Moncloa pidió a sus gobiernos regionales que retrasasen sus anuncios fiscales

En el PSOE se respira un clima enrarecido. Con reproches cruzados desde Madrid hacia los territorios, especialmente a la Comunidad Valenciana, por romper el discurso fiscal del Ejecutivo, que no quería asumir un discurso de bajadas de impuestos.

Pero también de los territorios hacia el Gobierno central, donde se cuestiona la falta de coordinación y que Hacienda tardase «demasiado tiempo» en plasmar un plan «en el que ha improvisado constantemente en los últimos días», se quejan en un Gobierno regional. Desde otro Ejecutivo autonómico las críticas se dirigen hacia Puig por ir «demasiado lejos» en su reforma fiscal. No se cuestiona simplemente que se embarcase en bajadas de IRPF, sino que llevase las mismas hasta el nivel de los 60.000 euros de ganancia.

En el Gobierno valenciano se trataba de limitar ayer el choque. Pero en último término ponían en valor su autonomía: «Cada uno tiene sus competencias». Desvelaban que llegó a ser necesaria una conversación entre Pedro Sánchez y Ximo Puig. Aunque pilotó los contactos la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Que también se vio obligada a hablar con el consejero de Hacienda valenciano, Arcadi España.

Desde otros gobiernos regionales reconocen que trabajan en reformas fiscales, pero que han esperado a que Montero desvelase sus planes. Desde el Gobierno central se ha contactado con algunos de sus ejecutivos autonómicos, no con todos, para pedirles que no hiciesen más anuncios fiscales como mínimo hasta que el ministerio de Hacienda llegase a un acuerdo con Unidas Podemos. Los morados supieron aprovechar las fracturas.

Ayer había alivio en las filas socialistas por tener ya encima de la mesa las medidas del Gobierno central. Pero se lamenta haber perdido la baza política de estas medidas fiscales con este conflicto: «Ha parecido todo una subasta», lamentaba un alto dirigente autonómico. Otros Ejecutivos reiteraban que seguirán adelante con sus planes de cambios fiscales. Y siempre desde una visión autonómica y haciendo sus propios equilibrios parlamentarios.

Navarra y Aragón estudian ya propuestas que de algún modo van a incluir alivios fiscales. También Castilla-La Mancha, que celebra su debate sobre el estado de la región el próximo martes. Si bien se trata de medidas alejadas del maximalismo de la formación morada en sus momentos más exacerbados, no es menos cierto que al final se han aprobado medidas que hasta hace muy pocas semanas no estaban encima de la mesa.

De hecho, fuentes presentes en la negociación aseguran que fue a última hora del miércoles cuando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pudo dar luz verde a una rebaja fiscal para las rentas por debajo de 21.000 euros. Un alivio fiscal tímido que en Podemos decidieron avalar, pese a que no es su fórmula predilecta, al comprobar que se quedaba en un umbral de renta no muy elevado. No querían.

Unidas Podemos presumió a través de Twitter de ese primer acuerdo en materia fiscal, aunque admitieron que el acuerdo para el borrador de las cuentas públicas sigue estando «bastante lejos». No obstante, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, aseguró que era un «primer paso importante» para alcanzar el borrador final. En Unidas Podemos alardearon de haber llevado a Sánchez a sus posiciones fiscales históricas. Aprovechando los socios morados, eso sí, sus brechas territoriales y la ofensiva del Partido Popular en material fiscal.

El que más se ufanó, a todas luces, fue el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique. «Acabamos de pactar con el PSOE meter una buena parte de nuestro programa de fiscalidad en el BOE», señaló en Twitter. Díaz y la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, escribieron sendos hilos en Twitter, pero no se mencionaron entre ellas, a pesar de que comparten éxito y las dos estuvieron coordinando durante la madrugada y la mañana de ayer la negociación de la ministra de Hacienda con Nacho Álvarez, secretario de Estado y economista de Podemos.

Unidas Podemos celebra hoy que el PSOE haya asumido la creación de un nuevo impuesto a las grandes fortunas, que afectará a los patrimonios netos de más de 3 millones de euros. También una bajada del IRPF para la mitad de los trabajadores (los que ganan de 14.000 a 21.000 euros). Así como que queden exentos de tributar por IRPF los trabajadores que ganan menos de 15.000 euros.

