Moncloa no incluye entre las funciones de la asesora de Begoña Gómez sus asuntos privados

Así se desprende de la información que ha remitido Presidencia del Gobierno al citado magistrado, que abrió una causa a la esposa de Sánchez en abril de 2024 por presuntos tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional en relación con el modo en que accedió al puesto de directora de una cátedra extraordinaria de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en 2020 a pesar de no tener ni una licenciatura, así como por la forma en que registró una herramienta tecnológica o 'software' del máster unido a la cátedra que costearon altruistamente Google, Indra y Telefónica, aclarando que lo hacían para que quedara en poder de la Universidad pública.

En el marco de dicha investigación, el instructor citó en primer lugar con la condición de testigo a Cristina Álvarez, quien estuvo recibiendo los correos que la Universidad remitía a Gómez para la creación y coordinación de su cátedra, así como llegó a contactar con patrocinadores para el programa de estudios. El 4 de febrero, cambió su condición a la de investigada y pidió a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil «el registro de llamadas realizadas y recibidas por la señora Álvarez desde su nombramiento y hasta el día de hoy a teléfonos vinculados a la Universidad Complutense de Madrid y su personal y a números vinculados al señor Barrabés y su grupo» de empresas.

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Juan Carlos Barrabés fue profesor del máster de la cátedra de Begoña Gómez. Ella firmó tres cartas de recomendación para el empresario como directora de la cátedra de la UCM de cara a un concurso de la empresa pública Red.es a los que concurrió con una de sus empresas, Innova Next.

La propia Álvarez -quien como publicó ABC fue subordinada de Begoña Gómez hace años en la empresa de Marketing Inmark- declaró como testigo el 20 de diciembre que fue nombrada en julio de 2018 Directora de Programas de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, puesto nivel 26, como persona de confianza de Begoña Gómez para llevarle la agenda y gestionar sus actos institucionales.

Así lo confirma Presidencia del Gobierno en la documentación remitida al juez, a la que ha tenido acceso ABC, aunque en ningún momento habla de que entre sus funciones estuviera el apoyo para actividades profesionales o privadas de la esposa de Sánchez, como las que desarrolló en la Complutense o el centro privado de estudios Instituto de Empresa (IE), donde fue directora del Africa Center.

«Desempeña tareas de colaboración inmediata, de carácter logístico y organizativo en el marco de la atención a la esposa del presidente del Gobierno, en las que predominan las notas de afinidad inherentes a la confianza», informó el 6 de febrero al juez Raúl Silva, responsable de la administración y de la coordinación del personal de los edificios Palacio y Consejo de Ministros del Complejo de la Moncloa.

«Tales tareas comprenden, entre todas las que se pueden incluir en el ámbito de tareas de confianza, las siguientes: la gestión de la agenda y la preparación de la presencia en reuniones, visitas y/o eventos, la gestión y administración de las comunicaciones, la asistencia telefónica y documental, el acompañamiento en desplazamientos y la interlocución y coordinación con los equipos de protocolo, seguridad, asuntos exteriores y resto de departamentos implicados en la organización de actos y viajes del presidente del Gobierno o derivados de su propia agenda», amplía Moncloa, sin hacer mención expresa a asuntos profesionales reservados a Begoña Gómez, ajenos a la actividad del presidente Sánchez.

Una descripción que choca con las comunicaciones que Álvarez tuvo con el ex vicerrector de Relaciones Institucionales de la Complutense, Juan Carlos Doadrio, o el departamento de gestión de patentes de dicha universidad y que están incorporadas a la causa.

ABC desveló un WhatsApp que Álvarez envió a Doadrio en octubre de 2022 sobre la gestión de la propiedad intelectual del 'software' por el que Begoña Gómez está investigada por presunta apropiación indebida.

La propia defensa de Begoña Gómez, en un escrito presentado al juez, también introdujo otro correo que Cristina Álvarez recibió de parte del equipo de la gestión de patentes de la Complutense con un 'contrato de cesión de derechos' para que la titularidad del 'software' fuera «100% UCM». «Vuestra colaboración se recogerá en el contrato de cesión de derechos», le indicaron, como representante de los intereses de Begoña Gómez.