El PSOE recula y no citará a los fiscales a la comisión de investigación de las mascarillas

Como si se tratara de una jugada planificada más que de un despiste (el debate sobre las comparecencias de jueces y fiscales en comisiones estuvo sobre la mesa hace apenas tres meses, por las polémicas comisiones 'lawfare'), lo cierto es que los socialistas acabaron el día intentando buscar la fórmula para salvar el listado sin necesidad de volver a someterlo a votación y contando ya de antemano con que los tres fiscales no comparecerán.

Tan rápido fue todo que la mayoritaria Asociación de Fiscales (AF) reaccionó cuando ya lo había hecho el fiscal general del Estado, que, en un certero movimiento, evitó que se abriera aún más la grieta en un Ministerio Público en el que precisamente su gestión está cada vez más en el punto de mira.

Fue García Ortiz quien dio el primer paso una vez publicada la lista de los comparecientes. Lo hizo con el envío de una carta, el martes por la tarde, al presidente de la comisión de investigación, el socialista Alejandro Soler. En ella le pedía que se «reconsiderara» la citación del jefe de Anticorrupción, pues esta Fiscalía está «involucrada en muchos procedimientos» objeto de esa investigación (las compras de mascarillas) y la comparecencia de Luzón podría «perturbar» el trabajo del Ministerio Público. «Podría constituir un inconveniente para la tramitación de las investigaciones fiscales y judiciales de naturaleza reservada o, incluso, para las alegaciones al derecho de defensa que pudieran efectuar los afectados por tales investigaciones», señalaba la misiva.

El envío de la carta trascendía, por parte de la propia Fiscalía General, este miércoles por la mañana, apenas unos minutos antes de que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, compareciera ante los medios en Valencia para, en un alarde de contradicción -es su partido, el PSOE, el que había aprobado esta lista horas antes-, decir lo mismo con otras palabras. «No tiene ningún sentido que jueces y magistrados vayan a declarar a comisiones de investigación sobre causas que están conociendo, y creo que el mismo principio es aplicable a los fiscales: tampoco tiene sentido que los fiscales vayan a declarar a comisiones de investigación sobre temas que están instruyendo y están conociendo en su condición de fiscales», dijo.

De la misma forma lo ve la ministra de Defensa, la juez Margarita Robles. En declaraciones a los medios de comunicación a su llegada al Foro Económico 'Wake Up, Spain!', opinó que «llevar a jueces y fiscales al ámbito de comisiones no es el procedimiento más adecuado» y reconoció el trabajo «con arreglo a la legalidad» de los jueces y fiscales apelando además a la independencia del Poder Judicial. Al margen de eso, la ministra evitó valorar «lo que se haga en el Congreso» y las posturas de los diversos partidos en el ámbito parlamentario. Otras fuentes socialistas apuntan no tanto a un cambio de posición ni a una teatralización, sino a que el grupo parlamentario actuó de manera autónoma sin pasar por La Moncloa. Algo que no es la norma pero tampoco excepcional. En cualquier caso, el Gobierno tardó casi 24 horas en mover la posición del partido.

Aunque no hay una alusión específica en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal a este tipo de comparecencias, fuentes fiscales recuerdan que la Fiscalía está integrada -con autonomía funcional- en el Poder Judicial y que, en ausencia de una regulación expresa en el texto que regula a la carrera, le son aplicables los mismos principios que a los jueces y magistrados. «Con carácter supletorio o analógico, si no lo regula expresamente el Estatuto fiscal o el reglamento, hay que acudir a la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)», dicen.

Así sucede, por ejemplo, con el artículo 28 del Estatuto fiscal, que remite a la LOPJ en lo que se refiere a las causas de abstención de los fiscales, las mismas establecidas para los jueces y magistrados en el artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El artículo 399 de esta ley señala que «las autoridades civiles y militares se abstendrán de intimar a los jueces y magistrados y de citarlos para que comparezcan a su presencia». Y añade: «Cuando una autoridad civil o militar precise de datos o declaraciones que pueda facilitar un juez o magistrado, y que no se refieran a su cargo o función, se solicitarán por escrito o se recibirán en el despacho oficial de aquél, previo aviso».

Fue precisamente a este artículo, junto al 396 de esa misma ley -«los jueces y magistrados no podrán revelar los hechos o noticias referentes a personas físicas o jurídicas de los que hayan tenido conocimiento en el ejercicio de sus funciones»- al que aludió el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en una declaración unánime el pasado diciembre. Los vocales emplazaron al Congreso y al Senado a no citar a jueces y magistrados para declarar sobre hechos conocidos en las actuaciones objeto de su actividad jurisdiccional. El propio García Ortiz habló de este línea roja en su comparecencia ante la Comisión de Justicia en diciembre.

Fuentes fiscales no ocultan su preocupación por el precedente que puede suponer de cara a las comisiones 'lawfare' abrir la veda con la comparecencia de fiscales en el Congreso.

En una escueta nota de prensa, la mayoritaria Asociación de Fiscales recordaba ayer por la noche que la citación de los fiscales «pretende instrumentalizar políticamente, controlar y condicionar la actuación de instituciones encargadas de perseguir delitos de corrupción». A su juicio, la intervención de un poder del Estado en la actuación de órganos que deben ser independientes «quebranta principios esenciales del derecho español y el de la UE». Se trata, insisten, de «ataques interesados políticamente a fiscales y jueces».