Sánchez sigue sin mencionar la amnistía tras el encargo del Rey y aboga por un pacto «de legislatura» con Puigdemont

El secretario general del PSOE compareció en La Moncloa para dar cuenta de que aceptaba el encargo, algo que dijo hacer -después de un exordio en el que mostró sus condolencias por las víctimas del incendio de la discoteca de Murcia del fin de semana- «con ilusión». La de «saber todo lo que España puede avanzar cuatro años con un Gobierno progresista».

Sánchez, que sólo concedió tres turnos a la prensa, volvió a evitar la sola mención de la palabra amnistía durante media hora de comparecencia. Aunque avaló, de manera más o menos críptica, el olvido legal de los delitos relacionados con el referéndum ilegal y la declaración de independencia de hace ahora seis años en Cataluña.

Lo hizo por varias vías, según iba despejando las preguntas de los informadores, desde el atril en el que intervino de pie, como en las grandes ocasiones, bajo la atenta mirada de varios de sus principales colaboradores, entre ellos el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, su jefe de gabinete, Óscar López, o el secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès, sentados en la primera fila.

«Es la hora de la generosidad y del liderazgo», afirmó como primera aproximación muy genérica a la materia, aunque enseguida apeló a las «decisiones difíciles» que, según argumentó, tuvo que tomar en el pasado con respecto a Cataluña. «Cuando tomé la decisión de los indultos, yo confiaba en los efectos beneficiosos que iba a tener para la convivencia en Cataluña y para, también, superar lo sucedido en 2017. Hoy puedo constatar, y es una convicción, que esa decisión fue una decisión acertada y bien tomada, en aras del interés general», aseveró en referencia al perdón concedido por su Ejecutivo en 2021 al líder de ERC, Oriol Junqueras, y al resto de cabecillas del 'procés' condenados por el Tribunal Supremo (TS) en 2019. No fue más allá, pero tampoco hizo falta. De hecho, basta el simple ejercicio de sustituir indultos por amnistía, y modificar algún tiempo verbal, para tener una idea bastante aproximada de lo que ronda al respecto por la cabeza del presidente.

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Pero aún habría, aunque casi de pasada, una referencia más explícita, siempre sin llevarse la palabra amnistía a los labios. Cuando dijo que «los españoles deben tener las garantías de que, aunque lógicamente las conversaciones tienen que ser discretas, los acuerdos serán transparentes y conocidos. Tanto es así que tienen que ser refrendados por el Poder Legislativo [las Cortes] y... en fin, seguro, porque además eso ha pasado en la pasada legislatura, hasta incluso el Tribunal Constitucional se tendrá que pronunciar», afirmó adelantando un fallo del órgano de garantías, de mayoría de izquierdas desde este año y con Cándido Conde-Pumpido -el ex fiscal general del Estado con José Luis Rodríguez Zapatero- al frente, ante el eventual recurso por parte de la oposición.

Sánchez aprovechó la ocasión para rechazar taxativamente el referéndum de independencia que los grupos independentistas llevaron la semana pasada al Parlament y sobre lo que el PSOE y el PSC, el partido hermano de los socialistas en Cataluña, emitieron un escueto comunicado de rechazo aunque sin mencionar la palabra referéndum. Otra sonada omisión. Ayer el presidente se explayó sobre este particular: «Siempre lo he dicho, no solamente porque no lo contemple la Constitución, sino porque es contrario a lo que yo he defendido siempre, con mi palabra y con mi acción, un referéndum de autodeterminación». A su juicio, «lo que quieren los catalanes y las catalanas es pasar página de esa situación y provocar un reencuentro».

Al margen de la amnistía, cuyo texto se negocia desde hace semanas con los independentistas, Sánchez quiso enfatizar en su intervención que reclama un acuerdo no sólo para su investidura, que dijo que espera «cuanto antes», sino «de legislatura». Esto último en principio va dirigido hacia todos sus socios potenciales, aunque en realidad hay pocas dudas a estas alturas de la implicación con su proyecto de formaciones como ERC y Bildu, que después de facilitar con una abstención clave su investidura de enero de 2020, pasaron a votar sí todos los últimos Presupuestos Generales del Estado y varias de las leyes clave de la pasada legislatura, como las de vivienda o memoria democrática. Por ello, el mensaje de dar mayor alcance a lo que se acuerde primero para el próximo debate de investidura tiene un claro destinatario, que no es otro, de nuevo, que Puigdemont, cuya formación, Junts per Catalunya, se ha significado estos últimos cuatro años por el no a todo: investidura, presupuestos, leyes e incluso eventualidades como los estados de alarma decretados en 2020 durante al pandemia y luego tumbados por el TC.

En cualquier caso, Sánchez no quiso poner todos los huevos en la cesta de la amnistía y ni siquiera del acuerdo con los independentistas. Hoy mismo se reunirá en el Congreso de los Diputados con su vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, con la que tendrá que avanzar en algunas propuestas programáticas del espacio a la izquierda del PSOE, particularmente para controlar el precio de los alquileres o reducir la jornada laboral, así como en el diseño del que sería el segundo Gobierno de coalición de la izquierda, en esta ocasión sin Irene Montero en Igualdad, como reclama insistentemente Podemos, e incluso con esa cartera en manos socialistas, como reivindica el sector feminista de ese partido, con figuras tan relevantes como la exvicepresidenta Carmen Calvo, desde hace tiempo.

A partir de mañana, y tal y como él mismo reconoció, habrá «un paréntesis» en las negociaciones de investidura, dado que este jueves y viernes se celebra en Granada la cumbre informal de la Unión Europea (UE), con Sánchez como anfitrión en su condición de presidente de turno del Consejo Europeo, condición que ostenta durante todo el segundo semestre de este año.

En el ámbito comunitario, y ante sus colegas, el presidente en funciones trata de enfatizar que en las elecciones del pasado 23 de julio España puso freno al «retroceso» y a la «involución» que bajo su prisma hubiera representado un Gobierno central de coalición entre el PP y Vox, como los que se constituyeron después de los comicios autonómicos y municipales del 28 de mayo en varias partes de España. A ese argumento dedicó ayer buena parte de su discurso, en el que señaló que su proyecto de país se basa «en el progreso social», dado que «queremos para los españoles y españolas salarios dignos, empleo estable y pensiones seguras», así como hacer «de la vivienda un derecho y no un bien de lujo», todo ello con «la plena igualdad efectiva entre hombres y mujeres», sin olvidar la transición verde para alcanzar «formas de producción y de consumo que preserven el medio ambiente». Todo, a su juicio, amenazado por PP y Vox. Sánchez citó también la «convivencia entre españoles» como uno de los pilares de su proyecto. Poco después de escucharle, Puigdemont publicó en sus redes una foto del Rey bocabajo y acusando al jefe del Estado de haber puesto en 2017 la corona «al frente de la represión», informa Daniel Tercero.