El pacto en inmigración con los separatistas abre grietas a la izquierda del PSOE

Podemos tampoco coincide con Díaz. La formación de Ione Belarra reitera que votará «radicalmente en contra» al tratarse de un acuerdo que «descentraliza, normaliza y legitima» el «racismo» al tiempo que urge a aprobar la iniciativa legislativa popular (ILP) para la regulación extraordinaria de medio millón de extranjeros, que lleva meses paralizada en el Congreso. Junts ya ha dejado claro que no respalda la iniciativa, a pesar de que votó a favor de su toma en consideración aunque ahora diga lo contrario. Todo ello, después de que el partido izquierdista la planteara este miércoles como posible contrapartida a su apoyo a la delegación competencial. «Es un paso previo ineludible», llegó a decir su coportavoz Pablo Fernández.

Pero eso no es todo para Pedro Sánchez. Compromís, formación integrada en Sumar, se alinea con Podemos y comparte sus postulados. Àgueda Micó, diputada de la formación valenciana, traslada a ABC que no están en contra de la delegación de competencias en sí misma, pero sí «del contexto de criminalización de la inmigración» y de la misma «vulneración de derechos humanos» que, según Díaz, garantiza la norma. «Si el Gobierno central se abre a cerrar los CIE, estamos dispuestas a dar apoyo a la ley; si no se abre a mejorar la situación de las personas migrantes, no», zanja.

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Su compañero Alberto Ibáñez también se desmarca de una norma que, a su juicio, desplaza la agenda legislativa hacia posiciones de «extrema derecha y racismo». «El debate no es competencial sino cultural», dijo en redes sociales. Fuentes del partido deslizan, eso sí, que aún tienen que debatir su postura en el seno de la organización y que todo está abierto, dejando la puerta abierta a negociar enmiendas que permitan el cierre de los centros de internamiento de extranjeros (CIE), cuya gestión se delegaría integralmente a la Generalitat de Cataluña si prospera la norma de PSOE y Junts.

La secretaria de Comunicación de Movimiento Sumar, Elizabeth Duval, también admite que el pacto PSOE-Junts asume tesis «racistas y de extrema derecha». A pesar de que no es una «cuestión preocupante» para su formación, sitúa el problema en la exposición de motivos, donde, en su opinión, se compran marcos de Aliança Catalana, partido independentista de extrema derecha, que sitúa la inmigración como una «amenaza».

Este jueves ha sido también el coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, el encargado de advertir a socialistas y neoconvergentes que deberán modificar el texto para conseguir el apoyo de su partido. A día de hoy, explica que la norma genera «dudas», aunque la «delirante» interpretación de los de Puigdemont tampoco ayuda al hacerlo en clave «clasista, derechista y reaccionaria». «Ni ellos asumirán el control de las fronteras ni será requisito el catalán para instalarse en Cataluña» porque «ni aparece en la proposición de ley», afea el dirigente de IU.

En Más Madrid también se muestran reticentes. Califican el pacto de «mala idea» y «mal precedente» al tiempo que piden «no poner en la diana a las personas más vulnerables». Los comunes lo ven positivo, pero recuerdan que se puede enmendar, al igual que Chunta Aragonesista, que secunda el cierre de los CIE en la línea de Compromís.

Por ahora, eso sí, el intercambio de posiciones se está desarrollando con mensajes cruzados en público, a través de los medios de comunicación, y las conversaciones no se aterrizan al terreno privado. La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha dicho este jueves en RNE que no han contactado con Podemos, pero la diputada neoconvergente, persona de la máxima confianza de Puigdemont, ha retado a los de Belarra a «dejar de quejarse ya tanto por todo» y «empezar a hacer propuestas concretas». «Propuesta número uno: no ser racistas», ha contestado la sucesora de Pablo Iglesias en redes sociales.

Fuentes de la formación de Puigdemont consultadas por este diario aseguran que se contactará con Podemos, como con el resto de voces críticas que han aflorado en Sumar, cuando llegue el momento. Pero por ahora Nogueras confía en que la ley terminará aprobándose porque ayudará a que Cataluña «tenga más poder» en un asunto, la inmigración, que «preocupa a mucha gente».

Por otra parte, desde su partido sí reconocen conversaciones con el Gobierno para cerrar por fin el traslado de los menores extranjeros no acompañados que colapsan Canarias, aunque insisten en que no se puede «tensionar más» a su comunidad autónoma. El Ejecutivo, según fuentes de distintos ministerios, mantiene sobre la mesa su intención de reformar el artículo 35 de la ley de extranjería para que haya una solución estructural ante crisis migratorias en las que los sistemas de acogida de menores se vean sobrepasados. Y de ello, también, se está hablando con Junts.