Las polémicas que sitúan al fiscal general del Estado en la cuerda floja

La Sala Tercera (Contencioso-Administrativa) del Supremo anuló el pasado noviembre el nombramiento de Dolores Delgado al frente de la Fiscalía Togada del Alto Tribunal, lo que implicaba su ascenso a primera categoría. Los magistrados apreciaron una desviación de poder «visible e innegable» por parte del fiscal general, que reconoció en el Consejo Fiscal que la proponía porque se lo merecía y para solucionar la injusticia que suponía que, al no contemplar el Estatuto el ascenso a primera categoría tras dejar el cargo de fiscal general, Delgado tuviera que volver a su destino en la Audiencia Nacional como fiscal rasa.

Días después de aquella sentencia, y tras haber sido propuesto por el Gobierno días después para repetir en el cargo, el fiscal general no pasó el filtro del Consejo General del Poder Judicial, que, por 8 votos a 7, consideró que García Ortiz no era idóneo para ostentar ese puesto. El acuerdo del Pleno no era vinculante, pero le dejaba marcado desde el minuto uno al convertirle en el primer fiscal general en democracia cuya idoneidad no era reconocida por el órgano de gobierno de los jueces.

Después de que el acuerdo de investidura suscrito entre el PSOE y Junts extendiera la sombra de la duda sobre las actuaciones judiciales que se llevaron a cabo en el 'procés', las asociaciones de fiscales AF y APIF instaron al fiscal general a que condenara tales acusaciones y respaldara a los fiscales del Supremo que sentaron en el banquillo de los acusados a los líderes independentistas por el 1-O. García Ortiz tardó casi un mes en contestar a la petición de amparo que promovieron los propios afectados. Lo hizo sin mencionar las comisiones de investigación 'lawfare' que tanto preocupan a jueces y fiscales.

Hasta en dos ocasiones se ha negado García Ortiz a aportar al Senado un informe sobre la amnistía con la justificación de que no corresponde a este órgano informar sobre normas que se han tramitado como proposiciones de ley. Esto reabrió la brecha en el Consejo Fiscal, el órgano que representa a la carrera y a cuyos vocales ocultó la petición de la Cámara Alta. Finalmente los seis representantes de la AF –la mayoría de los vocales electivos, que son nueve– emitieron este informe por su cuenta tildándola de inconstitucional. La negativa de García Ortiz a valorar la ley del perdón choca con la premura con la que, cuando ni siquiera estaba aprobada por el Congreso esta norma, solicitó a la Fiscalía del TSJde Cataluña todas las causas susceptibles de beneficiarse del perdón para no perder tiempo una vez aprobada la ley, que da un plazo máximo de dos meses para aplicarla.

En apenas tres días, el fiscal que tenía que informar sobre el destino del caso Tsunami en el Supremo pasó de considerar que había delitos de terrorismo en Tsunami y que era necesario investigar a Puigdemont a apreciar justo lo contrario. De lo que se decidiera dependía no sólo que el asunto se quedara en el Supremo si el expresident estaba por medio (en su condición de aforado) sino que los investigados en la causa pudieran beneficiarse de la amnistía, aún en tramitación. El asunto terminó en la junta de fiscales de lo penal, que consideró que sí había delitos de terrorismo y que el prófugo debía ser investigado. Aún así la número dos de García Ortiz impuso el criterio contrario y fue desautorizada por la Sala Segunda, que acogió la opinión mayoritaria de esa junta.

La filtración de datos protegidos por el derecho de defensa en el marco de una investigación penal (correos intercambiados entre el abogado del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid y el fiscal del caso) llevó a la interposición de una querella contra la Fiscalía por revelación de secretos. Tras una polémica en la que nuevamente se ha visto envuelta la número dos de García Ortiz –al imponer a una fiscal informar a favor de la inadmisión, asunto que acabó en la Junta de Fiscales de Sala–, la querella ha sido admitida esta semana por el TSJ de Madrid. Si el asunto acaba salpicando al fiscal general, algo que no se descarta –él mismo ha asumido la responsabilidad última de la filtración–, saltaría a la Sala Segunda del Supremo por su condición de aforado.

El pasado martes, la Sala Tercera del Supremo, la que en noviembre anuló el ascenso de Delgado, tumbó también el nombramiento de la exministra al frente de la Fiscalía de Memoria Democrática. Los magistrados ordenan retrotraer las actuaciones al momento en el que la mayoría del Consejo Fiscal pidieron, sin éxito, al fiscal general sin estudiar la posible incompatibilidad de Delgado en esa Fiscalía con las actividades de la Fundación que dirige su pareja, el abogado Baltasar Garzón. Horas después de conocerse el fallo trascendió que diez días atrás el fiscal general recusó a cuatro de los cinco magistrados que componen el tribunal que tiene que resolver el recurso presentado contra su propio nombramiento. Cree que están contaminados por haberle achacado anteriormente desviación de poder.