A prisión el mayor comprador de datos del hackeo al CGPJ perpetrado por Alcasec

En un auto, el magistrado le atribuye delitos de revelación de secretos y de estafa, ambos con carácter continuado, tenencia de armas y depósito de armas de guerra y municiones dado que en el registro de su domicilio la Policía intervino una escopeta de cañones superpuestos, una pistola y un subfusil de 99 mm, además de numerosa munición.

Con Ortega son ya tres las personas arrestadas por estos hechos: José Luis Huertas quien estuvo en prisión provisional entre principios de abril y finales de mayo; Daniel Baíllo, alias Kermit o TheSkull, quien se encuentra en la cárcel desde el pasado 1 de junio y el ahora detenido.

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Según las pesquisas, de los 15.284 registros comprados por el usuario «lonastrump» y que afectan a 1067 contribuyentes españoles, se ha podido acreditar que 20 ciudadanos interpusieron denuncia en dependencias policiales, ascendiendo lo defraudado a 129.096,73 euros.

A nivel económico, según el auto, el total de ingresos en euros de la venta de los datos exfiltrados de la red de servicios del PNJ suponen un total de 39.096,1 euros en solo 11 días, habiéndose comercializado con los datos de 82.018 contribuyentes españoles.

La conducta del investigado se enmarca, asegura Calama, en una técnica delictiva defraudatoria, consecuencia del desarrollo de las tecnologías y del manejo de la banca y del comercio electrónico, conocida con el nombre phishing y que consiste en el envío masivo a los usuarios de mensajes de correo electrónico, SMS (smishing) o llamadas telefónicas (vishing) en los que los autores -haciéndose pasar por empresas o fuentes fiables, especialmente por entidades bancarias, y alegando supuestas razones de seguridad- solicitan de tales usuarios las contraseñas o datos confidenciales necesarios para operar telemáticamente en las webs bancarias.

Otras veces, continúa, les solicitan que pinchen en algún enlace que les redirecciona a una página idéntica a la oficial de dichas entidades donde los usuarios introducen sus datos. En otras ocasiones introducen virus informáticos capaces de apoderarse de tales claves (pharming).

De esta manera, explica, los autores de la defraudación consiguen conocer las contraseñas y claves secretas de acceso de los usuarios a sus cuentas corrientes, y, por lo tanto, acceder ellos mismos a las cuentas, suplantando la identidad de su titular, y ordenar transferencias de sus activos que luego tienen que ser redirigidos para evitar su seguimiento y localización.

«No existe discusión doctrinal o jurisprudencial alguna en la incardinación en el delito de estafa de la conducta llevada a cabo por los autores del acceso a las cuentas bancarias y su apoderamiento por medio de transferencias no consentidas de sus titulares, como es el caso de Juan Carlos Ortega Guerrero», destaca.

El juez acuerda la prisión del detenido por el riesgo de fuga que supone la gravedad de las penas a las que se enfrenta, lo que eleva «a cotas máximas» la posibilidad de que se sustraiga de la acción de la Justicia. Más aún, teniendo en cuenta, expone el juez, que el investigado dispone de una amplia red de contactos de personas insertas en el mundo delictivo de las tecnologías de la información, así como su facilidad para adaptarse a la vida en otro territorio.

Calama también aprecia el riesgo de destrucción de pruebas y de reiteración delictiva dado que Ortega tiene conocimientos informáticos lo que, según él, «facilita enormemente la posibilidad de cometer nuevos delitos de forma rápida y fácil».