Vox pide a la Mesa que rechace la ley para delegar la inmigración a Cataluña con vistas a los tribunales

La formación de Santiago Abascal respondió con dureza a esta última cesión de Pedro Sánchez al independentismo y ahora da el primer paso para intentar torpedear esta norma e impedir que se lleve a término. Millán ha anunciado ese escrito a la Mesa por la «manifiesta incompatibilidad» con la Constitución del pacto entre PSOE y Junts para que la Generalitat asuma o comparta las competencias en inmigración. Un asunto que el Gobierno relativiza, porque mantiene que la Policía Nacional y la Guardia Civil seguirán llevando la voz cantante en el control fronterizo y de los flujos migratorios, pero que los neoconvergentes elevan a categoría de Estado, concediéndole un rol protagonista a los Mossos d'Esquadra.

«En contra de lo que repiten, que esto es una cosa que avala la Constitución, la inmigración es una competencia exclusiva del Estado que por su naturaleza no puede ser transferida ni delegada. Es una competencia exclusiva de una nación y por eso la reclaman los separatistas», ha apuntado la diputada derechista en rueda de prensa, donde ha atacado al Ejecutivo por esta nueva capitulación: «Con tal de mantenerse en el poder, el Gobierno es capaz de admitir lo que durante años ha calificado de extrema derecha: que la inmigración tiene que ser ordenada y regular».

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El PSOE acordó con Junts en enero del 2024 la cesión de la gestión de las competencias migratorias a cambio de que los separatistas se abstuviesen en tres reales decretos leyes cuya convalidación peligraba. Uno de ellos, el de subsidios, decayó aun así por el voto en contra de Podemos, en una particular 'vendetta' contra Yolanda Díaz. Más de un año después aquella promesa se materializa en una ley que, sin embargo, tampoco tiene garantizada su aprobación. Para ello, al ser orgánica, se requiere de una mayoría absoluta y la formación de Ione Belarra ha amagado ya con descolgarse, lo que impediría que saliese adelante.

Podemos introduce en la ecuación la regularización de más de medio millón de inmigrantes que actualmente residen en España, pero Junts, por ahora, no está por la labor de consentirlo. Por si acaso, Vox mueve ficha e intenta adelantar escenarios. Según ha podido saber ABC, Marta Castro y Jorge Buxadé, los responsables de la parcela jurídica en el partido, están estudiando todas las posibles acciones legales para impedir que la Generalitat controle la inmigración como si tuviese sus propias fronteras, al margen de las españolas, con países extranjeros.

De ahí nace este escrito a la Mesa del Congreso, donde el PSOE y Sumar, con su mayoría, probablemente decidan ignorarlo. No obstante, Vox está pensando ya en un posible recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, para cuya interposición es necesario haber agotado todas las vías de reclamación que ofrece previamente la Cámara Baja. En el texto remitido a su órgano rector, los de Abascal reclaman también que se solicite un informe sobre el encaje de la ley en la Constitución a los servicios jurídicos de la institución y que, si finalmente se termina admitiendo a trámite, se pidan a los órganos consultivos del Estado los criterios que habrían sido preceptivos en el caso de haberse vehiculado la iniciativa como un proyecto de ley del Gobierno y no como una proposición de los grupos parlamentarios.

Millán ha cargado contra las continuas cesiones al independentismo, las dos últimas, a ERC y Junts respectivamente, la quita de más de 17.000 millones de euros a la Generalitat de Cataluña y la delegación de competencias de inmigración. «Sánchez entrega el control de las fronteras a quienes han convertido Cataluña en la cuna del islamismo en Europa», ha sentenciado la portavoz parlamentaria, con el habitual discurso de Vox que identifica el aumento de la inmigración de países de religión musulmana con la emergencia de atentados terroristas yihadistas en territorio europeo.

La diputada de Vox, además, ha igualado al PP y al PSOE —remontándose al pacto del Majestic entre José María Aznar y Jordi Pujol— y ha enumerado como grandes cesiones al separatismo, entre otras, el traspaso de la educación, los indultos a los condenados por el 'procés', la supresión del delito de sedición y la rebaja de las penas en el de malversación, y la amnistía al intento de secesión del año 2017. Todas ellas, menos la primera, las concedió Sánchez, pero Millán ha afirmado: «Lo que ha habido en España durante décadas ha sido un blanqueamiento del troceo de la nación para que el bipartidismo se mantuviera en el poder. Hay que hacer una oposición férrea y no cabe que el PP le tienda la mano a Junts».