La CE envía un expediente informativo a Industria por el acuerdo de PP y PNV sobre el peaje eléctrico

A través del citado acuerdo, que se gestó durante la negociación presupuestaria del pasado ejercicio, el Gobierno se comprometió a eliminar la tarifa 6.1b, que afecta a las líneas de alta tensión de entre 30 y 36 kilovatios . Un tramo en el que están incluidas en torno a 1.250 compañías de España, de las cuales 800 son vascas. Esta modificación, que debería haber entrado en vigor el pasado 1 de enero, permitiría a las empresas ahorrar alrededor de 50 millones de euros al entrar a formar parte de un apartado tarifario distinto.

En este contexto, el pasado verano el Defensor del Pueblo de Cataluña interpuso una denuncia ante la CE contra la reforma del peaje eléctrico, la cual beneficiaba casi en exclusiva a las factorías de País Vasco y Navarra. El órgano alertó de que el pacto de PP y PNV pudo ser «una ayuda de Estado encubierta» para «beneficiar al empresario de determinadas Comunidades Autónomas en detrimento del de otras». En concreto, subrayó que la decisión de no incluir en el acuerdo a las sociedades que se encuentran en redes de 25 kv «mantendrá el sobrecoste aproximado de 200 millones de euros al año» para 3.277 firmas catalanas «que a principios de junio presentaron queja».

La industria vasca, por su parte, alegó que la reforma del peaje eléctrico pondría fin a una discriminación histórica que obligaba a las empresas del territorio a pagar 100 millones de euros extra en su tarifa.

La investigación de la Comisión Europea podría poner en riesgo la rebaja del coste eléctrico en el territorio. El propio Nadal admitió en Bilbao que la existencia de una demanda preventiva «complica mucho» la operación. En cualquier caso, el popular hizo hincapié en que el Ejecutivo estatal piensa que dicha reforma resultaría positiva para la política industrial, si bien recordó que para sacarla adelante es necesario primero que se aprueben los Presupuestos Generales del Estado (PGE) .

«La pregunta es también quién va a apoyarlos», puntualizó el popular, que añadió que también es necesario que tanto la CE como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) den su visto bueno a la reforma.

En Vitoria, sin embargo, no quieren oír hablar de una supuesta congelación del pacto. En este sentido, el PNV exigió al Gobierno central que cumpla con lo acordado y aplique la nueva tarifa a las empresas del País Vasco, que a su parecer están pagando las consecuencias de la inacción de los populares.