El PSOE frena otra vez la reforma para obligar a Sánchez a debatir sobre el estado de la nación

Los socios de coalición lo hicieron este martes y es la séptima vez que llevan a cabo una maniobra que consiste en ampliar el plazo de enmiendas del texto desde la Mesa del Congreso, donde tienen la mayoría con cinco votos frente a cuatro del PP. Este bloqueo es una estrategia que ambos grupos aplican habitualmente sobre las iniciativas que cuentan con mayoría parlamentaria, pero que al Gobierno no le interesa aprobar.

La dilación de esta reforma podría no ser significativa si no fuera porque en lo que va de legislatura Pedro Sánchez aún no ha convocado ningún debate sobre el estado de la nación, el Gobierno aseguró que celebraría uno antes de que acabara 2025, pero sigue sin poner fecha, y el titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, prometió hace un año que se reformaría el Reglamento del Congreso para convertir esta cita en obligatoria.

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El ministro por partida triple realizó este anuncio como una de las 31 medidas incluidas en el 'Plan de Acción por la Democracia' aprobado por el Consejo de Ministros en septiembre de 2024, y con el que el Gobierno pretende «reforzar la limpieza de nuestra democracia y dotar de mayor transparencia al ecosistema de los medios de comunicación con el fin de garantizar una información veraz». Convertir en forzoso el debate sobre el estado de la nación integra el tercer eje de ese plan junto a la reforma para obligar a los candidatos políticos a acudir a debates en campaña electoral. Este cambio pretende evitar que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, –o cualquier otro– pueda declinar su asistencia, como hizo el político gallego en el segundo debate de la campaña del 23-J.

Curiosamente, esta segunda reforma sí ha sido impulsada con celeridad por el Gobierno. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dio carácter de urgencia al anteproyecto, lo que permitió reducir el trámite de audiencia e información pública a diez hábiles, frente a los quince mínimos que exige la ley cuando la tramitación es ordinaria.

La justificación de Interior para aplicar esa urgencia fue que «se trata de una reforma muy puntual, pues sólo afecta a un artículo y a un párrafo de un apartado de otro, y su objeto es incorporar mejoras técnicas, que implementarán, sin duda, las garantías de nuestros procesos electorales. Asimismo, con esta reforma se da cumplimiento al Plan de Acción por la Democracia, instrumento con el que se persigue reforzar la transparencia de nuestra democracia de conformidad con las recomendaciones adoptadas por la Comisión Europea».

Este argumento sería completamente extrapolable a la reforma para convertir en obligatorio el debate sobre el estado de la nación, pero, en este caso, el Grupo Socialista no ha registrado ninguna propuesta en el Congreso y lo que está dilatando es una proposición impulsada por el Grupo Popular.

No lo hace por un problema de falta de mayoría ya que esta reforma fue tomada en consideración por el Pleno del Congreso el pasado 14 de abril con un abrumador apoyo: 324 votos a favor (los del PSOE y Sumar incluidos), solo seis votos en contra (Bildu), y 10 abstenciones (las de ERC y Podemos). Curiosamente, Pedro Sánchez votó a favor de manera telemática mientras Núñez Feijóo no votó ni física ni informáticamente, como tampoco lo hicieron la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ni Félix Bolaños.

La iniciativa del PP entró en trámite de enmiendas por quince días el 18 de mayo, pero el 4 de junio PSOE y Sumar iniciaron el bloqueo aplicando la táctica de la ampliación de enmiendas hasta este martes, cuando han vuelto a extender el plazo hasta el próximo 17 de septiembre. En el mismo tiempo, la reforma para convertir en forzosa la asistencia a los debates electorales sí ha seguido avanzando. El anteproyecto fue aprobado como proyecto de ley en el Consejo de Ministros del pasado 8 de julio y se encuentra ya en la Comisión Constitucional del Congreso para la fase de enmiendas.

Ambas reformas fueron aprobadas bajo el mismo epígrafe: «reforzar la transparencia del Poder Legislativo y del sistema electoral», pero, de momento, el PSOE solo demuestra interés en elevar la rendición de cuentas de sus rivales políticos, pero no la de Pedro Sánchez. En sus siete años al frente del Ejecutivo, el líder socialista solo se ha sometido una vez al debate sobre el estado de la nación: en 2022.