Semana clave para Sánchez: los deberes de su investidura más allá de la amnistía

La más complicada, porque le separan de ella un puñado de exigencias de diversa procedencia, alguna de ellas de dudoso encaje moral y constitucional. Un dilema entre anotar y gobernar con una losa histórica o irse a la prórroga y buscar una repetición electoral en la que redimirse. Dilema que Sánchez ha dejado atrás en las últimas horas, en las que ha dado por hecha la amnistía, dando inicio a unas negociaciones complicadas que comenzarán esta semana en las que independentistas, nacionalistas y Sumar tratarán de sacar tajada de la debilidad del socialista, obligado a contentar a todos para seguir en La Moncloa.

Serán deberes transversales, en muchas ocasiones, pues las reivindicaciones soberanistas de los catalanes se ven con buenos ojos en el País Vasco y porque las ansias económicas de los nacionalistas casan con los intereses de los independentistas. Exigencias de ida y vuelta que, en muchos casos, tienen también acogida en otros territorios y ante las que Sánchez no va a poder mirar para otro lado. Basta un resbalón con uno de los grupos para que el lanzamiento termine estrellándose con el aro.

Es el gran asunto de la negociación con los catalanes –ERC y Junts– pero que también se ve con una sonrisa en los despachos de Bildu y el PNV. Todos ellos han hablado de un mayor o menor nivel de autogobierno durante las últimas semanas y queda por ver hasta dónde está dispuesto a llegar Pedro Sánchez. La amnistía, uno de los pasos previos para sentarse a hablar, está ya en marcha y ahora queda por ver si el PSOE acepta el órdago de Puigdemont y Junqueras. Una autodeterminación que es imprescindible para los catalanes y que por el momento descartan los socialistas. Aunque también lo hacían con la amnistía hasta hace dos meses. Entre medias de ambos asuntos, está el del mediador internacional, otro de los requisitos de Junts para abrir la mesa de diálogo para la investidura.

La reforma de la financiación de las comunidades autónomas es un melón que nadie se atreve a abrir por su complejidad pero que muchos de los actores presentes en la negociación con Sánchez quieren poner sobre la mesa esta vez. Se trata de una reivindicación de catalanes y vascos, pero también de Sumar, en cuyo seno hay diferentes formaciones de ámbito más local que están muy interesadas en el asunto.

Se trata, por ejemplo, de Compromís, hasta hace poco parte del gobierno de la Comunidad Valenciana, una de las regiones que se siente peor tratada en el déficit fiscal. Fuentes de Sumar confirman que este tema debe abordarse en la investidura y a él se agarrarán también en ERC y Junts, que ya han pedido que desean que se condone parte de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico, que asciende a 70.000 millones de euros.

La gran diferencia entre la reforma que piden muchas autonomías –con la que incluso está de acuerdo el PP– y lo que quieren los separatistas tiene un nombre: bilateralidad. Los catalanes van a exigir a Sánchez que las negociaciones en este asunto sean de tú a tú y no en conjunto como se había hecho hasta ahora. Algo que implicaría, de alguna manera, el reconocimiento de Cataluña como parte especial del Estado y le daría un estatus que difícilmente podría tener marcha atrás.

La debilidad de Sánchez en esta negociación es propicia para que los partidos nacionalistas traten de arrancar algunas de sus reivindicaciones históricas. El PNV, que anunció ya el viernes que había comenzado a hablar con el PSOE, tiene claro que su voto afirmativo para por retomar el calendario de transferencias que quedó sin efecto tras la pandemia.

La más importante de esas concesiones a su autogobierno es la del régimen económico de la Seguridad Social, al que esta vez no van a renunciar. En esa exigencia coincide Bildu, para los que aglutinar más poder y autogobierno es algo fundamental. En su caso, los deberes a Sánchez van más allá del estudio de un nuevo Estatuto, pues quieren más beneficios para los presos de ETA, con los que el PSOE ya tuvo varios guiños durante la pasada legislatura.

En Cataluña, otra de las reivindicaciones es la cesión de la gestión de los trenes de cercanías, aunque no de cualquier manera. Junts y ERC estarían felices de asumir esa transferencia, pero siempre que se haga con unas condiciones favorables, tanto material como económicamente. Por su parte, Coalición Canaria no ha desvelado su voto, poco trascendente como el del BNG, pero sí ha dejado entrever que si el PSOE se compromete con la agenda canaria (una serie de requisitos económicos con las islas) no tendría problema en apoyar la investidura. Eso sí, la posible amnistía sería un escollo que tendrían que estudiar en su directiva. Su Gobierno regional depende del PP.

Los futuros socios de investidura de Sánchez ganaron con facilidad la batalla de las lenguas el Congreso de los Diputados. A cambio de la presidencia, el PSOE cedió en una reivindicación histórica de los nacionalistas que ha convertido el Parlamento en un espacio plurilingüe con pinganillos. Pero la ambición va más allá y los aliados de Sánchez quieren que el uso de catalán, gallego y euskera sea una realidad en Europa, donde la medida fue rechazada hace algunas semanas, aunque sigue pendiente de estudio. Que no caiga en el olvido será otro de los deberes de los socialistas.

Es una de las reivindicaciones históricas de vascos y catalanes que, esta vez, podría ver finalmente la luz. Ya en la Ley del Deporte de 2022, Sánchez aceptó una enmienda del PNV que permitía a selecciones vascas competir internacionalmente en deportes de especial arraigo en la región. Un guiño que ahora podría ir más allá con el reconocimiento total de las federaciones autonómicas y su luz verde para que se integren en aquellas que internacionalmente así se lo permitan.

Si Sánchez consigue aprobar todas las demás asignaturas, sellando un acuerdo programático con todas las partes, le tocará comenzar con la última tarea. Una especie de reválida imprescindible que implicará específicamente a Sumar y al PSOE, los socios de la coalición. Se trata del reparto de ministerios, que tantos quebraderos de cabeza le dio a Sánchez hace cuatro años y que vuelve a aparecer en el horizonte como problema mayúsculo.

Sobre todo, por las ansias de poder dentro de Sumar, donde el factor Podemos amenaza con convertirse en una pesadilla para el futuro Gobierno. En la formación morada insisten en sus votos son independientes y que están a la espera de que el PSOE les responda a sus reivindicaciones, entre las que está que Irene Montero continúe al frente de Igualdad. Una opción que no tiene visos de hacerse realidad y que habrá que ver hasta que punto condiciona el sí de Podemos a la investidura. Por su parte, Yolanda Díaz quiere ir un paso más allá respecto a la pasada legislatura y quiere pedir la titularidad de ministerios clave como el de Sanidad o Vivienda.