El peligro de trocear la soberanía

El principal escollo al que se enfrenta es convencer a un prófugo de la Justicia de que lo mejor para él es apoyar la formación de un Gobierno. Carles Puigdemont carece de alicientes para favorecer la gobernabilidad de Estado. Su estrategia ha sido hasta ahora de cuanto peor mejor para su causa. No hay razones de peso para creer que Puigdemont vaya a renunciar a la amnistía y el referéndum de autodeterminación, dos líneas rojas que Sánchez no puede cruzar.

La estrategia central del independentismo vasco y catalán es debilitar al Estado, minar las instituciones que lo sustentan y agudizar una fragmentación de las fuerzas políticas. En suma, crear una situación que fuerce al Gobierno de la nación a plegarse a sus intereses a cambio de prestar sus votos hasta que sus planes se vean consumados.

Ya existe en nuestro país una situación de asimetría de Cataluña y el País Vasco, que no sólo se traduce en una financiación más favorable que el resto y privilegios políticos, sino que además ha creado una ciudadanía de geometría variable en la que unos son más iguales que otros.

No hace falta recordar la discriminación del castellano en Cataluña, los sesgos introducidos en la educación por el nacionalismo o la imposición de una cultura identitaria que agudiza la exclusión y la creación de un enemigo artificial. La libertad para los lobos ha significado a veces la muerte de las ovejas, afirmaba Isaiah Berlin.

Ha pasado desapercibido que ERC exige a Sánchez acabar con lo que ellos llaman «el déficit fiscal» de Cataluña, que cifran en 20.000 millones de euros, una entelequia que sólo existe en su imaginación. Solamente la aportación neta del Estado para pagar las pensiones en esa comunidad asciende a más de 6.000 millones de euros al año. Y la deuda al Estado ronda ya los 75.000 millones de euros, una cantidad que se refinancia en condiciones muy generosas.

En el País Vasco, el nivel de gasto público por habitante es muy superior al de otras comunidades gracias al régimen foral y a un cupo que minusvalora la aportación de la comunidad al sostenimiento de las políticas que son competencia del Estado. Desde hace años, el PNV exige la transferencia de la caja de las pensiones, algo que Sánchez ha rechazado hasta hoy.

El precio del apoyo a la investidura del candidato socialista no puede ser otro que la cesión de nuevas competencias, más privilegios fiscales e inversiones y el desmantelamiento progresivo del Estado. Dicho sin eufemismos, el troceamiento de la soberanía.

El escenario que crearía ese pacto entre el PSOE y el independentismo configuraría un Estado a la carta de las minorías, de cuatro partidos que suman 25 escaños en el Congreso, un porcentaje que no llega al 10%, pero que es decisivo para decantar la relación de fuerzas. Esto no sucede en ningún otro país de la Unión Europea.

Los dos partidos independentistas catalanes han sacado los peores resultados desde el inicio del procés, mientras que PSOE y PP suman el 65% de los votos, lo que coincide con las encuestas del CIS que indican que las dos terceras partes de la población se sitúan en un espacio de moderación.

Por lo tanto, sería mejor la repetición de las elecciones por la negativa de Sánchez a ceder a las demandas independentistas que un acuerdo que condicionaría la gobernabilidad a un permanente chantaje del independentismo y de Puigdemont, siempre interesado en desacreditar nuestra democracia parlamentaria. Como ha dicho Rodríguez de la Borbolla en estas páginas, aliarse con ERC, Junts y Bildu es introducir el caballo de Troya en el Gobierno.

Hay otra solución que carece de apoyos en el actual momento y que suscita el rechazo de las bases socialistas. Es el pacto de Estado entre el PSOE y el PP para gobernar en coalición, lo cual admite diversas fórmulas a negociar entre ambas formaciones. Una de ellas, podría ser buscar una personalidad independiente para presidir el Ejecutivo.

Esto no parece ahora una alternativa viable, pero, si Feijóo y Sánchez fracasaran en la tarea de construir una mayoría parlamentaria, podría ser una opción razonable para evitar unas nuevas elecciones y asegurar una estabilidad institucional. Incluso si se llegara a una situación de bloqueo sin salida tras unos nuevos comicios, sería preferible que el PP se abstuviera en una investidura de Sánchez para evitar el desastre. Una decisión que requeriría una visión a largo plazo de sus dirigentes.

La actual situación es una oportunidad para acabar con la dinámica de bloques y para poner fin al cainismo que domina nuestra vida política, agudizado por una campaña nefasta en la que ha aflorado un maniqueísmo impropio de una democracia parlamentaria.

En última instancia, el escenario actual está dominado por las emociones y no por la racionalidad, lo cual se ha hecho evidente en las reacciones a los resultados electorales. Da la sensación de que el PP no se ha recuperado del golpe y que se mueve de forma espasmódica y contradictoria, mientras que en el PSOE hay un revanchismo por la victoria que nubla la vista a sus dirigentes.

Cabe desear que el transcurso del tiempo sirva para que los dos partidos inicien un diálogo que el equilibrio entre bloques exige y que el sentido común aconseja si no queremos que el país quede en manos de quienes quieren destruirlo.