El referéndum que sólo interesó a los políticos

Cuatro años después, el por aquel entonces denominado «Estatuto de Tinell» continúa siendo uno de los «puntos calientes» en el panorama político y también una de las mayores obsesiones de los dirigentes catalanes.

«Estamos ante el Estatuto con más rechazo de toda la democracia». Así sentenciaba Mariano Rajoy el referéndum tras conocer los resultados provisionales . El líder de la oposición definía la baja participación como un “fracaso personal” de Zapatero y como la traducción de la voluntad de la sociedad catalana, que no deseaba «un Estado débil y sin competencias».

No en vano, el hasta la saciedad definido como «batacazo» del Ejecutivo se había convertido a pesar de todo en el logro personal del por entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, quien, obviando las cifras de participación, empleó el triunfo del «sí» para demostrar su «impecable» gestión al frente del tripartito.

Siete años después del «Pacto de Tinell» la pugna por poner de manifiesto aquel «fracaso» del Ejecutivo se mantiene firme, con la consecuencia de un Estatuto bloqueado en el TC cuyos miembros, altamente cuestionados, se enfrentan una y otra vez a los intentos de la Generalitat por forzar la renovación.

La victoria del «sí» supuso la dosis de optimismo que algunos líderes necesitaban. Además de Pasqual Maragall, que salió altamente beneficiado con el triunfo de «de su Gobierno», el líder de CiU, Artur Mas, era recibido al grito de «¡Mas, presidente!» y se comprometía a trabajar duro «para desarrollar el nuevo Estatuto». Para Mas, Cataluña merecía «un Gobierno a la altura de las circunstancias», por lo que animó a sus militantes a «trabajar a pie de calle» para alcanzar sus objetivos. CiU, que se había atribuido la paternidad del Estatuto, era también clara vencedora en la consulta.

En el extremo opuesto, el entonces presidente de ERC, Josep Lluís Carod-Rovira, quien había abanderado el «no» por imposición de la militancia, se vio golpeado por la realidad de los resultados y tuvo que acatarlos a regañadientes. Cuatro años después, el ahora vicepresidente de la Generalitat se ampara en aquella respuesta ciudadana para demostrar que el «TC no está legitimado para dictar sentencia».

Cuatro años de estancamiento en el seno del TC, seis intentos fallidos para aprobar un texto definitivo y unos jueces para algunos de dudoso crédito conforman el diagnóstico de un Estatuto para el que aún hoy se antoja un final incierto. Lo que está claro es que las elecciones autonómicas en las que CiU se perfila como serio candidato a la Generalitat están marcando indudablemente el paso del texto.

De un lado, Montilla, cuyos movimientos dilatorios para impedir una posible sentencia antes de los comicios no parecen estar consiguiendo el efecto deseado dado que el incesante cuestionamiento de los magistrados podría forzar una sentencia del texto a toda costa, algo que no beneficia en absoluto al actual «president».

En el extremo opuesto, los magistrados ultiman sus estrategias, diseñan un mapa de acciones para forzar el desbloqueo y buscan fórmulas para dictar sentencia.

Aquel 18 de julio los miembros del PP se preguntaron una y otra vez el por qué de aquella consulta en la que la mayoría de los ciudadanos no había querido intervenir. «¿Por qué nos han metido en este lío?» se cuestionaba Josep Piqué, satisfecho con la escasa participación en aquel «pésimo negocio político». Después de aquello, la sonora abstención y el posterior recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP abrían la puerta a la elaboración de un Estatuto constitucional que aún hoy, y cuatro años después, continúa en el limbo.