El Gobierno Vasco niega «irregularidades» en la adjudicación de contratos de transporte escolar a la empresa de uno de sus asesores

Las sospechas comenzaron a finales de la pasada semana. Varios medios desvelaron que en la provincia de Guipúzcoa dicha empresa logró adjudicarse hasta 15 contratos por valor de cuatro millones de euros. En su organigrama figura como consejero y secretario Joanes Labayen, quien también ha participado como asesor externo del Departamento de Educación para mediar entre las empresas en ese mismo concurso.

Esas primeras informaciones causaron tal revuelo que fueron varias las preguntas al respecto en el Pleno de control al Gobierno vasco del pasado viernes. El lehendakari, Iñigo Urkullu, hizo evidente su preocupación y pidió al Departamento de Educación aclarar «con la máxima celeridad» la adjudicación de los contratos. El consejero del ramo, Jokin Bildarratz, negó entonces cualquier tipo de «conflicto de intereses».

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Este lunes, sin embargo, ha admitido en una entrevista radiofónica que fue consciente de que Labayen, marido de la actual presidenta del Parlamento vasco y una persona muy vinculada al PNV, tenía intereses en una empresa adjudicataria desde el momento de su contratación. Ha explicado que fue él mismo quien le transmitió su vinculación con la empresa, y que no había «ningún tipo de incompatibilidad». «Nosotros tampoco vemos incompatibilidad, ya que lo que demandamos en nada tiene que ver con el concurso ni con la relación que pueda tener con su empresa», ha añadido Bildarrats.

El consejero vasco ha reconocido sentirse «sorprendido» por la polémica y ha negado que pueda considerarse a Labayen «asesor». Ha explicado que sus servicios se contrataron después de que numerosas rutas quedaran desiertas en los concursos públicos. Ha añadido que fue entonces, cuando el Departamento de Educación se planteó forzar a las empresas a prestar el servicio entre sospechas de que podría haber un pacto para no presentarse a los concursos, cuando se contrataron los servicios de su despacho. El objetivo era que les asesorara acerca de cómo proceder «Nuestro régimen jurídico tiene su propia propuesta que yo pido contrastar», ha puntualizado.

El conflicto entre el Departamento de Educación y las empresas que prestan servicios de transporte escolar surgió antes del verano. La Administración vasca sacó a concurso 467 rutas para el curso 2023/2024, pero terminado el plazo, la mayoría de ellas quedaron desiertas. Las empresas sostenían que las condiciones no eran rentables, mientras el consejero anunciaba una denuncia en la Fiscalía ante las sospechas de un pacto sectorial y una orden para que prestaran forzosamente el servicio. Competencia también abrió un expediente sancionador para investigar lo ocurrido.

Según los datos de Educación, Urpa S.L. concursó en más de 30 rutas en Guipúzcoa, y se adjudicó 15. «En 12 de ellas fueron los únicos que concursaron», ha puntualizado Bildarratz. Ha explicado, además, que el contrato con el despacho de Labayen se firmó un mes después de que se hubieran terminado las adjudicaciones. Asimismo, ha recordado que una vez finalizado el plazo para presentar candidaturas, es la «mesa de contratación» quien se encarga de la adjudicación, un organismo formado únicamente por funcionarios, donde Educación «no está adscrita». Por todo ello Educación insiste en que consideran que el trámite de contratación fue «limpio» y «transparente». El consejero también ha pedido comparecer en el Parlamento, donde se ha comprometido a llevar las actas del proceso.