La presidenta del CGPJ se planta ante los ataques de Sánchez: «La independencia judicial es un pilar básico del Estado de derecho»

Las palabras de Perelló se producen apenas dos días después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijera que el PP «juega con las cartas marcadas, con ayuda de algunos jueces».

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«El Estado de Derecho requiere que los jueces y tribunales puedan ejercer sus funciones atendiendo únicamente al imperio de la ley, sin presiones directas ni indirectas de ningún grupo de poder, público o privado». Añade que la crítica de las actuaciones de los poderes públicos «es inherente a la democracia y es, además, un modo en que las instituciones pueden mejorar su funcionamiento. La labor de los jueces y magistrados puede, y en su caso debe, ser criticada, pero lo que no cabe es cuestionarla de forma generalizada y permanente, atribuyendo a los integrantes del Poder Judicial sesgos políticos, pues tal forma de proceder menoscaba la confianza de los ciudadanos en la Justicia, causando con ello un grave daño institucional».

El pasado jueves, durante la copa de Navidad de Moncloa, Sánchez propagó la sombra del 'lawfare' y sostuvo que hay jueces que ayudan al Partido Popular a hacer oposición. En este sentido se refirió en concreto a cómo Díaz Ayuso adelanta decisiones en las redes sociales que los jueces terminan adoptando días después.

Precisamente la Plataforma Cívica por la Independencia había mandado una carta a Perelló en la que instaba a que el CGPJ no se quedara de brazos cruzados ante los ataques a los jueces. "En fechas muy recientes se están conociendo manifestaciones realizadas por diferentes actores políticos que atentan gravemente contra la independencia judicial". La plataforma aludía, entre otras, a las manifestaciones del ministro de Justicia, Félix Bolaños, "indicando cómo deben tramitarse determinadas causas judiciales", a la expresión en sede parlamentaria "de la existencia de una persecución por parte del poder judicial a una o varias opciones políticas e incluso manifestaciones del presidente del Gobierno que sugieren la connivencia de los jueces con un determinado partido político".

"Bajo el uso de eufemismos como el de 'lawfare' y otros, se está imputando, en definitiva, una prevaricación continuada y generalizada en el seno del Poder Judicial, motivada por razones de tipo político".

La plataforma considera que "la normalización de este tipo de declaraciones" y la ausencia de una reacción firme por parte de las instituciones que tienen encomendada la garantía de la independencia del Poder Judicial "es un peligroso camino que contribuye al deterioro de la democracia y del Estado de derecho".

Recuerda este colectivo que el artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que todos están obligados a respetar la independencia de los jueces y magistrados. "El hecho de que el artículo 14 permita a los jueces solicitar el amparo del Consejo no impide que dicho Consejo pueda realizar, como ha hecho en otras ocasiones, declaraciones generales en defensa de la independencia judicial y del necesario respeto a los tribunales de justicia. Precisamente la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica del Poder Judicial señala expresamente que la Constitución creó el Consejo General del Poder Judicial para garantizar la independencia de dicho poder".

En este sentido solicitaba a la presidenta una declaración pública en defensa de la independencia judicial condenando las agresiones que contra el Poder Judicial "se vienen produciendo por parte de algunos miembros de los poderes Ejecutivo y Legislativo".

Es la segunda vez que Perelló pide respeto a la justicia y a la independencia judicial. La primera fue el pasado 5 de septiembre en la apertura del Año Judicial en el Tribunal Supremo, solo dos días después de su toma de posesión como presidenta. «Sólo aquellos Estados en los que la división de poderes está garantizada son realmente Estados de derecho», apuntó ante el Rey en el salón de Plenos del Palacio de las Salesas.

En aquella ocasión recordó también que la "discrepancia es posible, habitual, incluso podría decirse que es inherente al debate jurídico». «Pero críticas y discrepancias nada tienen que ver con la descalificación o el insulto» que pueden «socavar la legitimidad y la reputación» de la Justicia. Las posibles irregularidades que pueden producirse en el ejercicio de la función jurisdiccional, dijo la magistrada, «tienen sus propios mecanismos de corrección a través de las vías de impugnación previstas en las leyes procesales», en alusión al sistema de recursos en el que el Tribunal Supremo tiene la última palabra.