La Mesa del Congreso desoye a PP y Vox y tramita la delegación de la inmigración a Cataluña

La decisión estaba ya tomada antes del inicio de la reunión de la Mesa del Congreso, donde los cinco diputados de PSOE y Sumar en el órgano habían acordado, sin escuchar los argumentos del PP, permitir la tramitación de la ley orgánica con la que el Gobierno cumple la promesa que le hizo al prófugo Carles Puigdemont en enero del año pasado. La cita, aun así, se ha extendido durante dos horas —ha sido más larga que la de la amnistía— por la acalorada discusión que se ha dado entre sus miembros, según fuentes presentes en ella.

Los cuatro populares con asiento en ella han rechazado la admisión a trámite, según informan a ABC desde el PP, «al tratarse de una competencia exclusiva del Estado, intransferible e indelegable porque afecta a la soberanía». «Desde el PP lo que creemos es que es inconstitucional. Son competencias del Estado que no son susceptibles de delegación», ha dicho después el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Miguel Tellado, en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces, que ha comenzado justo cuando concluía la de la Mesa.

Los letrados de la Cámara Baja, a las órdenes de Fernando Galindo, quien fue nombrado justo antes de la calificación de la amnistía y procede de un puesto en el Ejecutivo, se han limitado a emitir una nota favorable a la tramitación, a pesar de que Vox había enviado un escrito formal reclamando un informe jurídico detallado sobre la constitucionalidad de la norma. El grupo de Santiago Abascal también había pedido la recusación del letrado mayor, pero ambos extremos han sido rechazados con el criterio de PSOE y Sumar.

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Daniel Tercero

Lo habitual es que todas las iniciativas sean calificadas favorablemente por la Mesa del Congreso, el órgano rector de la actividad parlamentaria, salvo que entren en una contradicción palmaria con la Constitución. Los precedentes de esta legislatura eran poco favorables a las tesis de PP y Vox porque los letrados ya permitieron la tramitación de la ley de amnistía al 'procés', a pesar de que este mismo cuerpo, con otro jefe al frente, recomendó inadmitir a trámite una proposición muy similar la legislatura pasada, en la que Pedro Sánchez no necesitaba los votos de Junts para gobernar, por considerarla inconstitucional. Entonces el PSOE opinaba igual y unió sus votos a los del PP para cerrarle el paso a las aspiraciones separatistas. Ahora, todo ha cambiado.

En el caso de la delegación de competencias de inmigración a la Generalitat de Cataluña, que PP y Vox estiman inconstitucional, ni siquiera ha habido un informe. Fuentes cercanas a la Mesa aseguran que los letrados apreciaban decenas de antecedentes en los que se admitieron a trámite leyes que planteaban traspasos de competencias de toda índole sin problema. «Nunca se ha tumbado ninguna propuesta de delegación de competencias», apuntan estas fuentes, que recuerdan que el órgano rector de la Cámara Baja no constituye un primer examen político a una norma.

La complicación para la ley llegará a partir de ahora. Primero deberá superar la toma en consideración por el Pleno y después, pasará a comisión, donde se formará una ponencia encargada de discutir la ley en detalle. Eso, siempre y cuando no se eternice con sucesivas prórrogas en el plazo para registrar enmiendas, como sucede con las normas que o bien el Gobierno quiere bloquear o bien espera a que tengan suficientes apoyos antes de sacarlas del cajón.

Podemos ya ha manifestado su voto en contra, lo que impediría la aprobación de la ley, aunque los de Ione Belarra han dejado entrever que podrían replantearse su postura siempre que se apruebe la iniciativa legislativa popular para regularizar al menos medio millón de extranjeros, algo a lo que Junts, de primeras, se opone. En Sumar también han surgido voces críticas respecto al contenido de la norma, en el que aprecian un sesgo racista, y se han elevado quejas desde Izquierda Unida, Más Madrid y Compromís. El pacto de PSOE y Junts, que horroriza a la oposición por la cesión de una nueva competencia a Cataluña, otra más, tampoco convence a los socios de izquierdas del Gobierno, que asisten con preocupación a la adopción de un discurso antiinmigración que, en boca de PP y Vox, han tachado de «extrema derecha».