PNV y Junts abren la vía para investigar a los jueces el primer día de Sánchez

Una de esas comisiones, sobre las que pronto tendrá que pronunciarse la Mesa del Congreso, a la cabeza de la cual está la socialista Francina Armengol y que cuenta con una mayoría del PSOE y Sumar frente al Partido Popular -los únicos partidos representados en el órgano de gobierno de la Cámara Baja- es sobre la denominada operación Cataluña y la otra por los atentados islamistas de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils, sobre los que importantes sectores del independentismo llevan tiempo dando pábulo a teorías conspirativas acerca de los mismos, sobre todo a raíz de desvelarse que el imán de Ripoll tuvo contactos en la cárcel con agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), algo que esos sectores separatistas elevan a la categoría de que el Gobierno español conocía sus planes de atentar y no los impidió para ir contra el 'procés' entonces en marcha. La masacre provocó 16 muertos y más de un centenar de heridos. Los nacionalistas reclaman en su iniciativa «saber la verdad y las implicaciones derivadas» del «peor atentado» en «la historia reciente» de Cataluña.

En cuanto a la primera de esas comisiones, la justificación de los de Carles Puigdemont y los peneuvistas deja clara su intención, la de «conocer el detalle de la implicación de las instituciones del Estado en las presuntas intromisiones ilegales llevadas a términos sobre líderes políticos, instituciones y otras personas». No aparece el 'lawfare', pero no es necesario. Precisamente ayer, en una entrevista en 'El Diario', el número tres del PSOE y negociador principal con Junts, Santos Cerdán, dio alas a la teoría de que determinados jueces o magistrados actúan de manera espuria contra dirigentes políticos, amparándose en la condena de hace un año del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) contra el el exjuez Salvador Alba por maniobras contra su entonces colega y hoy delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell.

«Hay un juez condenado por una persecución política. Esto no quiere decir que en la Justicia española haya 'lawfare', ni que todos los jueces sean así. Pero aquí hablamos de un caso que ha existido», sentenció el responsable de Organización del PSOE, en una entrevista en la que calificó también de «exiliado» a Puigdemont.

El acuerdo entre PSOE y Junts firmado en Bruselas el pasado día 9 establecía lo siguiente: «Las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare [sin comillas en el texto original] o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas». El PSOE tuvo que matizar a las pocas horas el acuerdo, ante las protestas unánimes del mundo judicial, desmintiendo fuentes del partido que fuese a haber comisiones específicas sobre 'lawfare', pero el acuerdo recoge que en las que se constituyan se tendrán en cuenta en las conclusiones situaciones que encajen en ese principio de judicialización de la política.

Ahora, sus socios de la derecha nacionalista, que vuelven a actuar de la mano como ya hicieran con algunas iniciativas y comparecencias al final de la pasada legislatura -y a la espera de lo que en el mismo terreno puedan hacer los independentistas de izquierdas, Bildu y ERC- piden investigar determinadas «actuaciones del Ministerio del Interior durante los Gobiernos del PP en relación con las supuestas irregularidades que vinculan a altos cargos policiales con la existencia de una trama parapolicial». Y entre los objetivos también se refiere a conocer el detalle de «las actuaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores en relación con las investigaciones realizadas de forma presuntamente ilegal sobre las delegaciones de la Generalitat en el exterior».

En los objetivos que se establecen en la creación de esta comisión se insta a «identificar a todos los presuntos responsables políticos miembros del Gobierno y/o de la Administración General del Estado y/o organismos dependientes, así como un eventual mal uso de las estructuras técnicas de las que dependen». En este apartado, también se reclama conocer los contratos de compra del 'software' Pegasus u otros «presuntamente utilizados para espiar a parte de los estamentos oficiales». Esto último, que alude a las escuchas a dirigentes independentistas, incluido el hoy presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que le costó el puesto en 2022 a la entonces directora del CNI, Paz Esteban, no es sorpresa, ya que formaba parte del acuerdo para que Francina Armengol presidiese el Congreso de los Diputados. Aunque la amplitud de los términos empleados por Junts y PNV persigue una indagación a la carta: «Investigar todas aquellas iniciativas que se pudieron llevar a término desde las instituciones del Estado con el objetivo de perseguir a la disidencia política». En este punto también se plantea la aprobación de medidas para la restitución y compensación de «todas las personas afectadas por las investigaciones irregulares e ilegales». Y abunda en la necesidad de tomar las medidas oportunas de «control, investigación y prevención para blindar a la democracia de los abusos y malos usos por parte de determinados poderes y servicios del Estado, en contra del pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos».

Las comisiones de investigación, tanto las que se han llevado a cabo como las que se han detenido, son un continuo quebradero de cabeza para el Grupo Socialista desde la llegada de Pedro Sánchez al poder en 2018. Incluso Podemos pretendió en varias ocasiones que se abrieran algunas sobre las irregularidades financieras del Rey Juan Carlos, frenadas entonces por una mayoría contra natura en la Mesa del PSOE y el PP y, en aquella ocasión, Vox.

Parecida mayoría de los socialistas y los grupos de la derecha evitó en mayo de 2022 que hubiera una comisión sobre el caso Pegasus -el 'software' israelí utilizado para hacer escuchas por varios Gobiernos- cuando ya se conocía que hasta el terminal del propio Pedro Sánchez y de alguno de sus ministros, como la titular de Defensa, Margarita Robles había sido infectado.