La renovación del CGPJ deriva en un callejón sin salida para el PP

Llegado este momento, y una vez que el órgano que preside Cándido Conde-Pumpido ha despejado las dudas que podía suscitar la constitucionalidad de esa reforma, que en la práctica se ha traducido en que hoy haya más de 80 puestos vacantes en la cúpula judicial –23 de ellos en el Tribunal Supremo–, el Gobierno tiene vía libre para tocar por octava vez en dos años una ley con la que conseguiría el control del propio CGPJ en tiempo récord. El TC ha establecido las bases: el incumplimiento del mandato constitucional de renovación cada cinco años justifica la potestad normativa del legislador.

El PP tiene un problema, porque está en un callejón sin salida. O renueva el CGPJ en las condiciones que le impongan Pedro Sánchez y sus socios –renunciado por ahora a esa reforma en paralelo del sistema de elección de los vocales para que sean nombrados por los jueces– o parece claro que el Gobierno actuará por su cuenta y ya no le temblará el pulso para echar mano de iniciativas como aquella proposición de ley que rebajaba las mayorías parlamentarias para la renovación y que hace año y medio retiró por presiones internas y externas.

Fuentes parlamentarias se muestran convencidas de que una vez que el TC se ha pronunciado y que la situación de bloqueo provocará que el próximo diciembre el órgano duplique su mandato, Bruselas respaldaría una reforma que consiguiera una renovación inmediata. Cuestión distinta es cómo casaría esa iniciativa con la promesa que hace dos años el entonces ministro Juan Carlos Campo (hoy magistrado del TC) hizo a la vicepresidenta de la Comisión Europea Vera Jourová sobre la retirada de la reforma que rebajaba las mayorías después de que Bruselas expresara durante meses su seria preocupación por el ataque a la independencia judicial que esta modificación suponía.

El caso es que si aquella proposición de ley ya era motivo de preocupación en buena parte de la judicatura mucho antes de las elecciones del 23 de julio, lo es aún más la «vuelta de tuerca» que los partidos que sustentan al Gobierno están dispuestos a dar después de la investidura y que mataría dos pájaros de un tiro: al paso que se acomete la necesaria renovación del CGPJ, y con la excusa de que el PP se niega a participar en ella mientras no se garantice la despolitización de sus miembros, se conseguiría que el órgano de gobierno de los jueces sea controlado por una amplia mayoría progresista. Así, la nueva propuesta que se baraja no sólo pasaría por rebajar a mayoría absoluta la elección de los vocales jueces sino por hurtar al Senado (donde el PP tiene esa mayoría absoluta) la elección de seis de estos doce vocales y trasladarla íntegramente al Congreso, donde saldría adelante sin necesidad de contar con los de Alberto Núñez Feijóo.

Desde que se modificó la ley del Poder Judicial en 1985 la elección de esos doce vocales de procedencia judicial se ha repartido entre ambas cámaras –seis por el Congreso y seis por el Senado–, pero sí sería susceptible de modificación legal, pues no está sujeta al imperativo que establece la Constitución en su artículo 122 para el caso de los ocho vocales juristas: «El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De éstos, doce entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión», señala la Carta Magna.

Esta fórmula permitiría una renovación parcial del órgano –conviviendo los doce nuevos vocales con los siete juristas que llevan desde 2003 y cuyos sustitutos sólo pueden ser elegidos por mayoría de tres quintos– y configurar una mayoría progresista que permita hacer frente a esos más de ochenta nombramientos pendientes. Se trata de un escenario preocupante del que alertan desde el propio CGPJ y desde los propios tribunales, pues se dejaría en manos de ese nuevo Consejo la renovación nada menos que de un tercio de la plantilla del Supremo, plazas que sumadas a las vacantes que se esperan en los próximos cinco años por nuevas bajas y jubilaciones van a implicar un cambio en la mitad de la composición del Alto Tribunal.

Entre las vacantes del Supremo que hay que elegir se encontrarán el próximo año cuatro de las cinco presidencias de Sala: ahora están ejerciendo en funciones Pablo Lucas (Sala Contencioso-Administrativa) y Antonio Sempere (Sala Social), pero a ellas se sumarán en 2024 la de la Sala Civil (Francisco Marín Castán, por jubilación) y la de la Sala Penal (Manuel Marchena, quien no puede afrontar un tercer mandato).

Anticipándose a ese escenario, el actual presidente en funciones del TS –precisamente Marín Castán–, pidió de forma expresa en su discurso de apertura del año judicial que cuando se afronte la renovación nadie trate de sacar «ventajas políticas» y que la designación de nuevos magistrados no se haga «de forma apresurada» sino con prudencia y reflexión. La necesaria incorporación de savia nueva, dijo, debe acompasarse, «sin trastocarlo, al funcionamiento de una institución que supera los dos siglos de historia».

Ante este panorama, el PP está recibiendo presiones para que pacte la renovación del CGPJ en términos parecidos al acuerdo que estuvo a punto de cerrar con el PSOE en noviembre del pasado año y que se vio frustrado cuando irrumpió en escena la reforma penal que suprimió la sedición y rebajó la malversación. Fuentes próximas a aquella negociación reconocen que las conversaciones en ese momento estaban muy avanzadas en lo que se refiere a los perfiles de los juristas que debían entrar en el CGPJ y que el PP afrontaba esta renovación con las actuales reglas, pero con una modificación legal paralela para cambiar el modelo de elección de los vocales para que los de procedencia judicial fueran elegidos por la propia carrera en la línea que marca la Comisión Europea y el Consejo de Europa. El cambio de modelo nunca se llegó cerrar, entre otras razones porque, desoyendo a Bruselas, desde el Ejecutivo se sigue defendiendo la legitimidad parlamentaria para la designación de todos los vocales y el aval del TC al cambio de sistema que se impuso en 1985. (Sólo en el primer CGPJ de la historia los doce vocales jueces fueron elegidos por la carrera).

A raíz de las elecciones del 23 de julio el panorama se ha puesto más negro para los populares. Primero, porque los resultados les han pillado con el pie cambiado: Feijóo ya tenía redactado su plan de justicia y regeneración democrática para activarlo nada más aterrizar en La Moncloa. Este plan pasaba por modificar la ley del Poder Judicial vía anteproyecto (es decir, contando con informes) y tenerla lista sobre febrero del próximo año, cuando se procedería a renovar el Consejo bajo las nuevas reglas (la elección de los doce jueces por la propia carrera).

Segundo, porque Sánchez está ahora más crecido que antes de la convocatoria electoral y se siente respaldado no sólo por la misma mayoría con la que pretende aprobar la ley de amnistía, sino por el propio Tribunal Constitucional. En diciembre hará un año que un TC con distinta composición, entonces de mayoría conservadora, frenó en seco las enmiendas con las que PSOE y Unidas Podemos pretendían forzar la renovación del propio TC por la puerta de atrás.