La Ley de Vivienda, último frente de choque entre PSOE y Podemos para acabar la legislatura

De lo mucho que la negociación se ha dilatado en el tiempo da cuenta el hecho de que el pacto final estaba previsto que lo firmasen el exministro José Luis Ábalos y el ex vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ambos fuera ya del Ejecutivo.

A mediados de marzo, Sánchez ordenó priorizar esa norma frente a otro compromiso de la coalición del que se hizo mucha bandera en su día, la pretendida derogación de la 'ley mordaza', que finalmente fracasó ante el desacuerdo con ERC y Bildu, cuyos postulados de máximos, entre ellos prohibir expresamente las pelotas de goma o las llamadas devoluciones en caliente de inmigrantes, no fueron aceptados por el PSOE y Unidas Podemos (UP), si bien desde la órbita morada Pablo Iglesias se alineó con los independentistas catalanes y vascos en un mensaje público que fue replicado por el portavoz del partido en ese área, su hasta hace poco estrecho colaborador, Enrique Santiago.

Ahora, en la negociación de la Ley de Vivienda, los escollos afectan más al núcleo duro del Gobierno de coalición y tienen que ver con el control del precio del alquiler. Fuentes de la parte socialista del Ejecutivo confían en que haya acuerdo porque, explican, «la ley está prácticamente cerrada», dado que solo quedarían «algunos flecos en los que Podemos tiene que ceder. Nosotros ya hemos cedido mucho desde nuestra posición de partida», concluyen. Aunque lo cierto es que tampoco resulta baladí convencer a ERC y Bildu, que como demostró tanto ese reciente desacuerdo en la 'ley mordaza' como el que hubo hace un año en la reforma laboral, una ley estrella de la coalición que salió adelante sin los votos de esos dos aliados parlamentarios, no es un apoyo que siempre se pueda dar por supuesto.

En principio, la propuesta final del Gobierno, que adelantó 'El País' el pasado 9 de marzo -y que fuentes de los socios gubernamentales aseguran haber conocido por ese medio- es elevar al 3% el año que viene el tope para las revisiones de la renta que pagan los inquilinos, para luego, en un futuro, establecer un nuevo límite. Actualmente, y dentro de las medidas de emergencia por la guerra de Ucrania y la subida de la inflación, ese tope es ya del 2%.

Las fuentes socialistas consultadas enfatizan en que es importante establecer una regulación que no merme por sí misma el mercado del alquiler. O, dicho en otras palabras, que no disminuya la oferta si, llegado el caso, los propietarios se ven obligados a cumplir exigencias que sean un desincentivo para alquilar sus viviendas. Los socios independentistas aceptan también flexibilizar el concepto de lo que es o no un «gran tenedor» de vivienda, algo que podría allanar el camino del acuerdo.

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Se trata de una materia en la que, a diferencia de otras, cada formación implicada se juega mucho en cada uno de sus territorios, más aún con unas elecciones autonómicas y municipales a la vuelta de la esquina, el próximo 28 de mayo. Pero tampoco aquí parece Podemos dispuesto a dar su brazo a torcer. Recientemente, Belarra atribuyó motivaciones ocultas a los socialistas para bloquear el texto, aludiendo a que el ex ministro con José Luis Rodríguez Zapatero y también ex alcalde de Barcelona, Joan Clos, «tiene una agenda de contactos muy larga». Se refería al actual papel de Clos como jefe de una de las principales patronales inmobiliarias de España. En esa misma ocasión, Belarra fijó su postura de partida para alcanzar el acuerdo: «Necesitamos seguir frenando los desahucios sin alternativa habitacional. Que toda familia vulnerable que esté en riesgo de desahucio tenga una vivienda alternativa y aumentar el parque público de vivienda con esa reserva del 30 por ciento de todas las nuevas promociones que se hagan y de todas las mejoras que se hagan».

Pese a estas advertencias de la líder del partido coaligado, cada vez más habituales por otra parte, en Moncloa y en el PSOE confían en que prime el lado «más institucional» del partido morado y finalmente la Ley de Vivienda sea el colofón legislativo de los cuatro años de Gobierno.