Pedro Sánchez asume que será Pablo Iglesias quien le tumbe: «Quiere elecciones»

«Los votantes no lo entienden», critican. Pero Sánchez ya ha asumido que quien «tumbará» al Ejecutivo no será Carles Puigdemont, sino Pablo Iglesias. Ambos persiguen sus propios objetivos políticos, pero el primero necesita que el Gobierno siga en pie para lograrlos y el segundo, derrocarlo para conseguirlos. Uno quiere la efectiva aplicación de la amnistía y el otro busca acelerar el calendario hacia las urnas. «Quiere elecciones», advierte tajante un ministro. En el ala socialista asisten con preocupación a la evolución de la relación con los morados. «Hace falta mucha paciencia», se lamentan, reconociendo que lo que primero fue una afrenta directa contra Sumar, por la pugna fratricida en la izquierda a la izquierda del PSOE, ahora ha escalado hasta afectarles también a ellos.

En la Moncloa se quejan de que Podemos se ha instalado en el «no a todo» y que encara cualquier negociación sin querer hablar de «la materia» en cuestión. «Siempre plantean temas que están fuera de la agenda. Plantean imposibles y eso es su manera de trasladar un no. No se puede pedir la luna», advierten las fuentes consultadas, sobre las conversaciones que tiene abiertas.

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A. Martínez

El Gobierno está decidido a elaborar un proyecto de presupuestos que llevar a la Cámara Baja, pero lo hace con una vocación más propagandística que realista. Son conscientes de que las opciones de sacarlos adelante son muy limitadas y, por ello, Sánchez no quiere dar a los socios el poder de condicionar el final de la legislatura con su rechazo a las cuentas. El presidente se abre a perder la votación de los presupuestos sin que esto tenga como efecto directo un adelanto electoral.

El movimiento busca restar influencia a los aliados y quitar presión a un Ejecutivo que tendría que transigir con más cesiones para mantenerse en el poder. Pero, al mismo tiempo, también deja sin incentivos a los socios para dar su aval. Si su veto no tendrá consecuencias, se pueden permitir elevar el precio de su apoyo hasta el extremo. Algunos de estos partidos no comprenden la estrategia de negociación del Gobierno y creen que, tal como publicó este diario, todo obedece a un planteamiento preelectoral.

«El presidente puso en valor agotar la legislatura, no darles la coartada para que no lo haga», justifican en la Moncloa, donde reconocen que el planteamiento sí puede hacer que los socios se «relajen», aunque consideran que en este tipo de negociaciones lo que les interesa a los partidos es «echar el resto». Convencidos de que los socios se retroalimentan unos a otros, la preocupación del Ejecutivo está en Junts y Podemos. «El resto son más proclives», aseguran.

El problema es que algunas voces del Gobierno ven «irreconducible» la relación con los morados por la falta de interés del partido, que ha pasado de «denostar» las medidas que propone el Ejecutivo a, directamente, «ridiculizarlas». La formación que dirige Ione Belarra tumbará esta semana una de las cesiones más polémicas de Sánchez a Puigdemont, la delegación de las competencias en inmigración a Cataluña. El texto, que asumía la retórica racista de los postconvergentes en su pugna con Aliança Catalana, identificaba la inmigración como un «problema» y un «riesgo para la cohesión social». El golpe es doble. Esta derrota es más que un fracaso para el Gobierno, porque tiene el efecto aparejado de enrarecer las relaciones con Junts en un momento de especial dificultad para materializar los compromisos que siguen pendientes.

El encargado de la relación con los morados es Félix Bolaños, aunque su ascendencia sobre el partido cada vez es menor. Con María Jesús Montero las relaciones son más tensas, como se pudo apreciar en el último cara a cara que mantuvo con Belarra en el Congreso de los Diputados durante la sesión de control al Gobierno. «No me haga gestos que creo que no corresponden, señora Belarra, por favor, no le pega», dijo la vicepresidenta a la líder de Podemos.

En el Ejecutivo tratan de desacreditar la posición actual de los morados, que dista mucho de la que mantenían cuando estaban en el Gobierno. Pero, más allá del clima de enfrentamiento y obstruccionismo actual, en la Moncloa preocupa el medio plazo. A corto están dispuestos a aguantar, incluso sin presupuestos, pero una vez llegue la cita con las urnas, el panorama a la izquierda les aboca irremediablemente a la oposición.

«No hay números», dice un dirigente socialista, en alusión a la posibilidad de reeditar el poder. «En la situación actual, perderíamos el Gobierno», tercia otro. En el ala socialista han pasado de hacer llamamientos abiertos a que el espacio a su izquierda «se reorganice» a dar por imposible una candidatura de unidad. El panorama es de absoluta atomización y hay quien, como Antonio Maíllo, líder de IU, alerta sobre el error de apostar por el «enésimo intento» de reconstruir la izquierda alternativa, de cara a las próximas generales, «sobre liderazgos que ya se han antojado fallidos». La carga de profundidad va directa contra Yolanda Díaz e Irene Montero y no ahorra tampoco en críticas a los morados: «Es hora de descubrir a quienes están con el Gobierno y a quienes se unen a la estrategia de derribo, abriendo el paso al fascismo».

En el Ejecutivo también recelan de la influencia que Podemos tiene sobre Sumar. En el sándwich imposible del que se ven presos, los de Díaz tratan, en ocasiones, de endurecer sus posiciones y forzar los enfrentamientos con el ala socialista –el último, a cuenta del retraso en el embargo de armas a Israel– para trasladar la sensación de que no son un socio dócil, que se pliega ante los incumplimientos del PSOE.

Hasta ahora, Sánchez ha dejado hacer, permitiendo, incluso, que Díaz cogiera algo de oxígeno político. Racionando la entrada de aire a sus socios, el presidente admite que ganen algunas batallas dentro del Consejo de Ministros, las suficientes para que puedan seguir manteniendo la posición. Sin embargo, la estrategia va virando, a medida de que se toma conciencia de que la suma tras las elecciones será imposible, Sánchez va adoptando una actitud más expansiva, asfixiando electoralmente a sus socios de coalición para tratar de capitalizar todo el espacio posible.

Esta estrategia quedó en evidencia con la gestión de las algaradas durante la Vuelta. La patrimonialización de la protesta por parte de Sánchez supone una vuelta de cordón más en el estrangulamiento político al que se está sometiendo a Sumar, consistente en robarle sus principales banderas políticas para llamar al voto útil. Llegado el momento, en la Moncloa no tendrán ninguna duda en soltar la mano de sus socios para acabar peleando por los restos.

Sin embargo, todos saben, tanto dentro como fuera del Gobierno, que el ritmo de la legislatura no lo marca Sánchez –pese a la tensión generada con Gaza– y ni siquiera los socios tienen el capital desestabilizador que se les presupone –porque ninguno va a sumar sus votos a los de PP y Vox en una moción de censura–. La verdadera capacidad para volar la legislatura por los aires está en el desarrollo de las investigaciones que mantiene abiertas la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en las causas contra dirigentes del PSOE. Si estos casos escalan hasta la financiación irregular del partido o cargos clave en el Gobierno, todo podría acelerarse.