Moncloa interviene en la ley trans para frenar su mayor fractura interna

Aunque se ha querido trasladar la idea de que el Gobierno se mantenía al margen, el propio Pedro Sánchez ha tenido que transmitir que había que cortar ya la polémica. «El presidente está en todo», señala un alto cargo del partido y del Gobierno. En la cúpula del PSOE reconocen que ha habido un profundo debate interno y que por la temática que se aborda se trata de «una polémica dolorosa».

A través del grupo parlamentario socialista se presentarán enmiendas al articulado de la norma, pero dejando de lado los puntos en los que se hace referencia a la autodeterminación de género. Es la parte más sensible de la ley, en la que se determina los criterios y los pasos que deben seguirse para cambiar la mención registral del sexo. Y en el que se habilita una fórmula para menores entre los 12 y los 16 años.

El sector más refractario a la norma dentro del PSOE tiene preparadas enmiendas que alcanzaban a esta parte nuclear de la norma, cuestionando la corta edad establecida para solicitar el cambio registral y comenzar los tratamientos pertinentes. La decisión del partido de ampliar el plazo de enmiendas al articulado encendió las alarmas en Unidas Podemos y en el sector favorable a la ley dentro del partido, provocando el anuncio de la baja de militante del PSOE de Carla Antonelli, primera diputada trans de España. No se trataba de una crisis como otras en la coalición que afectan a PSOE y Unidas Podemos, sino que en esta ocasión fracturaba al PSOE y lo hacía con una bandera histórica para ellos como es la de los derechos LGTBI.

La cúpula del partido y del Gobierno ha buscado cerrar esa herida y hacerlo de una forma que permita sujetar también a Unidas Podemos. El PSOE confirmó ayer su voluntad de presentar enmiendas parciales, como informó ABC hace algunas semanas. Pero dejando claro que «no tocaremos la parte de autodeterminación de genero».

Fuentes socialistas trasladaron, por contra, que tienen «dudas» sobre «la equiparación de algunas violencias con la violencia de género», en referencia a la violencia intragénero que se puede dar entre las parejas homosexuales y que en el feminismo clásico rechazaban equiparar con la que puede ejercer un hombre sobre una mujer, y que se consagra en las legislaciones de violencia de género.

Artículo 65 de la norma. Ahí se centrarán las enmiendas, con el pretexto también de darle «seguridad jurídica» a una norma que ya dan por hecho que la oposición llevará al Tribunal Constitucional. En la parte socialista del Gobierno confían en que al limitar las enmiendas a esta parte del articulado sin tocar la autodeterminación de género sea suficiente para que Unidas Podemos contenga sus críticas. Aunque desde el Ejecutivo trasladan también que no hay que pensar necesariamente en una solución rápida, como quiere Irene Montero, sino que hay que cuidar la «pulcritud» normativa «sin prisas».

Fuentes del Gobierno destacan además que esa parte relativa a la autodeterminación de género «no cambió» entre el anteproyecto de ley pactado entre la ministra de Igualdad, Irene Montero, y la entonces vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. y el texto que se aprobó finalmente en segunda lectura el pasado verano. Es una forma de calmar a las feministas clásicas: si en tiempos de Calvo en el Consejo de Ministros eso se aceptó no se puede dar marcha atrás.

El malestar en la formación es grandes. La incredulidad y la preocupación, también. La Moncloa se ha visto obligada a intervenir para frenar la «trifulca» y ante la constatación de que «estábamos dando un espectáculo». Aunque en el corazón de Gobierno se quiere minimizar el impacto real que esta crisis puede tener en términos de opinión pública, lo cierto es que en el partido se siente la preocupación. «De esto se habla en todas las agrupaciones, desde la más grande a la más pequeña», reflexiona un alto dirigente autonómico. Los presidentes autonómicos, muy dados a minimizar el impacto real de los debates de política nacional más allá de Madrid, reconocen que en esta ocasión la fractura también ha llegado a sus territorios. «Hemos tenido debate. Hay que buscar un equilibrio entre la parte LGTBI y la parte feminista», señala uno de ellos.

Ese equilibrio se ha echado en falta en las últimas semanas. Con una exacerbación de las posiciones entre el sector de las feministas clásicas, muy contrarias a la ley y que han trabajado en numerosas enmiendas al articulado, y los partidarios de mantener la ley en su redacción actual. En esa falta de equilibrio, con informes cruzados ante la comisión de garantías de los que ya informó ABC hace semanas, un nombre viene a la cabeza de muchas personas en los últimos días: el de la exvicesecretaria general Adriana Lastra, que en este asunto ejercía como voz muy autorizada y que tenía la autoridad suficiente como para determinar la voz del partido, tender puentes entre ambas sensibilidades, frenar el desencanto de las feministas tradicionales y canalizar de modo menos revanchista el sentimiento de triunfo que existía en el sector LGTBI cuando el proyecto de ley se aprobó en el Consejo de Ministros. «En este asunto daba criterio», admite un dirigente de peso. Sin ella y con Calvo también fuera del Gobierno, la crispación entre las partes aumentó. Con protagonistas por ambas partes sin la autoridad suficiente para zanjar el debate. Ni el secretario de Políticas LGTBI, Víctor Gutiérrez, ni la secretaría de Igualdad, Andrea Fernández, Aunque a la segunda le reconocen trabajo para «suavizar» las tensiones, algo que se le reprocha en dirección contraria a Gutiérrez por un lado y a la propia Carmen Calvo por otro. «El partido está muy dividido, mucho», reconocen en la dirección, donde destacan que Lastra «hizo un gran trabajo» para lograr una posición más o menos asumible para todas las sensibilidades del partido.