La reforma de la malversación genera la primera petición de revisión de penas para corruptos

En un auto al que tuvo acceso ABC, el juez toma esta decisión después de que la fiscal solicitase poner fin al asunto y prepararlo para juicio citando a todos los imputados para comunicarles el procesamiento, tras haber completado ya la investigación sobre el presunto desvío de fondos públicos.

El instructor, sin embargo, resuelve prorrogar la investigación hasta el próximo mes de marzo porque «aunque la norma prevé un plazo de veinte días para su entrada en vigor, lo cierto es que la reforma podría suponer una revisión del escrito del Fiscal, en la medida en que sería necesario dar nuevo traslado a los efectos de valorar si procede o no la transformación del sumario», como adelantó Okdiario.

Así, pide a Anticorrupción que informe «si a la vista de las reformas introducidas» en el Código Penal, «mantiene la solicitud de transformación a sumario», es decir, la finalización de la causa en los términos que ahora sostiene y que implican que el horizonte de pena estaría por encima de los nueve años de cárcel. Entre los delitos que se persiguen figura el de malversación agravada.

La causa se sigue asimismo por ilícitos de fraude, cohecho, falsedad, prevaricación, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y maquinación para alterar el precio de los concursos públicos, en relación a una batería de adjudicaciones gestionadas desde Acuamed en favor de infraestructuras como plantas desaladoras.

La decisión, la adopta ante «la posibilidad de tener que volver a citar a todos los procesados para la declaración indagatoria en el supuesto de mantenerse la transformación al procedimiento sumario», sumado «a las excepcionales circunstancias generadas por la reciente modificación legal».

En este sentido, abunda en que se trata de «circunstancias especiales» que llevan a considerar que el plazo de instrucción vigente «resulta insuficiente». «En cualquier caso -añade- de acordarse la transformación, se requiere también la citación de todos los procesados para la declaración indagatoria, diligencia que en todo caso, se debería efectuar con todas las garantías necesarias para no verse afectada por la superación del plazo máximo de duración de la instrucción».

La polémica reforma del tipo penal de malversación impulsada por la vía de enmiendas al proyecto que deroga la sedición se publicó en el Boletín Oficial del Estado el pasado 23 de diciembre con la previsión de que entraría en vigor 20 días después.

Cambia el paradigma que regía hasta ahora condicionando el uso delictivo de los fondos públicos a los fines en que estos se destinen: lucro propio, de terceros o fines públicos distintos de aquellos para los que estaban previstos. Se destipifica así el concepto de administración desleal aplicado a los caudales de todos que concurría desde 2015 y la principal consecuencia es para los implicados en el 'procés', que podrían así encontrar un resquicio para eludir también este delito.