Moncloa evita las Cortes y no explica la conexión de Rusia y el secesionismo

El martes pasado la presidenta de esta comisión, la popular Ana Pastor, envió una carta de queja a la presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Francina Armengol, para denunciar que La Moncloa comunicó cuatro días antes –15 de marzo– que ni López ni la directora del Departamento de Seguridad Nacional, Loreto Gutiérrez Hurtado, podían acudir a la comparecencia a la que habían sido citados el pasado jueves, 21 de marzo. Pastor explica en su escrito que esa fecha había sido acordada por la Mesa de la comisión mixta «tras mantener sucesivos e infructuosos contactos con el gabinete de la Presidencia de Gobierno».

Es la Ley 36/2015 de Seguridad Nacional la que, en su artículo 13.1, establece que a las Cortes Generales «les corresponde debatir las líneas generales de la política de Seguridad Nacional, a cuyos efectos el Gobierno presentará a las mismas, para su conocimiento y debate, la Estrategia de Seguridad Nacional, así como las iniciativas y planes correspondientes».

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El siguiente apartado de ese misa misma ley, el 13.2, fija que es en esa comisión donde «comparecerá anualmente el Gobierno, a través del representante que designe, para informar sobre la evolución de la Seguridad Nacional en dicho período de referencia. Asimismo, en esta Comisión Mixta será presentada la Estrategia de Seguridad Nacional y sus revisiones». Que una comisión demande la comparecencia de un miembro del Gobierno es una potestad constitucional. El artículo 110 de la Carta Magna señala: «Las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno». Una facultad que viene además desarrollado en los Reglamentos del Congreso y del Senado.

Además de la posición del Gobierno que Óscar López pudiera manifestar ante las Cortes, el testimonio de Gutiérrez Hurtado, que sustituyó a Miguel Ángel Ballesteros, es muy relevante en este caso, dado que se trata de una experta en tecnología. Y una de las claves de ese informe y sobre las que el Gobierno no quiere rendir cuentas ante las Cortes Generales tiene que ver con la injerencia de Rusia a través de las crecientes campañas de desinformación.

En uno de los apartados de dicho informe se recuerda que la Comisión Europea cuenta con una Comisión Especial sobre Injerencia Extranjera que adoptó un informe en el que se abunda en la necesidad de armonizar las normativas nacionales para evitar la financiación encubierta de actividades políticas por parte de donantes extranjeros.

En este sentido, declara que las actividades como «los hallazgos sobre los contactos estrechos y regulares entre funcionarios rusos y representantes de un grupo de secesionistas catalanes» requieren «una investigación en profundidad», ya que se considera que estas prácticas forman parte «de la estrategia más amplia de Rusia de utilizar todas y cada una de las oportunidades para manipular el discurso con el fin de promover la desestabilización».

Esas campañas de desinformación son, junto a la vulnerabilidad del ciberespacio y energética, los tres principales elementos de riesgo en un contexto de deterioro para la Seguridad Nacional. El informe expresa como prioridad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) el seguimiento de las actividades de espionaje e injerencia contra intereses españoles, con el objetivo de prevenir acciones hostiles de terceros países «que puedan alterar la estabilidad política, social y económica de España, así como la soberanía y la integridad territorial».

En el apartado de las campañas de desinformación, el documento apunta al aumento de las mismas desde «la órbita del Kremlin». Lo refiere como un fenómeno «cada vez más prevalente y que representa un riesgo para la seguridad de los Estados democráticos, en especial en contextos concretos y delicados, como por ejemplo durante procesos electorales».

Fuentes parlamentarias señalan que «evidentemente» la oposición tiene intención de interrogar al Gobierno sobre estas cuestiones y las ramificaciones que conectan con el independentismo catalán. Y denuncian que tanto López como Gutiérrez Hurtado justifiquen en cuestiones de agenda su negativa a rendir cuentas ante las Cortes Generales. «Ya han tenido unos meses de gracia hasta que se formó el Gobierno, pero ahora no hay excusas», refieren dichas fuentes.

Esta comparecencia cancelada por el Gobierno llegaba unos días después de la aprobación de la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados. Junts logró incluir en el texto final una enmienda para proteger a Carles Puigdemont y personas de su entorno de las consecuencias del llamado caso Voloh. El titular del Juzgado número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, trata de esclarecer los contactos del independentismo catalán con Moscú. Las últimas enmiendas pactadas entre PSOE, ERC y Junts ya blindaban y enmarcaban como amnistiable delitos como la alta traición, que encajarían en esas conexiones. Esta causa se cierne, entre otras, sobre las figuras del presidente de la Fundación CATmón y amigo de Carles Puigdemont, Víctor Terradellas, o el actual jefe de la oficina del expresidente catalán en Bruselas, Josep Lluís Alay.