Sánchez se resiste a impulsar la despolitización del CGPJ en la última bala para cerrar un acuerdo

Sánchez y Feijóo estuvieron acompañados durante buena parte de la reunión del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y del vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons. La presencia de los dos lugartenientes ponía de manifiesto que la reunión no estaba siendo simplemente un intercambio de posiciones irreconciliables, sino que se estaba buscando una solución que puedan asumir las dos partes. Pero el único acuerdo tangible fue la voluntad de las partes de retomar la negociación y no trasladar, al menos por ahora, a la opinión pública un nuevo desencuentro ante lo que ambos definen ya como «crisis constitucional».

El encuentro duró algo más de tres horas. Y al término, Bolaños y González Pons comparecieron por separado. «Nos comprometemos a negociar, ojalá, ahora ya en serio», dijo el ministro de Presidencia desde La Moncloa. «Es una buena noticia que en vez de salir ninguneados, nos hemos encontrado con un Gobierno que está dispuesto a hablar, a hacer propuestas y a hacer algo constructivo para los españoles. La buena intención y el diálogo es un nuevo marco», explicó por su parte González Pons desde Génova. Los dos coincidieron en hablar de un nuevo momento: «La principal conclusión de la reunión es que tanto Sánchez como Feijóo han acordado dar un último intento a la negociación para dar una solución rápida al bloqueo del CGPJ y del TC», señaló el ministro Bolaños. «Nos hemos dado una última oportunidad, a quien le ha pasado con su pareja sabe de lo que estamos hablando. Jugar al todo o nada», expresó con nitidez el político valenciano.

El encuentro venía precedido de semanas de tensión. Las posiciones están alejadas. El Gobierno se aferra a la norma vigente para exigir al PP, sin condiciones, que se renueve el CGPJ. Los populares, por su parte, ya han accedido a la idea de esa renovación con el actual sistema. Lo hicieron en julio. Y cuentan a su favor con la demanda de la Unión Europea de reformar el sistema de elección, que se aproxima ya a su cuarto aniversario con el mandato caducado. «Los últimos acontecimientos reafirman una vez más la urgencia de encontrar una solución», señaló ayer en una rueda de prensa desde Bruselas el portavoz comunitario de Justicia, Christian Wigand.

A falta de resultados concretos, algunos detalles apuntan a una flexibilización en las posiciones del Gobierno. Si el Ejecutivo rechazase frontalmente la posibilidad de introducir criterios de independencia en una futura reforma del método de elección. Pero fuentes conocedoras del detalle de este contacto aseguran que no hay acercamiento en puntos concretos. Aunque sí se percibe una atmósfera diferente. El presidente del PP acudió a la cita pertrechado con el documento que envió a La Moncloa en el mes de julio. Pero en ningún momento se plasmó un compromiso claro por parte de Sánchez sobre los requerimientos de Feijóo.

El PP en julio planteó vincular las negociaciones del CGPJ y del Tribunal Constitucional (TC). Por ahora parece que sí habrá un punto de entendimiento para pactar con una orientación hacia el PP la plaza que dejó vacante en el TC Alfredo Montoya Melgar, por motivos de salud, y que debe elegirse en el Senado. Los populares también plantearon como cuestiones sustanciales en julio, y ayer reiteraron, que «no podrán ser nombrados vocales del CGPJ quienes hayan desempeñado cargos vinculados a la política en los cinco años inmediatamente anteriores». Este sería un principio que se incorporaría a la futura norma. Que es el otro punto fundamental para el PP: «se presentará una proposición de ley a tramitar por el procedimiento de urgencia» que, entre otras cosas, mandata al CGPJ recién nombrado a elaborar «en un plazo de seis meses desde su toma de posesión, una propuesta de reforma del sistema de elección de los vocales del turno judicial». El presidente del Gobierno no validó esas propuestas.

El Gobierno lleva meses rechazando la reforma. No la considera óptima. Y mucho menos quiere que aparezca vinculada a la renovación inmediata del CGPJ. En la propia víspera de la reunión los mensajes emitidos desde Moncloa iban en esa dirección: resaltar la gravedad de la situación y pedir que Feijóo accediese sin más a renovar. De esa dureza no quedó nada este lunes.

Bolaños trató de esquivar el interrogante de si el Gobierno estaría ahora abierto a estudiar el cambio de modelo en la elección de los vocales que plantea el PP para despolitizar así el Poder Judicial. Al primero de los informadores que preguntó por ello intentó ignorarle, para a continuación perderse en un largo y confuso enunciado: «Es un asunto en el que ustedes conocen cuáles son las distintas posiciones, y por lo tanto que sea algo que el PP plantea de manera pública hace que ellos mantendrán perfectamente esa posición, sin ninguna duda, y será una pregunta que tendrán que formular al PP». Ante una segunda informadora se amparó en la discreción. «Vamos a trabajar con intensidad, y cuando haya acuerdos para comunicar a la opinión pública, así lo haremos» zanjó, evitando respaldar la idea del PP pero sin descalificarla o despreciarla como venía haciendo habitualmente, la última vez hace dos semanas con motivo de la visita a España del comisario de Justicia de la Unión Europea (UE), Didier Reynders. En privado desde el Gobierno se evitaba también confrontar con los planes del PP.

La presión se cierne sobre Moncloa. Sánchez ya ha hecho todos sus movimientos en este asunto. Primero aquella proposición para rebajar las mayorías parlamentarias necesarias, que tuvo que retirar por la presión de Bruselas. Más recientemente intentando proceder a un nombramiento parcial del cupo de magistrados que ahora toca elegir para el TC. Con la dimisión de Lesmes sin que el CGPJ haya designado los dos magistrados que le corresponden en la renovación del TC, Sánchez tiene un problema. Dado que quería culminar ya una reforma que le permitirá desnivelar su composición hacia una mayoría progresista.

El Gobierno también ha quedado comprometido tras la visita del Comisario Reynders, que en su visita a España se expresó en una posición que se enmarca en la postura del PP: en primer lugar renovar «de forma prioritaria» e «inmediatamente después una reforma que cumpla con la norma europea». Y advirtiendo de que sería mejor empezar la Presidencia de la UE, que le corresponde a España en el segundo semestre de 2023 «con una plena puesta en marcha de las recomendaciones». La sensación es que ayer algo se movió. «Tengo razones para estar contento porque ha vuelto el diálogo entre el Gobierno y la oposición», reconoció Pons. Lo que tenga que ser será no más tarde de la próxima semana.