiembre de 2018, cuando la Mesa del Congreso presidida entonces por Ana Pastor inadmitió una enmienda aceptada por la Comisión de Justicia. El PSOE la había presentado para anular el veto del Senado al techo de gasto desde una ley sobre violencia de género. Aquel acuerdo destaca la función de la Mesa «de decidir sobre la tramitación de todos los escritos» y su «deber de asegurar la buena marcha de los trabajos». Batet, por tanto, tuvo capacidad para abortar el asalto a la Justicia. Cuestión distinta es que no quisiera hacerlo.