Moncloa se ata al fiscal general en el banquillo: «Confiamos en su inocencia»

La portavoz gubernamental, Pilar Alegría, ha asegurado que «este Gobierno mantiene la confianza en el fiscal general del Estado y en su inocencia». En la misma línea que ya marcara Pedro Sánchez, el Ejecutivo se ata al horizonte judicial de García Ortiz, porque, sentencian, el fiscal general «ha defendido la verdad y ha perseguido el delito».

Fuentes gubernamentales consultadas por ABC aseguran que la decisión «se esperaba», por el desarrollo que ha llevado la instrucción, y que la única incógnita que quedaba por clarificar era si el Supremo avalaba o no la suspensión del fiscal en sus funciones, algo que -finalmente- ha rechazado. «Nada cambia», aseguran en Moncloa, donde entienden que «es sostenible» que García Ortiz siga al frente de la Fiscalía pese a sentarse en el banquillo de los acusados.

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Patricia Romero

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En el Gobierno no han flaqueado en ningún momento en su defensa de su mantenimiento en el cargo. Es más, internamente han presionado para que resista las presiones para dimitir, porque entienden que la causa contra el fiscal general del Estado es, en realidad, una causa política que tiene como objetivo debilitar al Gobierno. Álvaro García Ortiz se ha convertido en pieza de caza mayor y en el Ejecutivo no van a permitir que se la cobren.

La última hora sobre la situación procesal del fiscal general del Estado también se ha cruzado en la comparecencia que el portavoz del Partido Socialista en el Congreso, Patxi López, estaba ofreciendo desde el atril de la sala de prensa de la Cámara Baja. «No es ninguna sorpresa», ha declarado. «Pero para todas las personas que han pedido que deje su cargo porque iba a contaminar la institución, deberían saber que el Tribunal Supremo ha dicho en su auto que no se suspenden las funciones del fiscal». También ha querido insistir en que estará «siempre» con la presunción de inocencia.

El que también evitó pedir la dimisión del fiscal general fue Sumar, más pendiente de salvar sus propios muebles esta semana tratando de impedir que Junts tumbe su medida estrella, la reducción de jornada (que, salvo un pacto in extremis, decaerá este miércoles en el Congreso de los Diputados gracias a las enmiendas de totalidad de los neoconvergentes, el PP y Vox), que de las causas judiciales que cercan a su socio de coalición, el PSOE. Entre ellas, la de García Ortiz, que, a juicio de los de Yolanda Díaz, «atenta contra muchas garantías procesales» establecidas en la Constitución. «No se le puede pedir a un investigado que pruebe su propia inocencia. Y esto es lo que está pasando aquí, desoyendo indicios, pruebas y testificales», ha denunciado su portavoz parlamentaria, Verónica Barbero, en respaldo al fiscal general. Informa Patricia Romero.