Sánchez enfada a Pradales al salir de la Moncloa sin acuerdo completo sobre la Seguridad Social

Antes Madrid y Vitoria habían anunciado las líneas de acuerdo: la ampliación de medios patrimoniales para la prestación de servicios en la higiene del trabajo, consensuar el traspaso de funciones en materia de Salvamento Marítimo, las prestaciones económicas del seguro escolar y las prestaciones familiares de la Seguridad Social no contributivas y del subsidio especial por nacimiento. Era algo, pero insuficiente para el lendakari, que sí ha dicho que con lo anterior «se abre la puerta» para hacer efectivo más adelante el traspaso, pese a no tocar este martes las prestaciones por desempleo y las pensiones.

La fecha estaba marcada en rojo en el calendario del nacionalismo. El traspaso de la gestión económica de la Seguridad Social, que forma parte del paquete de pactos al que llegaron el PNV y el PSOE para que los primeros dieran su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez en 2023, es el de mayor trabajo y complejidad de la lista. Un compromiso a cumplir en el plazo de dos años (es decir, antes de 2026), en desarrollo del Estatuto de Autonomía del País Vasco, que reserva dicha competencia a la comunidad autónoma en su artículo 18. Ya desde hace meses, el Gobierno vasco por medio de su portavoz y consejera de Gobernanza, Administración digital y Autogobierno, María Ubarretxena, venía advirtiendo de que avanzaban con «urgencia» en la cuestión. Así, ha sido ella quien ha liderado las negociaciones este tiempo. En concreto, con dos ministerios. El de Trabajo y Economía Social de Yolanda Díaz y el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de Elma Saiz.

Habían dividido el traspaso en dos bloques. El primero, sobre el que esperaban resultados este martes, afecta a las prestaciones contributivas y no contributivas de empleo y al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Estas son las políticas activas en la materia, puesto que las pasivas (relativas, por ejemplo, a las formación de los parados) ya están en manos de la comunidad autónoma a través de su servicio Lambide. Supondría que el País Vasco asumiese el pago de las prestaciones por desempleo, aunque el coste partiese del Estado. Es decir, un cambio de manos, de forma que el ciudadano percibiese el monto de la administración vasca y no de la estatal, aunque sin tener esta la capacidad para fijar las cuantías.

Sin embargo, en mitad de estas negociaciones, llegó el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con revelaciones sobre la implicación de la cúpula socialista en una presunta trama de corrupción, afectando a las relaciones bilaterales que Sánchez viene desarrollando con el Gobierno vasco. Unas a las que, desde la última Conferencia de Presidentes, el Ejecutivo liderado por Imanol Pradales fía el avance de la agenda vasca, tras su choque con Isabel Díaz Ayuso a cuenta del uso del euskera en la cita celebrada en el Palacio de Pedralbes de Barcelona.

El PNV, pese a que algunas figuras de su órbita han aparecido salpicadas en la trama, trató de escenificar su desagrado y cierto distanciamiento con Sánchez el miércoles de la semana pasada en el Congreso de los Diputados. La confianza estaba en la «UCI» según dijo la portavoz nacionalista, Maribel Vaquero, en un pleno monográfico donde el presidente del Gobierno trató de dar explicaciones sobre las informaciones que cercan a sus dos ex secretarios de Organización, José Luís Ábalos y Santos Cerdán. Es este último, al que la UCO atribuye un papel preponderante en la trama, y ya ha sido enviado a prisión provisional tras prestar declaración ante el Tribunal Supremo.

Así pues, la legislatura entraba en «otra fase», tal y como dijo Pradales, pero los nacionalistas seguían con la mirada puesta en el calendario de transferencias aún por cumplir. Es por esto que la reunión de la Comisión Bilateral celebrada este martes en la Moncloa se preveía como clave para dar pasos hacia adelante en sus exigencias, ante el riesgo de un acortamiento repentino de la legislatura. Precisamente, ya lo fue la primera reunión entre el presidente vasco y el español, celebrada el 27 de noviembre del año pasado. Prevista para principios de ese mes y retrasada por la catástrofe que arrasó Valencia, de aquella salieron con la hoja de ruta detallada para hacer efectivos varios traspasos al País Vasco como la gestión del litoral o de los permisos de trabajo para extranjeros. El primero de ellos fue asumido a principios del mes de abril por la comunidad autónoma, cuatro meses después del encuentro. El segundo, a prinicpios de julio.

Con este precedente y ante la necesidad de Sánchez de amarrar a sus socios en una situación de extrema debilidad, el Gobierno vasco presionaba. «Llevamos meses trabajando muy intensamente y lo que esperamos es que haya altura de miras para poder refrendar los compromisos adquiridos. Tenemos encima de la mesa una agenda muy importante para Euskadi y lo que esperamos es que al otro lado haya voluntad política para que hoy pueda ser un día importante para Euskadi», afirmaba esta misma mañana Ubarretxena de forma previa a la reunión. En la carpeta de asuntos pendientes, además de la Seguridad Social, la delegación vasca llegaba para tratar cuestiones como la oficialidad del euskera en la Unión Europea, la política migratoria o la inversión en redes eléctricas.