El PSOE acusa al PP de estrategia de «acoso y derribo» al Gobierno

La reprobación salió adelante gracias a la mayoría absoluta del PP, con 146 votos a favor, frente al rechazo del PSOE y sus socios (ERC, Junts, Izquierda Plural y PNV) con 107 votos en contra.

El debate sirvió un duro enfrentamiento dialéctico entre los populares y el bloque que apoya a Pedro Sánchez, que, sin rastro de autocrítica, reafirmó el cuestionamiento de la judicatura.

«El objetivo de acoso y derribo se ha cumplido y, curiosamente, por la sala que según ustedes controlan», llegó a acusar el senador socialista Dionís Oña. Este parlamentario se refería así al inaceptable comentario del exportavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en 2018 respecto a controlar «la sala segunda (del Supremo) desde detrás».

Aquel mensaje provocó el descarrilamiento del pacto que acababan de alcanzar los dos grandes partidos para renovar el Consejo General del Poder Judicial.

Oña también cargó contra el PP por dar por inhabilitado al fiscal general, Álvaro García Ortiz, cuando el Tribunal Supremo aún no ha dado a conocer la sentencia de condena y le echó en cada su «desmemoria» recordando los momentos en los que altos cargos de este partido cuestionaron públicamente decisiones judiciales.

En línea similar intervinieron el senador de Junts, Eduard Pujol, que aseguró que los populares tienen nostalgia del franquismo; el de ERC, Joan Josep Queralt, que les acusó de montar un «aquelarre» en cada Pleno; y la de Izquierda Confederal, Carla Delgado, que les tachó de hipócritas por no permitir que salgan adelante iniciativas similares en la Asamblea de Madrid.

Desde el PP intervino el portavoz adjunto, Antonio Silván, acusando al Gobierno de haber cruzado la frontera democrática con su «hostigamiento institucional» al Tribunal Supremo.

Para este senador, España se encuentra ante una peligrosa disyuntiva: «seguir siendo un Estado de derecho equiparable a las mejores democracias del mundo» o «sustituir la ley por la voluntad autocrática del Gobierno».

Silván también puso sobre la mesa que los ataques del Gobierno a los jueces no son un episodio aislado sino «un patrón político»: «Si la justicia investiga al poder sanchista, el poder sanchista ataca a la justicia. Si un tribunal limita un abuso, se cuestiona al tribunal. Si el Parlamento no obedece, se ignora al Parlamento. Si la ley no conviene, se sustituye por propaganda», subrayó.