Puigdemont recurre ante la Justicia europea para recuperar su inmunidad como eurodiputado

Así lo confirman fuentes jurídicas a Europa Press en relación a un recurso que la defensa de Puigdemont ya había anunciado que presentaría cuando el pasado 5 de julio el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) confirmó la decisión del Parlamento Europeo de levantar la inmunidad al fugado, así como a sus exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí.

El TGUE echó por tierra todos los motivos formulados por los tres eurodiputados, en particular sus alegaciones sobre que el Parlamento Europeo no tuvo en cuenta que el proceso judicial se puso en marcha con la intención de dañar la actividad de sus miembros.

De esta forma, la Justicia europea despejó el camino para que Llarena pudiera reactivar las órdenes de entrega y detención europeas que estaban vigentes hasta el pasado enero, cuando el magistrado las dejó sin efecto a la espera de que se resolvieran dos cuestiones clave.

La primera era la respuesta del TJUE a la cuestión prejudicial que Llarena planteó para que fijara el alcance de las euroórdenes después de que los jueces belgas se negaran a entregar al exconsejero Lluís Puig.

El TJUE removió este primer obstáculo el 31 de enero al establecer que las autoridades judiciales que reciban las euroórdenes no pueden negarse a ejecutarlas en base a presuntas violaciones de derechos fundamentales si no se demuestran deficiencias sistémicas y generalizadas en España.

La segunda incógnita a despejar era el fallo del 5 de julio sobre la inmunidad y los suplicatorios. En consecuencia, la Fiscalía pidió a Llarena poco después que recuperara las euroórdenes contra Puigdemont y Comín, pero el instructor respondió que no lo haría hasta conocer, precisamente, si recurrían al TJUE y en qué términos.

En concreto, el magistrado llamó la atención sobre el hecho de que podían pedir al TJUE que les devolviera cautelarmente la inmunidad como eurodiputados. De recibir una respuesta positiva por parte de la corte comunitaria, supondría paralizar las nuevas órdenes que se hubieran dictado.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que, una vez emitidas las euroórdenes, son los jueces belgas quienes tienen que acordar la detención y entrega de Puigdemont y sus antiguos consejeros. Desde el Supremo no se descarta la posibilidad de que vuelvan a aducir «razones banales» para no enviarlos a España, lo que podría obligar a Llarena a plantear una nueva cuestión prejudicial, con las dilaciones consecuentes.