Peinado tiene luz verde para acceder al tráfico de llamadas de la asistente de Begoña Gómez

En un auto, los magistrados de la Sección 23 explican que, a pesar de que el juez solicitó que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizara un informe sobre ese tráfico de llamadas entrantes y salientes cuando la asesora aun sólo era testigo (posteriormente la imputó) esto «no impide legalmente» esa diligencia conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y suma que «la posibilidad de que resulten afectados derechos de terceras personas ajenas a la investigación, no será obstáculo para la adopción de la medida».

Explica que en este caso la resolución recurrida cumple con los requisitos legales y constitucionales porque identifica el objeto de la investigación, vinculada a hechos de relevancia penal. Y justifica la pertinencia de las medidas sobre las comunicaciones y llamadas de Álvarez, al señalar su relación funcional con los hechos investigados. «Establece un marco temporal claro y un alcance determinado, evitando injerencias genéricas o desproporcionadas», explica.

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El juez tendrá así acceso al registro de llamadas realizadas y recibidas por Álvarez desde su nombramiento en 2018 hasta el día de hoy a teléfonos vinculados a la Universidad Complutense de Madrid (UCM), donde la esposa de Pedro Sánchez codirigía una cátedra extraordinaria, y a números vinculados con Juan Carlos Barrabés, el empresario que se habría hecho con adjudicaciones públicas y que colaboró con ella en másteres que organizaba.

También recogerá el informe de la policía judicial las llamadas de Álvarez a teléfonos vinculados al Instituto de Empresa (IE) y al IE África Center, todo ello en relación al papel que Gómez desempeñaba como directora del África Center. Además, también se hará con el tráfico dirigido a patrocinadores de los másteres o de la cátedra que dirigía Begoña Gómez, como Indra Sistemas, Google Spain, Fundación Manpower, Arsys Internet, Telefónica, Fundación La Caixa o Reale.

El juez Peinado, que investiga a la esposa de Sánchez por hasta cinco delitos, trata así de comprobar si Gómez utilizó a la asistente de La Moncloa para sus negocios privados. Cabe recordar que el pasado 9 de octubre trascendió que la Audiencia Provincial de Madrid corregía al juez y acordaba revocar y dejar sin efecto la creación de una pieza separada para investigar si Begoña Gómez pudo cometer un delito de malversación de caudales públicos por el uso para sus negocios privados de la asistente de La Moncloa, Cristina Álvarez.

A su juicio, la decisión adoptada por el juez fue «prematura e inmotivada desde el punto de vista fáctico, normativo y procedimental». Así, ahora los cinco delitos -tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación- se investigan en la pieza principal del caso.