Podemos rechazó varias veces reunirse con Junts para negociar la ley de inmigración

Un compromiso que Pedro Sánchez adquirió con los independentistas, en enero del año pasado, a cambio de que los siete diputados capitaneados por Míriam Nogueras se ausentasen de una votación y el Gobierno lograse salvar dos de los decretos que se votaban.

La primera petición de reunión formal a la formación morada, según revelan fuentes de Junts a ABC, se produjo en abril. Fue el secretario general de la formación, Jordi Turull, el que contactó con la dirección de Podemos.

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Tras esa primera solicitud infructuosa, a lo largo de todos estos meses, y a medida que avanzaban las negociaciones con el Partido Socialista, Nogueras también les ha insistido de mantener algún contacto para evitar, precisamente, lo que ocurrirá este martes en el Congreso, que una mayoría parlamentaria formada por el PP, Vox, Podemos y UPN haga decaer a la tercera votación la toma en consideración.

Las cuatro formaciones políticas suman 175 escaños, uno menos de lo que marca la mayoría absoluta, por lo que al producirse tres empates, al tercero la toma en consideración se entiende rechazada.

En Junts per Catalunya estos días no se ahorran calificativos contra los que formaron parte del Gobierno entre 2020 y 2023. Y lo hacen con dureza, conscientes de que son Podemos «los que han optado por el boicot, como hacen Partido Popular y Vox». Una postura que «nos duele», dicen, y que tachan de «lamentable».

Turull, este sábado, acusó a la formación liderada por Ione Belarra de «anticatalanistas» y de «catalanofobia». Unas palabras subidas de tono que no gustaron para nada en las filas moradas.

Ayer lunes, el fundador de la formación y exvicepresidente del Gobierno reconvertido ahora en tertuliano, Pablo Iglesias, aprovechó su presencia en la tertulia matinal de Radio Nacional de España (RNE) para recordar su papel durante el 'procés', «defendiendo el derecho a decidir, llegando a visitar a los presos y manteniendo la interlocución con Carles Puigdemont», para denunciar que «los que ahora están compitiendo con los fascistas Aliança Catalana y con propuestas abiertamente racistas nos digan que no ser 'pujolistas' es ser catalanófobos, cuando además en su partido hay posturas prosionistas contra los derechos humanos, pues con todo el cariño y todo e respeto pueden irse un poco a la mierda».

En el partido de Carles Puigdemont tampoco se ahorran críticas en esta cuestión hacía el PSOE y Pedro Sánchez. Los independentistas, que siguen manteniendo abiertos los canales de diálogo con Moncloa, aunque no se sabe por cuánto tiempo, consideran que «los socialistas no han hecho lo suficiente».

En el entorno del expresidente de la Generalitat afean al grupo parlamentario del PSOE, que dirige Patxi López, de «no haberlo intentado» tantas veces hiciera falta. De aceptar el rechazo de Podemos como una posibilidad única y hacer de este recorrido, «como han hecho en otras ocasiones con el catalán en la Unión Europea o la amnistía», un «trabajo a medias». Una labor inacabada que, en todo caso, les sirve a los de Pedro Sánchez «para decir que lo han intentado y que con ello ya han cumplido con nosotros».

En Junts, esa excusa, dicen, «no nos sirve». Cumplir, añaden, significa «que la delegación de las competencias de inmigración a la Generalitat sean una realidad». Algo que, salvo sorpresa de última hora hoy en el pleno del Congreso, no será así.

Este nuevo compromiso incumplido, además, es de los marcados como línea roja para los posconvergentes. Aunque no formó parte del 'acuerdo de Bruselas', que firmaron en otoño del año 2023 Turull y Santos Cerdán en la capital belga, el auge de Aliança Catalana les ha obligado a mover ficha en un tiempo récord. Por eso, a principios del año pasado, ante dos decretos que Junts iba a tumbar con su abstención, lograron un acuerdo histórico con el Partido Socialista sobre un tema que nunca les había preocupado en exceso.

Los siete representantes de Puigdemont en el Congreso no votaban, alterando las mayorías y permitiendo la aprobación de esos dos decretos, a cambio de delegar las competencias de inmigración que en la actualidad están en manos del Estado a la Generalitat. Con todo lo que ello supone, ya que implica facultar a los Mossos d'Esquadra para los controles de fronteras, una tarea reservada a los Estados y en consecuencia a la Policía y la Guardia Civil.

Pese a que a la toma en consideración para la reforma de la ley de inmigración de cara a delegar las competencias a la Generalitat va a decaer, por el rechazo de Podemos a apoyar la concesión del PSOE a Junts, el Gobierno ya trabaja en otros escenarios para cumplir con sus socios.

Sánchez, que como Junts tampoco tenía entre sus prioridades esta cuestión, y que tendrá que asumir una derrota parlamentaria de primer orden hoy por la noche por culpa de los morados, sabe que necesita tener contentos a los de Carles Puigdemont.

Tras varios incumplimientos con cuestiones que no están únicamente a su alcance, como la oficialidad del catalán en la UE o la aplicación total de la amnistía, ambas en un cajón pendientes a la espera de un cambio de postura del resto de países comunitarios o de los tribunales, la delegación de las competencias en inmigración a la Generalitat es la única que sí depende solo de su Gobierno.

Aunque Podemos la torpedee ahora, evidenciando así la débil mayoría parlamentaria que lo sustenta y las dificultades que tiene dentro del acuerdo que logró para su investidura para agradar a todos esos partidos que le apoyaron.