La principal empresa investigada en el caso hidrocarburos pide documentación para defender que actuó legalmente

En un escrito, recogido por Europa Press, la representación de la compañía -que figura como investigada-, insta al juez Santiago Pedraz a identificar a las personas físicas y jurídicas que prestaron asesoramiento a Villafuel a fin de «conocer las directrices que le fueron indicadas para proceder al desarrollo de su actividad comercial, en sus vertientes tanto económica, financiera, legal y tributaria».

En total, se solicita información sobre hasta 13 compañías distintas y que habrían participado en labores de auditoría, cuentas anuales, 'compliance', labores de intermediación para la adquisición de productor petrolíferos e incluso gestiones sobre el Impuesto del Valor Añadido (IVA).

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Isabel Vega

Cabe recordar que el magistrado investiga en esta causa una presunta operativa orquestada a través de Villafuel para defraudar el IVA en el sector de los hidrocarburos, cuantificado por la Guardia Civil en 231,7 millones de euros y que se habría realizado entre 2021 y 2024. En el mismo habrían participado, entre otros, el empresario y presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama.

Por otro lado, Villafuel también pide al juez que solicite «las hojas de encargo, presupuestos y contratos firmados» con la propia empresa, «así como cualquier documentación contractual generada durante su relación contractual». En el mismo sentido, insta a requerir informes, consultas y documentos emitidos, incluyendo todo el soporte documental que ha servido de base para su elaboración, así como todas las facturas emitidas a Villafuel por los servicios prestados.

Por último, la representación de la operadora solicita que se identifique a los responsables de departamento, así como de toda persona que haya colaborado o tenido conocimiento en la redacción y emisión de los informes, consultas y documentos emitidos.

En uno de los atestados se explica el esquema básico de este tipo de fraude, y los agentes señalan que todo arranca cuando la organización criminal se hace con una operadora al por mayor de productos petrolíferos.

Esta operadora va a los depósitos fiscales -donde se almacena el producto- a comprar el combustible y en ese trámite solo abona los impuestos especiales pero no el IVA. Por ley, esa operadora solo debe mandar a la Hacienda Pública el IVA una vez que lo ha repercutido, o cobrado, a las gasolineras que le compran el producto a un precio más IVA.

Con esta base, el fraude consiste básicamente en dejar de ingresar el IVA que repercute, es decir, el IVA que recibe de las gasolineras, que son las minoristas. Y, puesto que la operadora no soporta prácticamente ningún IVA, las cantidades que deberían ingresar son cercanas a la totalidad de lo repercutido, sin embargo, no lo abonan.

Si bien este es el esquema básico del fraude, según la UCO las organizaciones criminales han ido evolucionando en su estructura y métodos por la presión judicial y policial y ahora interponen nuevas mercantiles en el esquema.

El objetivo es «perfeccionar el velo de los que verdaderamente dominan la organización criminal» y «salvaguardar las operadoras de hidrocarburos de posibles inhabilitaciones» dado que obtener ese título de operador es complicado.