También han conseguido arrancar una subida para que «paguen más, los que más tienen»: se aumentará el IRPF a las rentas del capital superiores a 200.000 euros. A primera hora del día, el PSOE trasladaba que había acuerdo en materia fiscal y Unidas Podemos lo negó con rapidez. Primero, salió la ministra Irene Montero a desmentirlo en los pasillos del Congreso. «Está cerca», dijo; «Pero hay que seguir trabajando». Luego, lo negó Díaz. Menos de una hora después, tras tanto ruido, ya lo celebraban en Twitter.

Respecto al impuesto de Sociedades, otra reclamación de Unidas Podemos, se rebajará dos puntos hasta el 23 por ciento a las empresas que facturan menos de un millón de euros. Una medida de ahorro para las pymes, defienden desde el Gobierno. Pero subirán «de forma temporal» Sociedades a las grandes empresas. Esta segunda parte de la medida, apuntan, «afecta a un 0,2 por ciento de las empresas».

Además, se aplicará una bajada del IVA del 10 por ciento al 4 en los productos de higiene menstrual (compresas y tampones). Medida muy peleada por la ministra de Igualdad. También se reducirá el IVA de los preservativos y los anticonceptivos no medicinales. Unidas Podemos tuvo que renunciar a rebajar el IVA a los productos de alimentación para celíacos, según explicaron, porque «el PSOE cerró esa puerta desde el principio».

El socio minoritario del Gobierno había reclamado a mitad de la semana una reunión con el PSOE para «desatascar» la negociación. «Estamos hablando constantemente», explicaban, por su parte, los socialistas, que en esos momentos de tensión enmarcaron la petición de la cita dentro del relato político de negociación tensa. El acuerdo fiscal finalmente llegó ayer.

La Moncloa está recibiendo muchos mensajes procedentes de sus gobiernos autonómicos y municipales para lanzar esos mensajes de alivio fiscal. Finalmente, Hacienda accedió a ello, pero descartando una rebaja global del IRPF, como ha hecho el presidente regional socialista más importante, Ximo Puig, para las rentas por debajo de los 60.000 euros.

Algunos gobiernos regionales y federaciones socialistas consultados lo que celebran, por encima de todo, es que el Gobierno «por fin» haya aclarado sus medidas fiscales. Varios de ellos seguirán sendas similares en los próximos días o semanas. Otros tantos no terminan de descartar ser más ambiciosos e ir en la línea del barón valenciano. Pero lo que es cierto es que se ha impuesto el marco del alivio fiscal como respuesta a la crisis.

El Gobierno central se había resistido a aceptar este enfoque. Aunque el paquete fiscal en su conjunto supone una subida de impuestos de algo más de 3.000 millones, destacan en el Gobierno, para frenar el relato de que se ha aceptado el marco ideológico del PP en favor de las bajadas de impuestos. Aunque se haya hecho al menos parcialmente.

Y es que si así fuera no se explica el júbilo reinante ayer en Podemos. El acuerdo entre los socios de Gobierno se limita por el momento a la fiscalidad. Explican fuentes gubernamentales que el peso de la negociación lo han llevado la ministra de Hacienda con el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez.

La aceleración en las posiciones socialistas hacia postulados defendidos por Podemos, entienden los morados que por «presiones brutales» de los territorios socialistas y «una orden final» de La Moncloa, hizo innecesario que en esta ocasión se fajasen especialmente ni la vicepresidenta Yolanda Díaz ni la ministra Ione Belarra. Aunque estuvieron siguiendo el proceso.

Sus cara a cara con Pedro Sánchez y Félix Bolaños se reservan para la siguiente batalla. Y es que todavía no hay acuerdo en el borrador completo para que la coalición pueda anunciar que hay acuerdo presupuestario. Ahí tanto Belarra como Díaz, y también Irene Montero, tienen importantes asuntos que afectan a sus departamentos y que necesitan sacar adelante. Podemos sabe que en la práctica la legislatura termina ahora.

Los Presupuestos y las negociaciones paralelas asociados a ellos son la última ventana. La vicepresidenta y ministra de Trabajo sigue negociando mejorar las prestaciones por desempleo, la ministra Igualdad, la ley de Cuidados y Belarra, más gasto para conciliación y la ley de familias con las ayudas a la crianza y los permisos de paternidad y maternidad. La subida del IPREM es otro elemento clave para ellos.

Por último, aunque sea un tema extrapresupuestario, los morados quieren desatascar la ley de Vivienda. Creen que si no lo hacen ahora, morirá sin tramitarse en el Congreso cuando de disuelvan las cortes dentro de un año. Unidas Podemos logró el compromiso de Vivienda del PSOE amagando con no apoyar los Presupuestos de 2021. Volverán ahora a presionar. Es esta su última oportunidad.