Anticorrupción pide 15 años de cárcel para el exministro Jorge Fernández Díaz por la operación Kitchen

El escrito de acusación, notificado hoy llega un año y medio después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón acordase procesar, junto a los mencionados, al comisario jubilado José Manuel Villarejo y al chófer de Bárcenas devenido en confidente de la trama, Sergio Ríos. Anticorrupción les pide condenas de entre 19 y 12 años de cárcel, respectivamente, como para una batería de mandos policiales.

El entonces Director Adjunto Operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino, afronta una petición de pena de 15 años, el comisario que fue jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, acumula 2 años y seis meses y el otrora jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo, Enrique García Castaño 12 años y seis meses, si bien no está claro que pueda sentarse en el banquillo por enfermedad. El también comisario Andrés Gómez Gordo, por su parte, puede ser condenado a 15 años de prisión.

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Según explica la Fiscalía Anticorrupción, en una fecha sin determinar de 2013 «se ideó, sin que pueda descartarse además la intervención de otras personas de diferentes instancias, una ilícita operación policial de inteligencia dirigida a obtener tanto información como pruebas materiales -documentos almacenados en cualquier clase de soporte, incluidos dispositivos informáticos y telefónicos- que pudieran resultar incriminatorias para el Partido Popular y sus máximos dirigentes» en el caso Gürtel.

Cabe recordar en este sentido, que la entonces secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, llegó a estar imputada como parte de esas «otras personas» a las que se refiere Anticorrupción. El juez la exoneró contra el criterio de la Fiscalía y la Sala de lo Penal confirmó después su decisión. Hoy mismo ha vuelto hacerlo, desestimando el recurso de Podemos al que se adhirió el PSOE y Anticorrupción, al entender que las anotaciones de Villarejo no aportan indicios suficientes y se desconoce el contexto de los nuevos audios desvelados por El País.

El relato del escrito de los fiscales detalla que hubo «un primer intento infructuoso llevado a cabo por el encausado Enrique García Castaño» de captar a Ríos, que «desde principios del año 2013 y hasta septiembre de 2014 trabajó como conductor de absoluta confianza de la familia Bárcenas» y un segundo, ya con éxito, «por medio del encausado Andrés Manuel Gómez Gordo, Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía que ocupó entre 2011 y 2015 el cargo de Director General de Documentación y Análisis de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha en los tiempos en que fue presidida por María Dolores de Cospedal, a la sazón Secretaria General del Partido Popular».

«De esta forma, el encausado Sergio Ríos, entre julio de 2013 y septiembre de 2015, procedió a informar de forma exhaustiva e individualizada a los encausados Gómez Gordo, José Manuel Villarejo Pérez y Enrique García Castaño sobre las citas o reuniones que celebraban Luis Bárcenas -mientras estuvo en libertad- y su esposa Rosalía Iglesias, sobre el contenido e interlocutores de las conversaciones que aquellos mantenían y que tenía la oportunidad de escuchar e incluso sobre la situación anímica en que se encontraban, facilitándoles, además, copia de los documentos y efectos que trasladaba por encargo de cualquiera de los miembros de la familia Bárcenas», señala Anticorrupción.

Sostiene que «como contraprestación por la información y documentación facilitada» Ríos recibió, entre otros pagos, 2.000 euros mensuales «abonados con cargo a los fondos reservados del Ministerio del Interior» entre el mes de julio del año 2013 y el mes de septiembre del año 2015. En total, cuantifican en 57.943,43 euros los fondos públicos afectados, entre el dinero que fue pagando al chófer el propio Villarejo (44.000 euros), los gastos que se le pagaron a él en el contexto de las gestiones (3.243,43 euros), la parte que entregó Gómez Gordo (10.000 euros) y otros 700 euros de una pistola que le compraron.

«Aunque no han sido objeto de cuantificación, también fueron desviados para la ejecución de ilícitos seguimientos sobre Luis Bárcenas Gutiérrez, Rosalía Iglesias y su entorno los recursos, técnicos y humanos, del Ministerio del Interior utilizados en el desarrollo de las vigilancias llevadas a cabo de forma continuada entre los meses de julio y octubre de 2013, así como los días 23 de enero y 12 de febrero de 2014, por parte de ocho Inspectores Jefes de Grupo, dos Subinspectores, ocho Oficiales de Policía y cincuenta y dos policías adscritos al Área de Seguimientos Especiales de la UCAO», apostillan los fiscales, que acusan así de delitos de malversación.

En este sentido, la Fiscalía expone que los encausados participaron en el allanamiento de una propiedad de la mujer de Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias- en concreto su estudio de restauración- al sospechar que allí podían estar escondidos los «archivos de audio correspondientes a conversaciones mantenidas con dirigentes del Partido Popular, como su presidente Mariano Rajoy o Javier Arenas, y que Luis Bárcenas Gutiérrez sugería que había grabado y que venían referidas a los hechos investigados» en el caso Gürtel.

Los mandos policiales y bajo la batuta del Ministerio del Interior, habrían participado en ese despliegue desarrollado entre los años 2013 y 2015 y sufragado con fondos reservados y los recursos de la Policía Nacional. Abarcó desde seguimientos hasta la sustracción temporal y clonado de varios de los dispositivos móviles del extesorero del PP mientras se encontraba en prisión provisional.