Montero advierte de que los bancos y las eléctricas que repercutan el nuevo impuesto «se las tendrán que ver con la Justicia»

El veto legal a repercutir el nuevo gravamen sobre los consumidores, que no será un impuesto sino una prestación patrimonial de naturaleza no tributaria, que PSOE y Unidas Podemos aspiran a incluir en la norma es uno de los aspectos que ofrece dudas jurídicas a los afectados, según confirman fuentes de estos sectores. Argumentan que no hay ninguna ley que impida a las empresas repercutir los incrementos que experimentan en sus costes a los consumidores y que su encaje legal es cuestionable. Otro de los ámbitos de incertidumbre es cómo hacerlo. Se trata de empresas que tienen una estructura de costes complejísima y que, además, en el actual contexto está sometida a unas oscilaciones importantes, no sólo desde el flanco fiscal, lo que haría complicado determinar si un eventual cambio en las tarifas podría responder o no a motivos fiscales.

Al margen de esas consideraciones jurídicas, la ministra de Hacienda ha reafirmado este lunes la intención del Ejecutivo de implantar esa nueva figura con la que aspira a obtener 7.000 millones de euros a ingresar en los ejercicios de 2023 y 2024 a cuenta de los supuestos beneficios extraordinarios obtenidos por las empresas energéticas y las entidades financieras en los ejercicios de 2022 y 2023.