42 familias denuncian a la enfermera antivacunas de Santurce por falsedad documental y malversación

«Osakidetza se limita a decir que de momento solo hay abierto un trámite de información previa en el que no nos podemos personar», explica a ABC Aitzol Asla, el letrado que representa a todas estas familias. En la denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico, la acusan de un presunto delito de falsedad documental, ya que la denunciada faltó a la verdad cuando introdujo los datos de vacunación de los niños en sus expedientes médicos a pesar de que no les había inoculado. También piden responsabilidades por malversación de fondos públicos porque entienden que la enfermera utilizó «incorrectamente» un material «abonado con fondos públicos» al no destinarlo «para el uso que fue comprado» y tirarlo «a la basura».

Asla reconoce que pronto podrían ser muchas más las familias que se sumen a la demanda. . «No se sabe ni cuántos niños pueden estar afectados, ni desde cuando se les vacunaba de forma incorrecta», explica. De hecho, el pasado 2 de noviembre el Departamento vasco de Salud decidió ampliar la investigación a 400 menores, todos los adscritos al a enfermera investigada.

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El escándalo había estallado pocas semanas antes. Después de recibir las quejas de varias familias ante el comportamiento «extraño» de la sanitaria cuando iba a pinchar a los niños, Salud abrió una investigación. Los padres alertaban de que pinchaba a los niños «demasiado rápido» o tratando de «esconder la jeringuilla», y que luego rara vez tenían marcas visibles de haber recibido las inyecciones.

Ante esas sospechas, responsables del Departamento de Salud se pusieron en contacto con algunas familias para pedirles que sometieran a sus hijos a una analítica. Tal como relató este periódico entonces, en esa primera llamada les explicaban que el análisis formaba parte de «un estudio», sin mencionar, en ningún momento, las sospechas acerca de la mala praxis de la sanitaria.

Muchas familias denunciaron que se habían enterado por los medios de comunicación de las verdaderas razones de aquellos controles médicos. Los análisis demostraron que los menores analizados no estaban debidamente inmunizados. Algunos de ellos no habían recibido ni siquiera la primera dosis de las vacunas incluidas en el calendario, y a otros les faltaba la dosis de refuerzo.

Por todo ello, las familias, ahora querelladas, no descartan ampliar la denuncia y acusar a la sanitaria también de un delito de salud pública. «Incluso podríamos extender la causa contra Osakidetza», advierte el letrado. De esta manera, explica, los afectados buscan que el juzgado inhabilite a la sanitaria. También esperan que el Departamento de Salud vasco «admita su responsabilidad» ante la «gravedad» de unos hechos que «llevaban tiempo produciéndose».

La denuncia ya ha sido admitida a trámite por un juzgado de Baracaldo, aunque el letrado reconoce que será un proceso «largo y complicado». La jueza instructora ya ha citado a declarar a todos los progenitores para que ratifiquen su denuncia. También ha solicitado el historial médico de los niños para comprobar si se les han realizado todas las pruebas necesarias para comprobar su inmunidad y el resultado de la misma. La enfermera antivacunas tendrá que dar su versión el próximo 4 de mayo.