Podemos sentencia la transferencia de competencias en inmigración a Cataluña:«Es racismo institucional»

«Para hacer políticas racistas, que no cuenten con nosotros», ha proclamado el secretario de Organización, Pablo Fernández, este lunes desde la sede nacional. En Podemos entienden que el Gobierno pretendía tragar con una ley que «legitima el racismo institucional» para asegurarse un poco más el apoyo de Junts, que necesita tomar el control del discurso contra la inmigración ilegal en Cataluña para no perder terreno frente a Alianza Catalana. Un Win-Win. Ya desde su preámbulo, la norma habla de la inmigración como un factor que debilita los servicios públicos y ataca la identidad catalana, algo que Fernández ha tildado de «amenaza», ya que valida planteamientos de «extrema derecha». «Es una negociación para ver quién ejerce el racismo institucional», ha sentenciado el dirigente morado.

Una posición que no han encajado bien en Junts. Ya durante la semana pasada los neoconvergentes acusaron a los de Belarra de «hacer pinza con PP y Vox», pero ni eso ha servido para que cambien de opinión. Más duro fue el secretario general de Junts, Jordi Turll, que este domingo llegó a acusar Podemos de «catalanófobos» por negarles esta cesión.

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Unas declaraciones que Fernández ha tildado de ridículas recordando las críticas que recibió su formación por ser «los únicos» que visitaron a los líderes independentistas en la cárcel cuando fueron detenidos tras el referéndum ilegal de autodeterminación. «Siempre hemos apoyado las aspiraciones de autogobierno de Cataluña, pero nos parece infame que Junts las instrumentalice para empujar su agenda racista», ha sentenciado Fernández.

Otra brecha que mantiene la tensión latente entre el Gobierno y Podemos es el conflicto en Oriente Próximo. Belarra siempre ha exigido más contundencia, incluso ha condicionado su apoyo a unos futuros Presupuestos a esta cuestión, mientras que el PSOE ha titubeado durante meses hasta posicionarse a favor de un embargo de armas total a Israel via real decreto, pero en Podemos sospechan que será un texto «vacío de contenido».

Que el decreto para el embargo se retrasara una semana más de lo previsto ya era señal de que algo no iba bien. Tal y como informó este diario, existe malestar dentro del Gobierno porque la medida es verdaderamente complicada de consumar, ya que Israel es uno de los principales proveedores no sólo de armas, también de tecnología y sistemas ciberseguridad de los que depende España. En Podemos auguran un texto «con agujeros» que no hablará tampoco del tránsito de mercancía por las bases americanas de Rota y Morón. «Esperamos que no sea otro fraude del Gobierno a la ciudadanía», ha denunciado Fernández, aunque fuentes de la formación insisten en privado en que sí lo será.