El Senado evitará un nuevo choque con el Congreso y ya tiene vía libre para ir al Constitucional

Un informe, al que ha tenido acceso ABC, que reitera la falta de competencias de la Mesa para tratar este asunto y concluye que «no parece que el Senado pueda realizar un segundo requerimiento, que no tiene encaje constitucional, ni tampoco tiene medios de impugnar este acuerdo de la Mesa del Congreso y solicitar su rectificación. Si el Senado, no obstante, reitera su requerimiento o solicita al Congreso la rectificación de su contestación, lo más probable es que el Congreso vuelva a ratificar su contestación, por lo que parece una vía improductiva», apunta el escrito. Fuentes de la Mesa, consultadas por ABC, señalan que la intención es enviar un escrito de reconsideración, pero no alargar más el choque, haciendo caso así a la recomendación de los letrados.

Un formalismo necesario por si finalmente deciden elevar el choque ante el Constitucional, algo que no está decidido. «A efectos de acreditar en el trámite ante el Tribunal Constitucional la disconformidad del Senado con la contestación del Congreso, no conviene que el Senado se aquiete al acuerdo del Congreso, lo que se podría interpretar como conformidad tácita o allanamiento. Por ello, la Mesa del Senado, en el momento de la calificación de este acuerdo de la Mesa del Congreso, debe adoptar un acuerdo de remitir a dicha Mesa su disconformidad respecto a la contestación dada al requerimiento, por los motivos que se indican en este Informe o los que la Mesa, en su caso, considere«, apunta el informe.

La reunión semanal de la Mesa, presidida por Pedro Rollán, ha puesto en conocimiento de todos los miembros el contenido del informe en el que se analiza la respuesta del Congreso y se desmonta uno por uno sus argumentos para rechazar el requerimiento del Senado. La consideración más importante, que anularía todas las demás, es que la Mesa de la Cámara Baja no es competente para responder al requerimiento, algo que tendría que haber hecho el pleno, en el que sí están representados todos los grupos. «La Mesa del Congreso, con este acuerdo ultra vires, nulo conforme a las reglas más elementales de validez de los actos, está entorpeciendo el ejercicio por parte del Senado de su derecho a plantear el conflicto», apunta el escrito.

La Mesa del Senado debe decidir también si acude o no al Tribunal Constitucional para pedirle amparo en este conflicto, una vez que da por asumida la respuesta del Congreso. No tanto por entender que es válida, sino porque considera que sería absurdo volver a requerir una contestación vía pleno que no iba a llegar. En este sentido, lo que los letrados explican en su informe es que el requerimiento y el choque no viene por la supuesta constitucionalidad de la ley de amnistía, que deberá ser estudiada por el TC en su momento, sino por entender que el tribunal debe decidir sobre la usurpación de funciones durante la tramitación de la misma.

«El Senado no pretende, como dice la respuesta del Congreso, que el TC analice la constitucionalidad de la ley de amnistía, esto es, la adecuación de su contenido a los principios y valores constitucionales, o si se han producido vicios formales durante el procedimiento, sino que lo que el Senado solicita es que se examine por el Tribunal si el Congreso, mediante la tramitación de esta iniciativa, ha impedido al Senado el ejercicio de una competencia constitucional que se le atribuye en los artículos 167 y 168 de la Constitución, que es la que tiene en materia de reforma de la Constitución», explica, al tiempo que aclara que «no requiere la recalificación de la iniciativa, sino su completa anulación, y la presentación, en su caso, de una propuesta de reforma del modo que proceda».

Mientras este proceso sigue su curso, de manera paralela, como explica el informe, la ley de amnistía continúa con su normal tramitación en el Senado, donde se continúa recibiendo a expertos para opinar sobre su contenido. El veto, que ya han anunciado desde el PP, se consumará en el pleno que enviará de vuelta la ley al Congreso y que aún no tiene fecha.

Hay dos opciones: una es que se celebre el 8 de mayo, pocos días antes de la celebración de las elecciones catalanas, o el día 14, dos días después de la cita con las urnas.