El Gobierno limita su rebaja fiscal a los salarios inferiores a 21.000 euros y deja a la clase media sin paraguas frente al IPC

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, puso especial énfasis este jueves en la presentación de las medidas en diferenciar el modelo planteado por el Gobierno de la deflactación de tarifas aplicada por los gobiernos autonómicos del PP e incluso de la rebaja fiscal adoptada en la Comunidad Valenciana. Lo hizo subrayando que la rebaja gubernamental es más selectiva, que se circunscribe a las rentas más bajas del sistema y que, además, tiene más potencia que la aprobadas a nivel autonómico al permitir reducir hasta en un 40% las cargas fiscales de los contribuyentes en este segmento, según los cálculos circulados ayer.

El reverso oscuro de esa naturaleza escrupulosamente selectiva de la rebaja fiscal acordada por Hacienda y Unidas Podemos es que deja fuera de todo alivio fiscal al grueso de la clase media. Hacienda recalcó ayer que su rebaja fiscal alcanza a alrededor de la mitad de los declarantes por IRPF (más de 21 millones hacen la Declaración de la Renta cada año), pero no dijo que esa mitad supone apenas el 17% de los rendimientos declarados en el Impuesto sobre la Renta y está salpicado de contribuyentes con relaciones laborales ocasionales.

El grueso de la clase trabajadora se sitúa en la horquilla que declara salarios de entre 21.000 y 60.000 euros anuales, un colectivo de más de siete millones de contribuyentes que explica cerca del 60% de las rentas que se declaran en España y que no recibirá ningún tipo de apoyo fiscal en el IRPF, al menos por parte del Gobierno Central.

Sí hay algún guiño para un millón y para las empresas que facturan menos de un millón de euros, cuyo tipo fiscal general en Sociedades se ajusta del 25% al 23%.

El Gobierno confía en compensar holgadamente el coste fiscal anual de unos 2.000 millones de euros que asumirán las arcas del Estado por estas medidas de rebaja fiscal con su ofensiva para incrementar las cargas «de los que más tienen, de los que pueden permitírselo», en palabras de María Jesús Montero.

Y los que según el Gobierno más pueden permitírselo son, concretamente, los beneficiarios de las rebajas fiscales en el Impuesto de Patrimonio aprobadas por los gobiernos autonómicos del PP, los grandes grupos empresariales y los grandes ahorradores. Las subidas fiscales temporales - estarán vigentes en principio solo para los ejercicios de 2023 y 2024- acordadas por la coalición de Gobierno a grandes fortunas y grupos empresariales y la subida estructural de los impuestos sobre las ganancias de capital deben permitir no solo enjugar el coste de las rebajas fiscales anunciadas este jueves, sino que la caja del Estado ingrese 3.000 millones de euros más el año en estos dos ejercicios.

Presionado por el clima social y por las rebajas fiscales aprobadas en diferentes comunidades autónomas, el Gobierno ha decidido abordar una rebaja de IRPF, limitada eso sí a las rentas de menos de 21.000 euros. La vía será ampliar el radio de acción de la reducción de 5.565 euros a los rendimientos del trabajo de las rentas más bajas aprobada por el Gobierno Rajoy en 2018. Si esta se aplicaba según una fórmula y de manera decreciente entre los 14.000 y los 18.000 euros, en el modelo del Gobierno se aplicará bajo los mismos parámetros entre los 15.000 y los 21.000 euros. Fuentes de Hacienda admiten que el nuevo modelo probablemente obligará a elevar esa reducción por encima de los 6.000 euros y tal vez a tocar los tipos de retención de cara a 2023. Según los cálculos de Hacienda, un trabajador sin descendientes que gane 18.000 euros al año se ahorraría cerca de 750 euros en su factura fiscal por IRPF y la magnitud de la rebaja sería de hasta el 40% para estos contribuyentes.

El Gobierno da un paso más en la subida de impuestos sobre los rendimientos del ahorro que inició en los presupuestos de 2021. Las plusvalías y ganancias de capital entre 200.000 y 300.000 euros obtenidas a partir de 2023 tributarán a un tipo del 27% (frente al 26% actual) en tanto que las que superen los 300.000 euros pagarán ya el 28%, yendo más allá de lo que PSOE y Podemos acordaron en su acuerdo de Gobierno en 2019. La medida afectará a más de 17.000 ahorradores, que explican casi el 60% de los ingresos derivados de la imposición al capital en el IRPF y que tendrán qe pagar de media casi 11.500 euros más al año. El Gobierno espera obtener más de 200 millones extra por esta subida fiscal, que se incluirá en el proyecto de Presupuestos de 2023 y será permanente.

El nuevo Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas, que el Gobierno aspira a tener en vigor ya en 2023 se ha diseñado como un antídoto a las rebajas de Patrimonio de Madrid y Andalucía. Gravará solo a los contribuyentes con patrimonios declarados por encima de los tres millones de euros y solo en el caso de que no paguen la cuota que les corresponde por el impuesto autonómico. En el caso de que si lo hagan podrán deducirse ese pago para evitar doble imposición, por lo que solo afectará a aquellos que disfrutan de algún tipo de ventaja fiscal.

Se trata de una figura temporal que estará vigente en 2023 y 2024 y que se estructurará de la siguiente manera. Los contribuyentes con patrimonios declarados de entre tres y cinco millones de euros pagarán un tipo del 1,7%; los que declaren entre cinco y diez millones, tributarán por un 2,1%; y los que declaren un patrimonio de más de diez millones de euros pagarán un 3,5%. Según las estimaciones de Hacienda, el colectivo de potenciales afectados es de 23.000 contribuyentes y los ingresos -nuevamente, potenciales- de 1.500 millones de euros. La realidad es que esas cifras muestran la situación si no se pagara Impuesto de Patrimonio en ninguna autonomía, por lo que tanto el colectivo de afectados como la recaudación real será muy diferente y provendrá en gran medida de la Comunidad de Madrid.

El Gobierno pasará la factura de la crisis a los grandes grupos empresariales. No se trata en este caso de una subida de impuestos, sino de una especie de adelanto por valor de 2.439 millones que los grandes grupos empresariales tendrán que asumir por la reducción temporal al 50% durante 2023 del volumen de pérdidas de sus filiales que tienen derecho a compensarse en el Impuesto de Sociedades. Los afectados, unos 3.000 grupos, podrán descontarse esas pérdidas a futuro con créditos fiscales. Por contra, el Gobierno bajará del 25 al 23% el tipo general para las empresas que facturan menos de un millón de euros.

Se ampliará del 5% al 7% la deducción reconocida para gastos de difícil justificación y se rebaja un 5% adicional el rendimiento neto que se tiene en cuenta en módulos. Ambas medidas suponen 184 millones de ahorro a 1,5 millones de autónomos

La aspiración de Podemos del tipo de IVA del 4% para productos de higiene femenina, como las compresas o los tampones, será realidad en 2023.